La captura se produjo sobre la calle Ibis, entre Santiago Compostela y Nava de Roa, en la colonia Las Misiones de Ciudad Obregón, donde agentes de la AMIC ejecutaron el mandamiento judicial correspondiente tras ubicar al hombre en ese domicilio.
La orden de aprehensión deriva de una causa penal instruida por un juez de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte del Estado de Sinaloa, por hechos que son materia de investigación en aquella entidad. El procedimiento se originó mediante una solicitud de colaboración que la Fiscalía sinaloense turnó a la de Sonora para dar con el paradero del imputado.
Lorenzo Alberto “N” figura como imputado por el delito señalado; no consta que un juez lo haya vinculado a proceso ni que exista sentencia en su contra. La detención ejecuta una orden de aprehensión, medida que atiende a la causa penal abierta en Sinaloa y no implica, por sí misma, un pronunciamiento sobre su responsabilidad.
Una vez cumplimentado el mandato judicial, el detenido quedó bajo los protocolos correspondientes para su traslado al Centro de Reinserción Social Goros II, ubicado en Ahome, Sinaloa, donde será puesto a disposición de la autoridad que lo requirió. Ahí corresponderá al Poder Judicial sinaloense resolver su situación jurídica, incluida la eventual vinculación a proceso.
La Fiscalía de Sonora informó que mantiene coordinación permanente con fiscalías de otras entidades para localizar y capturar a personas requeridas por la justicia, en particular en investigaciones relacionadas con delitos que vulneran la integridad y seguridad sexual de niñas, niños y adolescentes. Este tipo de colaboración interestatal, respaldada por el Código Nacional de Procedimientos Penales vigente desde 2016, permite ejecutar órdenes de aprehensión emitidas en una entidad distinta a aquella donde se localiza a la persona requerida.
El caso se suma a otros operativos recientes de corte ministerial en el país, como el que derivó en la detención en Edomex de Jesús Darío “N”, señalado de “La Barredora 24/7”, e ilustra la frecuencia con la que las fiscalías estatales recurren a solicitudes de colaboración para cumplimentar mandamientos judiciales fuera de su jurisdicción original. Tras el traslado, será la autoridad de Sinaloa la que lo ponga a disposición del juzgado que emitió la orden.