El anuncio no surge de la nada. Cuando Von der Leyen visitó Nuuk por última vez, hace dos años, Bruselas rubricó dos acuerdos de cooperación por casi 100 millones de euros centrados en materias primas y desarrollo económico. La declaración que se firma este lunes amplía ese marco con otros 200 millones de euros, según las mismas fuentes, y fija tres ámbitos prioritarios: minerales críticos, capacidad satelital para vigilancia y comunicación en el Ártico y financiación de infraestructuras renovables. «La última vez que estuve aquí fue hace dos años y, en aquella ocasión, prometí que volvería con un paquete de medidas sustancial. Y hoy puedo decir que voy a cumplir esa promesa», declaró Von der Leyen el sábado, en vísperas de la firma.
La frase resume el giro de discurso que Bruselas ha ido consolidando en los últimos meses: de la condena verbal a la presión estadounidense a la puesta sobre la mesa de instrumentos financieros concretos. Groenlandia concentra reservas relevantes de tierras raras y otros minerales considerados críticos por la Unión Europea para la transición energética y la industria de defensa, dentro de la clasificación que maneja la Comisión al amparo del reglamento europeo de materias primas críticas, en vigor desde 2024. La dependencia europea de terceros países para estos insumos —especialmente de China, que controla la mayor parte del refinado mundial de tierras raras— explica por qué Bruselas prioriza ahora fuentes alternativas de suministro dentro de su propia vecindad geográfica.
No existe todavía una lista pública cerrada de proyectos concretos derivados de este nuevo paquete. El contexto arancelario abierto entre Washington y Bruselas en los últimos meses, no obstante, ha revalorizado políticamente cualquier fuente de suministro que no dependa de Estados Unidos.
Maniobras de la OTAN en paralelo a la firma
La visita de Von der Leyen coincide con el inicio de unos ejercicios de la OTAN en territorio groenlandés bautizados como operación Centinela del Ártico, en los que participan cerca de 400 soldados de once países aliados, entre ellos Dinamarca, Francia y Alemania, con entrenamientos terrestres, navales y aéreos. La coincidencia de calendario entre la firma diplomática y el despliegue militar no es casual: la Alianza Atlántica busca escenificar ante Washington que la isla cuenta ya con una arquitectura de defensa colectiva activa.
La presión de Trump sobre Groenlandia no es un episodio aislado de este verano. El presidente estadounidense ha insistido repetidamente, desde su regreso a la Casa Blanca, en el interés estratégico de Washington por la isla, alegando motivos de seguridad nacional vinculados al control de rutas árticas y al despliegue de sistemas de alerta temprana. En julio, durante la cumbre de la OTAN celebrada en Turquía, volvió a plantear públicamente que el territorio debería pasar a soberanía estadounidense, una idea que tanto Copenhague como Nuuk han rechazado de forma reiterada.
Frente a esa presión existe actualmente un grupo de trabajo trilateral entre representantes de Estados Unidos, Groenlandia y Dinamarca que, según las fuentes comunitarias, debe continuar sus conversaciones hasta finales de este año. La naturaleza y el alcance exacto de esas negociaciones no se han hecho públicos, pero su sola existencia confirma que Washington mantiene abierta la vía diplomática pese a su retórica de anexión.
Groenlandia es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca desde 1979, con ampliación de competencias en 2009 mediante la Ley de Autogobierno, que le otorga control sobre buena parte de sus recursos naturales, aunque la política exterior y de defensa sigue siendo competencia de Copenhague. Esa arquitectura jurídica es precisamente la que ha permitido a Nuuk negociar de forma semiautónoma tanto con Washington como con Bruselas, y la que Trump ha cuestionado al reclamar un control directo sobre la isla.
La relación entre la Unión Europea y Groenlandia tiene además un antecedente histórico singular: el territorio abandonó lo que entonces era la Comunidad Económica Europea en 1985, tras un referéndum, convirtiéndose en el único caso de salida de un territorio del bloque comunitario antes del Brexit británico. Desde entonces, Groenlandia mantiene el estatus de País y Territorio de Ultramar asociado a la UE, lo que le permite acceder a determinados fondos y acuerdos de cooperación sin ser miembro pleno.
Para la Unión Europea, el interés por el Ártico trasciende el caso groenlandés. El calentamiento global ha abierto progresivamente nuevas rutas marítimas en la región y ha hecho accesibles yacimientos minerales antes inalcanzables, lo que ha convertido a la zona en un espacio de competencia entre potencias, con Rusia, Estados Unidos, China y los países nórdicos reclamando distintos grados de influencia. Bruselas, sin fronteras árticas propias más allá de las de Dinamarca, Finlandia y Suecia, busca en Groenlandia una vía de acceso directo a esa competencia.
El Gobierno danés ha respaldado públicamente el refuerzo de la relación entre la UE y Groenlandia como una manera de blindar la posición del territorio frente a las pretensiones estadounidenses, sin que ello suponga alterar el estatus de autogobierno vigente. Copenhague ha insistido en que cualquier decisión sobre el futuro de la isla corresponde en última instancia a su población, que ya rechazó en su día una integración plena en el bloque comunitario.
El calendario que se abre ahora combina varios plazos que conviene seguir: la finalización de las conversaciones del grupo de trabajo trilateral entre Washington, Nuuk y Copenhague antes de que termine el año; el desarrollo concreto de los proyectos que se deriven del nuevo paquete de cooperación europeo, todavía sin asignación detallada; y la continuidad de los ejercicios militares de la OTAN en la región, que previsiblemente se repetirán en próximas convocatorias mientras se mantenga la tensión sobre la soberanía del territorio.
