El informe, elaborado con fuentes abiertas, información privada y proyectos de monitoreo periodístico, sitúa la cifra de 2025 en un nivel similar al de 2024, cuando se registraron 28 incidentes, frente a los 12 contabilizados en 2023. Esa evolución —más del doble de casos en dos años— apunta, según el documento, a la persistencia de las disputas entre organizaciones criminales por el control de territorios y rutas, y no a un episodio aislado.
De los 27 casos documentados el año pasado, 17 consistieron en ataques directos contra hospitales, clínicas, farmacias y centros de rehabilitación, con un saldo de siete trabajadores sanitarios muertos, según la SHCC e Insecurity Insight. Otros dos incidentes implicaron privación de la libertad de personal médico. En 2024, la misma fuente contabilizó seis fallecidos y cuatro secuestros, lo que indica una mayor letalidad de los ataques pese a la ligera caída en el número total de incidentes.
Sinaloa fue el estado con mayor deterioro relativo: el número de casos se duplicó respecto al año anterior, precisa el informe. El documento cita un ataque atribuido a presuntos miembros de la célula conocida como Los Chapitos contra un centro de rehabilitación privado en esa entidad, que dejó nueve hombres muertos, entre ellos dos trabajadores sanitarios. Los autores sostienen que los centros de rehabilitación de adicciones constituyen un blanco recurrente en la violencia entre cárteles, al ser percibidos como refugio de miembros de bandas rivales heridos o en recuperación.
Del tiroteo en Tijuana a las agresiones en Veracruz
En Tijuana, Baja California, el reporte recoge el caso de un paciente ingresado días antes con heridas de bala que fue asesinado por asaltantes que se hacían pasar por personal sanitario para acceder al centro. Se sospechaba que los agresores eran los responsables del ataque inicial contra la víctima. El documento describe también episodios en Veracruz en los que personas que buscaron refugio en centros de salud fueron perseguidas o atacadas dentro de las instalaciones. La SHCC e Insecurity Insight mencionan igualmente el uso de medidas de inmovilización contra personal médico y pacientes, con denuncias de personas atadas a la fuerza.
El informe enumera tiroteos, incendios provocados, artefactos explosivos y allanamientos entre los métodos empleados por los agresores, y registra tres tiroteos masivos denunciados a lo largo del año. "Los grupos criminales y las bandas afiliadas utilizaron los centros de salud como campos de batalla para atacar a rivales o a pacientes", señala el texto, que describe los ataques a instalaciones de tratamiento de adicciones como "un fenómeno violento recurrente en México, impulsado en gran medida por las guerras territoriales entre cárteles".
El contexto no se limita a la violencia armada. El documento describe un sistema sanitario sometido en 2025 a presiones simultáneas: desabasto de medicamentos, destrucción de infraestructura por desastres naturales, brotes de gripe aviar y sarampión, y suspensión de operaciones por recortes presupuestarios. Los autores subrayan que estas crisis se produjeron "a pesar de las nuevas iniciativas gubernamentales en el sector salud", entre ellas las mejoras en cobertura, calidad y acceso introducidas a finales de 2024, y añaden que los proveedores de salud "continuaron viéndose afectados por la violencia perpetrada por miembros de grupos del crimen organizado".
Un patrón que se remonta a la guerra contra el narcotráfico
La violencia contra el personal sanitario en zonas de disputa territorial no es nueva en la historia reciente de México. Desde la intensificación de la llamada guerra contra el narcotráfico, iniciada en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), organizaciones de derechos humanos han documentado ataques recurrentes a instalaciones médicas en estados con fuerte presencia de cárteles, particularmente en el llamado Triángulo Dorado —Sinaloa, Chihuahua y Durango— y en la frontera norte. Los estados señalados en el informe de 2025 coinciden en buena medida con ese mapa histórico.
El marco de protección de la misión médica forma parte de los principios del derecho internacional humanitario, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) conserva facultades para emitir recomendaciones ante agresiones a personal de salud. La persecución penal de estos delitos recae, según el reparto competencial vigente, en las fiscalías estatales y en la Fiscalía General de la República (FGR), un punto que organizaciones internacionales han identificado en años anteriores como una de las principales brechas de aplicación.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no dispone de un indicador específico que cuantifique ataques a infraestructura sanitaria; sus encuestas de victimización y percepción de seguridad pública son la referencia oficial más próxima. La ausencia de un registro público unificado obliga a que el fenómeno se documente mayoritariamente a través de organizaciones internacionales y proyectos de monitoreo basados en fuentes abiertas, como el que sustenta este informe.
La Secretaría de Salud federal no ha ofrecido hasta el momento una valoración pública específica sobre las cifras difundidas desde Bruselas. Organizaciones médicas mexicanas han reclamado en el pasado mecanismos de protección reforzada para el personal que opera en zonas de alta incidencia delictiva, así como protocolos de evacuación y resguardo para instalaciones ubicadas en corredores de disputa entre grupos criminales.
La coyuntura descrita se produce cuando el gobierno federal ha insistido en su estrategia de fortalecimiento del sistema público de salud, tras la expansión de programas de cobertura impulsados desde finales de 2024. El contraste entre esas metas y los episodios de violencia documentados plantea, según los propios autores del informe, un desafío persistente para la implementación de la política sanitaria en regiones donde el crimen organizado mantiene control territorial.
De cara a los próximos meses, el seguimiento de estos indicadores dependerá de si las autoridades estatales y federales logran traducir en cifras oficiales verificables un fenómeno que hasta ahora cuantifican sobre todo actores externos. La consolidación —o no— de un registro público sobre ataques a infraestructura sanitaria seguirá marcando la distancia entre las estimaciones de estas organizaciones y los datos de las instituciones nacionales de seguridad y salud pública.