La carpeta de investigación 31695/2026 se integró en marzo de 2026 a partir de una denuncia que, según la Fiscalía, alertó sobre posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos del municipio de Apaseo el Alto, ubicado en la región sureste de Guanajuato. A partir de ahí, la institución desplegó una estrategia de investigación que combinó entrevistas, análisis patrimoniales, financieros, fiscales, bancarios y contables, además de dictámenes periciales orientados a documentar el destino de los fondos municipales.
La Fiscalía señaló que ese trabajo de agentes de Investigación Criminal, peritos y analistas especializados permitió reunir los datos de prueba que robustecieron el caso presentado ante la autoridad judicial. El perjuicio patrimonial acreditado hasta ahora asciende a 107,982,343 pesos, cifra que la institución atribuye directamente al manejo que Aguirre Mejía habría hecho de la tesorería municipal.
La orden en contra del extesorero fue cumplimentada el 26 de julio de 2026 por agentes de Investigación en San Juan del Río, Querétaro, entidad distinta a Guanajuato, donde presuntamente se cometieron los hechos. Cinco días después, el 31 de julio, el juez de control lo vinculó a proceso por los tres delitos, todos ellos en agravio de la administración pública municipal, e impuso como medida cautelar la prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso, con un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
Qué significa la vinculación a proceso
En el sistema de justicia penal mexicano, vigente desde la reforma constitucional de 2008 y aplicado en Guanajuato desde hace más de una década, la vinculación a proceso —regulada por el artículo 19 constitucional— constituye el equivalente del antiguo auto de formal prisión, pero no implica sentencia ni determinación de culpabilidad. La prisión preventiva, en ese mismo marco, es una medida cautelar orientada a que el imputado no se sustraiga del proceso ni obstaculice la investigación, no una pena anticipada.
Aguirre Mejía mantiene, por tanto, la presunción de inocencia mientras el Ministerio Público desahoga la etapa de investigación complementaria y, eventualmente, formula acusación ante un tribunal de enjuiciamiento. Hasta el momento no se ha dado a conocer si su defensa ha promovido algún recurso contra la vinculación a proceso o contra la medida cautelar; tampoco consta un pronunciamiento público del imputado o de sus abogados sobre las imputaciones.
Los tres delitos que se le atribuyen están contemplados en el Código Penal para el Estado de Guanajuato. El peculado sanciona el uso indebido de recursos públicos por parte de quien los administra; el uso ilícito de atribuciones y facultades castiga el ejercicio de funciones públicas fuera del marco legal; y el enriquecimiento ilícito persigue el incremento patrimonial injustificado de un servidor público durante su encargo. La eventual responsabilidad administrativa correría por una vía paralela, prevista en la legislación de responsabilidades de servidores públicos.
Un patrón de fiscalización en municipios chicos
El caso se inscribe en un terreno donde la fiscalización de haciendas locales de baja capacidad institucional suele depender en buena medida de auditorías externas y denuncias ciudadanas para detectar irregularidades. La revisión del gasto municipal en Guanajuato corresponde al Congreso local a través de su órgano de fiscalización, mecanismo que examina el ejercicio de recursos públicos de los ayuntamientos y turna a las autoridades ministeriales los hallazgos que pudieran constituir delito.
Apaseo el Alto es un municipio de poco más de 60,000 habitantes, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. En administraciones de ese tamaño, la tesorería concentra el manejo del presupuesto municipal, lo que coloca al titular de esa área en una posición central del control del gasto y, por ende, de la responsabilidad sobre su ejercicio.
Los procesos penales contra exfuncionarios municipales por presunto desvío de recursos no son inéditos en el país ni en la entidad. Guanajuato ha registrado en los últimos sexenios diversas indagatorias contra tesoreros, síndicos y presidentes municipales por manejo irregular de fondos públicos, un fenómeno recurrente en el ámbito local que ha derivado en detenciones y vinculaciones a proceso similares a la que ahora enfrenta Aguirre Mejía.
La Fiscalía General del Estado no ha informado si existen otros exfuncionarios del ayuntamiento de Apaseo el Alto bajo investigación por hechos relacionados, ni ha precisado el periodo exacto de la gestión del extesorero en la tesorería municipal.
Los plazos que vienen
El plazo de seis meses fijado para la investigación complementaria corre a partir de la resolución del 31 de julio de 2026 y marca la siguiente etapa procesal relevante. Al término de ese periodo, el Ministerio Público deberá decidir si formula acusación formal, solicita una ampliación del plazo o, en su caso, opta por alguna forma de terminación anticipada, como un acuerdo reparatorio o un procedimiento abreviado, figuras previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
De confirmarse una acusación, el caso pasaría a la etapa intermedia y, posteriormente, a juicio oral ante un tribunal de enjuiciamiento, donde se desahogarían las pruebas y se determinaría, en su caso, una sentencia. Hasta entonces, Jaime Aguirre Mejía permanece bajo prisión preventiva y sujeto a proceso, sin que exista al momento resolución alguna sobre el fondo de las imputaciones que enfrenta.