El movimiento en redes ha reabierto las especulaciones sobre el estado de la relación entre ambos. Ninguno de los dos ha confirmado públicamente una ruptura, por lo que dejar de seguirse no permite dar por hecha una separación formal, aunque sí apunta a un distanciamiento tras la entrada en prisión del empresario. Ni Hidalgo ni representantes de González Santos han realizado declaraciones sobre la situación sentimental ni sobre el procedimiento.
Según el auto judicial citado por Semana, González Santos ingresó en prisión preventiva, comunicada y sin fianza en abril. Se trata de una medida cautelar que, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, atiende exclusivamente a criterios de riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva, y en ningún caso implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad del investigado, que conserva la presunción de inocencia hasta que exista sentencia firme.
El procedimiento se encuentra en fase de instrucción, la etapa en la que el juzgado competente recaba pruebas e indicios para determinar si procede la apertura de juicio oral. En el sistema procesal español, tras la reforma de 2015 que sustituyó la figura del imputado por la de investigado, este estatus no equivale a acusación formal ni a procesamiento, sino a la mera sujeción de una persona a una causa en curso mientras se esclarecen los hechos.
La investigación giraría en torno a una organización dedicada presuntamente al tráfico de estupefacientes. El delito de pertenencia a organización criminal, tipificado en el artículo 570 bis del Código Penal, y el de blanqueo de capitales, recogido en el artículo 301, suelen investigarse de forma conjunta cuando se sospecha que los beneficios de una actividad ilícita se introducen en el circuito económico legal a través de sociedades, inversiones o negocios interpuestos.
Verónica Hidalgo, que se dio a conocer al ganar el certamen de Miss España en 2005, se convirtió en madre de Leandra el 12 de enero de 2025 junto a González Santos, tras un proceso de fertilidad que ella misma calificó públicamente de largo y complicado. La modelo llegó a explicar que había pasado por siete estimulaciones ováricas y varios intentos fallidos antes de lograr el embarazo, y que su entonces pareja fue un apoyo fundamental durante ese periodo.
En junio, Hidalgo compartió en sus redes sociales un mensaje en el que, sin mencionar explícitamente la situación judicial, hablaba de días en los que «todo parece tambalearse» y de la necesidad de refugiarse en la familia. «Hoy más que nunca agradezco tener ese lugar al que volver», escribió, en un texto en el que también dedicaba palabras a su hija, a la que se refiere como «mi ratita»: «Eres mi motor, mi impulso y mi razón para seguir adelante incluso en los días más difíciles».
Aquel mensaje ha adquirido para sus seguidores una dimensión distinta a la luz de lo sucedido. Hidalgo lo cerraba con una frase que remite al entorno familiar como sostén emocional: «Porque cuando la vida aprieta, vuelvo a casa. Gracias por ser mi hogar», en referencia a los días compartidos con sus allegados.
Los casos de parejas o familiares de personajes públicos afectados por procedimientos judiciales de terceros no son infrecuentes en la crónica social española, y suelen generar un intenso escrutinio mediático sobre la vida privada de quienes, sin estar investigados, conviven con la persona sujeta a la causa. El derecho a la presunción de inocencia y la protección de datos limitan, en todo caso, lo que puede publicarse sobre menores como Leandra, ajena por completo al procedimiento.
No se ha hecho público el número de procedimiento ni la identidad del resto de investigados en la presunta trama, datos que previsiblemente solo trascenderán si el caso avanza hacia una fase de acusación formal o juicio oral. El desenlace dependerá de las diligencias que continúe practicando el juzgado de instrucción, que deberá decidir si existen indicios suficientes para elevar la causa a juicio o, por el contrario, si procede el sobreseimiento.
Hasta entonces, González Santos permanece en prisión preventiva en Estremera. Cualquier pronunciamiento sobre su responsabilidad penal deberá esperar, como marca la ley, a una eventual sentencia, sin que exista por el momento un calendario público sobre la evolución de la instrucción.
