"Reafirmamos la importancia de seguir avanzando en una agenda común por el beneficio de nuestros pueblos", escribió Rodríguez en la red social, sin precisar la composición de la delegación estadounidense ni los eventuales acuerdos alcanzados. Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han emitido comunicados que detallen el alcance del encuentro, y la cancillería venezolana no ofreció una versión oficial distinta de la publicada por la propia mandataria.
El acercamiento se produce días después de que el Departamento del Tesoro estadounidense anunciara, el lunes, una flexibilización temporal de ciertas medidas de supervisión financiera para permitir que instituciones estadounidenses faciliten operaciones autorizadas vinculadas con la recuperación económica y la ayuda humanitaria en el país sudamericano, sometido a sanciones de Washington.
Conforme a la medida, la Red de Control de Delitos Financieros de EU —conocida por sus siglas en inglés, FinCEN— no emprenderá acciones de cumplimiento contra entidades financieras que presten servicios autorizados en Venezuela entre el 27 de julio de 2026 y el 29 de enero de 2027, una ventana de seis meses. El objetivo declarado es reducir el riesgo de sanciones regulatorias que podrían enfrentar bancos y otras instituciones al procesar transacciones ligadas a la asistencia humanitaria, la reconstrucción de infraestructura y la recuperación económica tras los sismos.
La magnitud del desastre ayuda a dimensionar la decisión. Según un informe del Banco Mundial difundido la semana previa, los daños provocados por los terremotos ascienden a 19,600 mdd, una cifra que, advierte el organismo, podría frenar la recuperación económica venezolana durante una década. Los sismos del 24 de junio, de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y figuran entre los más devastadores de la historia reciente del país.
Un régimen de sanciones construido en capas
El andamiaje de sanciones estadounidenses contra Venezuela se ha edificado por etapas desde 2015, cuando la administración de Barack Obama declaró por primera vez que la situación venezolana representaba una amenaza para la seguridad nacional de EU, un requisito jurídico que habilita medidas bajo la ley estadounidense de poderes económicos de emergencia. Las restricciones se endurecieron a partir de 2019, con sanciones directas sobre la industria petrolera estatal PDVSA. La relación bilateral ha atravesado desde entonces ciclos de tensión y acercamientos puntuales, por lo general asociados a negociaciones sobre migración, producción petrolera y gestos humanitarios como el que ahora se plantea.
En paralelo a esa gestión diplomática, México activó su propio canal de cooperación: autoridades mexicanas alistan el envío de dos barcos con ayuda humanitaria destinada a las zonas afectadas, una vía independiente de las negociaciones entre Caracas y Washington. El expediente venezolano ha sido tradicionalmente un punto delicado en la política exterior mexicana, que invoca los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, en línea con la doctrina Estrada que ha guiado históricamente la diplomacia del país frente a los gobiernos de la región.
La oposición venezolana ha cuestionado en declaraciones previas la gestión gubernamental de la emergencia, con señalamientos de que la respuesta oficial habría agravado el impacto de la catástrofe en lugar de mitigarlo. El gobierno de Rodríguez no ha respondido públicamente a esos señalamientos.
La ventana de flexibilización anunciada por el Tesoro vence el 29 de enero de 2027, fecha que operará como primer punto de revisión sobre si la cooperación bilateral se profundiza o si el esquema pleno de supervisión financiera se restablece una vez concluida la fase de emergencia inmediata. Hasta entonces, el alcance político del encuentro reportado por la mandataria interina permanece sin confirmación oficial de las partes estadounidenses.