El ataque ocurrió, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos, entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes 1 de septiembre. Elementos de la policía municipal de Atizapán de Zaragoza arribaron al penthouse del fraccionamiento Grand Viure cerca de las 23:50 horas de esa misma noche. Aleyda Romero fue hallada en una habitación contigua a la principal, con una herida de arma de fuego en la espalda; el resto de las víctimas presentaba impactos de bala en la cabeza y, en algunos casos, se encontraban maniatadas.
Además de Romero, perdieron la vida Jonathan Meléndez, de 38 años; su esposa, Ana Paula, de 35 años y con cuatro meses de embarazo, y la hija de ambos, de tres años. Un menor de seis años, también hijo de la pareja, resultó ileso y sin signos de violencia física, según informaron las autoridades. En el domicilio también fue localizado sin vida el perro de la familia.
La identidad de la joven se confirmó la noche del miércoles 2 de septiembre, después de que sus familiares acudieran a reconocer el cuerpo. Una tía de la víctima, Lorena Victorio Cabrera, la describió como una joven trabajadora y responsable. El grupo Camilo Séptimo, del que Meléndez fue integrante fundador, emitió un comunicado en el que expresó su pésame a la familia de Aleyda Romero.
En la investigación del caso, dos hombres identificados como Diego Sebastián “N” —señalado como socio de Meléndez— y Gerardo “N” fueron detenidos por su probable participación en el multihomicidio. Hasta el momento, la fiscalía del Estado de México no ha dado a conocer los cargos formales que enfrentarán ni el móvil que se investiga.
La determinación de la situación jurídica de los detenidos se rige por el sistema penal acusatorio vigente en México desde 2016, conforme al cual el Ministerio Público debe presentar a los imputados ante un juez de control, que resuelve sobre la vinculación a proceso y las medidas cautelares dentro de los plazos constitucionales. El artículo 19 de la Constitución establece la prisión preventiva oficiosa para delitos como el homicidio doloso, por lo que corresponderá a la autoridad judicial mexiquense definir el curso del procedimiento en las próximas semanas.
En San Martín Cuautlalpan, la comunidad chalquense de donde era originaria Aleyda Romero, sus seres queridos organizaron un homenaje musical durante el velorio: contrataron a una banda para que interpretara algunas de las canciones que a ella le gustaban. La familia solicitó privacidad a los medios de comunicación para poder despedirla de manera íntima.
El ayuntamiento de Chalco ofreció apoyo a la familia para cubrir los gastos funerarios, propuesta que fue declinada porque estos ya habían sido cubiertos por cuenta propia. Pese a ello, el gobierno municipal informó que se mantendrá en contacto con los familiares para brindarles acompañamiento y, en caso de que lo requieran, auxilio jurídico durante el proceso derivado del multihomicidio.
Tras el velorio realizado este jueves, los seres queridos de Aleyda Romero tienen programado sepultarla en el panteón de San Martín Cuautlalpan, siguiendo las costumbres de la comunidad. El desenlace del caso dependerá de la audiencia inicial en la que un juez de control resuelva si Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” son vinculados a proceso, así como de las diligencias con que la fiscalía mexiquense busque esclarecer el móvil del ataque contra la familia Meléndez y sus allegados.
El homicidio de una trabajadora del hogar ajena a los presuntos conflictos de sus empleadores remite a otros casos que en México han derivado en debate público sobre la protección de este sector laboral, reconocido en la reforma constitucional de 2019 que incorporó a las personas trabajadoras del hogar al régimen obligatorio del IMSS. El Estado de México figura de forma recurrente entre las entidades con mayor número de carpetas de investigación por homicidio doloso en los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aunque las autoridades no han vinculado públicamente este caso con otros hechos de la región.