Los cuatro señalados no han sido imputados formalmente ante un juez penal; permanecen en la fase de indagación, el estadio más temprano del proceso penal colombiano bajo la Ley 906 de 2004. En esa etapa la Fiscalía recolecta elementos materiales probatorios antes de decidir si solicita una audiencia de imputación de cargos, paso que abre formalmente la acción penal contra una persona determinada.
El hallazgo de los cilindros de gas y las banderas con las siglas del Eln se produjo en Barranquilla y Soledad, dos de los municipios más poblados del departamento del Atlántico. No se ha precisado si los artefactos tenían capacidad explosiva real o si se trataba de elementos de intimidación sin carga activa.
El vehículo, un BMW, es el eje de la investigación. Los indagadores buscan determinar la relación entre el automotor y los cuatro sospechosos, así como si existe un patrón de desplazamiento que conecte los distintos sitios donde aparecieron los elementos alusivos a la guerrilla.
La hipótesis que se trabaja apunta a una posible célula o estructura urbana del Eln operando en el área metropolitana de Barranquilla, un escenario que contrastaría con el perfil históricamente rural de esa organización en zonas como el Catatumbo o el Chocó, sus corredores tradicionales en el nororiente y el Pacífico.
El Eln mantiene presencia armada en varias regiones de Colombia y ha sido interlocutor, con intermitencias, de distintos procesos de diálogo con el Gobierno nacional durante las últimas tres décadas. Los eventuales nexos urbanos de la guerrilla han concentrado la atención de organismos de inteligencia en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.
El antecedente urbano más grave de esta clase de estructuras es el atentado con carro bomba contra la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá, el 17 de enero de 2019, reivindicado por el Eln, que dejó 22 muertos y rompió la mesa de negociación que entonces sostenía la guerrilla con el Estado. Aquel episodio evidenció la capacidad de la organización para operar en grandes centros urbanos.
La indagación coincide con un momento de tensión en la institucionalidad judicial, luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema quedara sin cuatro magistrados hasta el 14 de octubre, aunque ese proceso corresponde a un fuero distinto y no guarda relación con los hechos del Atlántico.
Hasta ahora no se ha revelado la identidad de los cuatro indagados ni el número del proceso, ni se ha informado si se han ordenado capturas o si los señalados permanecen en libertad mientras avanza la recolección de pruebas.
