La paradoja que recorre el documento es conocida por quienes siguen la política de seguridad hispano-marroquí: la relación entre gobiernos puede congelarse, pero los canales de inteligencia rara vez lo hacen. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mantiene, según el análisis, un intercambio constante con sus homólogos marroquíes centrado en la captura de células yihadistas y el desmantelamiento de redes de trata de personas, un flujo que se considera clave para la seguridad de ambos países y que se ha sostenido incluso en los momentos de mayor fricción bilateral. «Cooperación y contravigilancias» son, según el texto, las dos directrices que se manejan para afrontar la nueva realidad.
El precedente más citado es la crisis de mayo de 2021, cuando alrededor de 10.000 personas entraron en Ceuta en apenas 48 horas tras la relajación de los controles marroquíes en la frontera, en un momento de tensión diplomática por la hospitalización en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Aquel episodio, uno de los mayores choques entre ambos países desde la Marcha Verde de 1975, no rompió sin embargo los canales de cooperación antiterrorista. El informe sostiene que ni en 2021 ni en 2026 se ha cortado ese trasvase de información, aunque la crisis de Ceuta «ha generado nuevas desconfianzas».
La entrada masiva del 30 de julio habría reactivado ese mismo patrón: tensión política visible, colaboración policial menos visible pero activa. Según el documento, son muchas las voces que señalan al país vecino por su «falta de contundencia» durante aquellas horas. En el ámbito diplomático español, sin embargo, el reproche se ha planteado tradicionalmente con cautela y sin acusaciones formales, dada la dependencia mutua en materia de control migratorio, comercio y lucha antiterrorista.
Pegasus como punto de partida y las contravigilancias propuestas
El informe arranca por el rastro de noticias y fuentes abiertas sobre el uso del programa espía Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, en episodios previos de tensión entre España y Marruecos. El software, capaz de infiltrarse en teléfonos móviles sin que el usuario lo perciba, ha sido señalado en investigaciones periodísticas y parlamentarias europeas como herramienta empleada por varios servicios de inteligencia contra objetivos políticos, periodísticos y diplomáticos, incluidos altos cargos españoles, según ha trascendido en los últimos años. A partir de ese antecedente, el documento describe a Marruecos como «socio y colector» de información, y advierte de que «la confianza operativa no elimina objetivos nacionales divergentes».
Entre las medidas que propone figuran «terminales de viaje segregados, mínimos datos en reposo, cuentas temporales y retorno con revisión/reciclado», además de «evitar dispositivos personales en entornos de riesgo». El texto recomienda asimismo «no depender de un único proveedor/indicador de spyware» y «mantener capacidad forense y telemetría propia para campañas desconocidas», con el fin de detectar intrusiones no atribuibles a herramientas ya conocidas.
Según recoge el documento, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adoptó junto a su equipo algunas de estas precauciones durante su visita a Ceuta tras la avalancha, adaptando los dispositivos móviles que portaba para reducir el riesgo de interferencias. En el plano diplomático, el informe sugiere «diseñar mecanismos para que desacuerdos políticos no degraden sin aviso la cooperación policial/fronteriza esencial», una fórmula que refleja la lógica de separar las crisis puntuales de los canales técnicos de seguridad.
Indicadores de alerta en la frontera de Ceuta y Melilla
El documento no se limita a la seguridad digital. Propone «integrar alerta migratoria, inteligencia de redes sociales, observación de postura de fuerzas marroquíes y señales diplomáticas en un único cuadro de situación», con el objetivo de anticipar movimientos como los que precedieron a la entrada masiva del 30 de julio. Entre los indicadores que recomienda vigilar figuran la reducción abrupta y sin explicación operativa pública de patrullas o auxiliares marroquíes en los puntos habituales de control.
También señala el incremento inusual de taxis, autobuses y desplazamientos hacia localidades como Fnideq, Belyounech o Nador, próximas a las fronteras con Ceuta y Melilla. Ambos fenómenos, según el informe, se detectaron en las horas previas a la avalancha de este verano. La proliferación en redes sociales de vídeos que mostraban camiones trasladando a grupos de personas hacia la frontera habría actuado, según el texto, como factor de refuerzo del propio fenómeno, al generar un «efecto llamada» que muestra que una masa suficientemente numerosa puede lograr cruzar el control.
La conclusión que extraen los autores es que «para Ceuta, el riesgo principal no es únicamente una 'invasión' física ni un único episodio migratorio», sino «la capacidad de convertir variaciones rápidas de control fronterizo en un shock político y logístico». Ceuta y Melilla dependen en gran medida de la voluntad de cooperación de las autoridades marroquíes en el control de sus fronteras terrestres, lo que convierte cada relajación súbita en un riesgo estructural más allá del episodio concreto.
España y Marruecos mantienen desde el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 1991 una relación bilateral marcada por intereses entrelazados: control migratorio, comercio, pesca, agricultura y seguridad antiterrorista. Marruecos figura de forma estable entre los principales socios comerciales de España en el norte de África, según datos del Ministerio de Industria y Turismo. La disputa sobre Ceuta y Melilla —ciudades españolas desde los siglos XV y XVI, respectivamente, y reclamadas por Rabat— constituye el punto de fricción histórico más persistente entre ambos.
Ni el Gobierno español ni fuentes marroquíes se han pronunciado públicamente sobre el contenido de este informe, y el CNI no comenta habitualmente sus relaciones con servicios extranjeros. La aplicación práctica de las recomendaciones, si llega a producirse, no será previsiblemente anunciada de forma pública, dado el carácter reservado de este tipo de protocolos. La próxima gran prueba para la relación bilateral seguirá vinculada a la evolución del contencioso del Sáhara Occidental y al papel que Rabat otorgue a España en el marco diplomático de la ONU.
