De acuerdo con la información divulgada por el titular de Defensa, el sitio del accidente es un socavón excavado de forma artesanal y sin autorización, práctica que subsiste en varios cantones de Santa Rosa de Lima y otros distritos de La Unión pese a las restricciones legales vigentes en el país desde 2017.
San Sebastián es uno de los enclaves con mayor tradición minera del país. Durante buena parte del siglo XX la zona albergó explotaciones de oro y plata operadas por compañías extranjeras; tras el cierre de esas operaciones formales quedaron decenas de túneles y bocaminas que, con el paso de las décadas, pasaron a ser explotados de manera artesanal por pobladores locales que ven en la actividad una fuente de ingresos ante la falta de empleo formal en la región.
El Salvador se convirtió en 2017 en el primer país del mundo en prohibir de manera total la minería metálica, mediante decreto aprobado por la Asamblea Legislativa que proscribió la exploración, extracción y procesamiento de minerales metálicos en todo el territorio nacional. La medida buscó proteger las fuentes de agua en un país de escasa extensión y alta densidad poblacional, pero no eliminó la actividad informal que subsiste en antiguas zonas mineras como San Sebastián y el histórico distrito minero de Divisadero.
La legislación que prohíbe toda exploración y explotación de metales no contempla un régimen específico y detallado de sanciones para la minería artesanal de subsistencia practicada por pobladores individuales, lo que ha dificultado históricamente su erradicación. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es la entidad con competencia para vigilar el cumplimiento de la prohibición, aunque su capacidad de control en zonas rurales remotas ha sido cuestionada por organizaciones comunitarias del oriente del país.
Los accidentes en minas clandestinas no son un fenómeno nuevo en el oriente salvadoreño. En años anteriores se han registrado derrumbes y episodios de intoxicación por gases en túneles artesanales de La Unión y Morazán, departamentos donde la actividad minera informal ha convivido durante años con la prohibición legal, en un contexto de fiscalización limitada en las zonas rurales más apartadas.
La Fuerza Armada de El Salvador cuenta con unidades de ingenieros y personal capacitado en labores de rescate en estructuras colapsadas, que en ocasiones anteriores han sido desplegadas para atender accidentes similares en minas artesanales del oriente, dada la escasa presencia de cuerpos especializados de rescate minero en la zona. Ese despliegue se realiza en coordinación con la Policía Nacional Civil y, cuando la magnitud del incidente lo requiere, con Bomberos de El Salvador.
El régimen de excepción, vigente en el país desde marzo de 2022 como parte de la estrategia de seguridad del Órgano Ejecutivo contra las estructuras de pandillas, no guarda relación directa con este tipo de sucesos de carácter laboral y ambiental. No obstante, la presencia militar en tareas de rescate en zonas rurales del oriente se ha vuelto habitual en los últimos años.
Las autoridades de la alcaldía de Santa Rosa de Lima no se pronunciaron de forma inmediata sobre el suceso. Tampoco se contaba, al momento de esta publicación, con una versión de la Fiscalía General de la República sobre si abrirá una investigación formal por el hallazgo de una mina clandestina en funcionamiento, un extremo que, de confirmarse, podría derivar en responsabilidades conforme a la legislación ambiental y minera vigente.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la falta de alternativas económicas formales en municipios del oriente salvadoreño, donde comunidades dependen históricamente de actividades extractivas informales pese a la prohibición legal. Por el momento no se ha informado si se ejecutarán labores de cierre o sellado del socavón donde ocurrió el accidente, ni si el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales adoptará medidas de seguimiento en la zona de San Sebastián en las próximas semanas.
