El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, reconoció su sorpresa por la resolución judicial y admitió dudas sobre las alternativas disponibles si el tribunal confirma la suspensión. Puente explicó que su departamento cedió el uso de dos parcelas portuarias al Ministerio de Migraciones «para montar en ellas los campamentos en los que recoger a migrantes que en este momento están o en la Playa del Trampolín o deambulando por las calles y a partir de ahí proceder a filiarlos». «A ver qué hacemos», llegó a plantear el ministro.
Moncloa mostró su «perplejidad» por la decisión y reclamó «agilidad» y que se actúe «de forma inmediata» porque la ciudad autónoma «no puede esperar».
«Frena una solución operativa inmediata sobre el terreno», trasladaron fuentes de Moncloa, que advirtieron de que la «complejidad» de la «situación» no puede convertirse en «inacción o parálisis institucional»: «Sacar a estos migrantes de las calles de Ceuta es una prioridad».
La paralización se suma a otros frentes abiertos en la ciudad autónoma, donde el Gobierno ceutí ha remitido un requerimiento formal para que se resuelvan miles de expedientes pendientes. El Ejecutivo central ya había elevado a 10.000 las plazas de acogida en Ceuta y fijado un mando único para final de año, en un intento de estabilizar una situación que se prolonga desde hace semanas.
La medida cautelar dictada este jueves es previa a la resolución de fondo: la Audiencia Nacional instó a Transportes a no habilitar el campamento hasta pronunciarse sobre la petición del sindicato policial, sin que ello suponga aún la suspensión definitiva del proyecto.
Illa reclama «lealtad institucional»
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, pidió «lealtad institucional» e «imparcialidad» a la Justicia y mostró «un punto de indignación» ante la situación en Ceuta. «Me parece que no es manera de actuar», declaró Illa, quien calificó de «enormemente extraño» el pronunciamiento de la Audiencia Nacional en plena gestión de la emergencia.
En el otro extremo del arco parlamentario, el portavoz de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, planteó una lectura distinta: la paralización «refuerza la necesidad» de trasladar a los migrantes a la península, dado que los tribunales «ponen problemas» para normalizar la situación en la ciudad autónoma. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, sostuvo que esta situación «nunca se hubiera producido» si el Gobierno hubiera acometido antes la reubicación de los migrantes, en referencia a lo que definió como una «crisis humanitaria».
La controversia sobre dónde y cómo alojar a los migrantes no es nueva: el delegado del Gobierno en Ceuta, Salvador Vivas, había pedido semanas atrás alejar los asentamientos de zonas residenciales, una petición que Moncloa rechazó alegando que «no se puede aislar a los migrantes». Aquel desencuentro entre la delegación y el Ejecutivo anticipaba las tensiones que ahora se trasladan al ámbito judicial.
La crisis coincide esta semana con la conmemoración institucional en la otra ciudad autónoma del norte de África. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, tiene previsto acudir este jueves a Melilla para participar en los actos del 529 aniversario de la ciudad, según anunció la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, quien subrayó que la ministra «quiere acompañarnos» en la conmemoración.
