El episodio que ha reactivado la tensión entre Madrid, Rabat y Bruselas tiene su origen en la llegada masiva de migrantes a Ceuta, un fenómeno que la ciudad autónoma ya vivió en episodios anteriores. El más recordado se produjo en mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas cruzaron la frontera en apenas 48 horas tras una relajación de los controles marroquíes. La magnitud citada ahora, de más de 72.000 entradas según el balance del propio ministro, situaría este episodio en una escala muy superior, a la espera de que los registros oficiales de Interior y la Delegación del Gobierno se contrasten con las instituciones europeas.
Según trasladó Marlaska, la inmensa mayoría de quienes entraron en territorio español han regresado ya a Marruecos, lo que dejaría un remanente de unas 2.000 personas cuya situación administrativa continúa sin resolverse. El procedimiento de retorno se ampara en los acuerdos bilaterales de repatriación entre España y Marruecos, reforzados por sucesivos memorandos de cooperación en control fronterizo y readmisión. El régimen de rechazos en frontera fue examinado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso N.D. y N.T. contra España, resuelto en febrero de 2020, que avaló la práctica bajo condiciones estrictas.
La Comisión Europea, a través de su portavocía de Interior, optó por separar dos asuntos que en el debate público español tienden a solaparse: la gestión de la frontera exterior en Ceuta y el proceso de regularización extraordinaria que el Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado. Bruselas mantiene reparos sobre esta última medida, en línea con las advertencias que en el pasado ha dirigido a otros Estados miembros sobre regularizaciones que, a su juicio, pueden generar efecto llamada si no van acompañadas de una política migratoria común coherente.
Ese recelo comunitario se inscribe en el marco del Pacto sobre Migración y Asilo, aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo en abril de 2024 y cuya aplicación efectiva está prevista para 2026, que busca armonizar los criterios de acogida, retorno y reparto de solicitantes entre los Veintisiete. La Comisión ha insistido reiteradamente en que las decisiones unilaterales de los Estados miembros, restrictivas o de apertura, erosionan la credibilidad de ese marco común, todavía en fase de implementación y sometido a fricciones entre los países del sur y del este de la Unión.
Pese a esas reservas, el hecho de que Bruselas haya desvinculado expresamente la regularización española de la crisis en Ceuta resulta significativo, porque evita que ambos asuntos se traten como una única política de fronteras y permite a la Comisión sostener su discurso de firmeza en el control migratorio sin señalar directamente a España. Fuentes comunitarias atribuyen la presión en la frontera ceutí sobre todo a la situación en el lado marroquí y a las dinámicas migratorias en el Sahel y el África subsahariana, más que a un supuesto atractivo generado por la política interna española.
El dispositivo europeo y el papel de Marruecos
La Unión Europea se comprometió a reforzar los sistemas de detección y alerta temprana en la frontera hispano-marroquí, apoyándose en instrumentos ya existentes como Eurosur, la red de vigilancia fronteriza coordinada por Frontex desde 2013, y en los fondos del Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados, dotado con cerca de 6.240 millones de euros para el periodo 2021-2027 según la Comisión Europea. España ha sido uno de los principales receptores de esos fondos, destinados en buena parte al refuerzo tecnológico de Ceuta y Melilla, dos de los puntos de mayor presión de la frontera exterior europea.
La cooperación de Rabat resulta clave en este dispositivo. Marruecos controla el acceso terrestre a los enclaves españoles y su nivel de colaboración ha fluctuado históricamente según el estado de las relaciones bilaterales, como demostró la crisis diplomática de 2021 tras el ingreso hospitalario en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. La normalización posterior, sellada en abril de 2022 con el reconocimiento español del plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental como base «más seria, realista y creíble», recompuso la cooperación fronteriza que ahora vuelve a someterse a examen.
El Gobierno español ha defendido su plan de regularización como una herramienta de gestión ordenada de la inmigración ya presente en el país, y no como respuesta a la crisis fronteriza. Fuentes de Moncloa sostienen que la medida busca dar cobertura legal y laboral a personas que llevan años residiendo en España en situación irregular, en un contexto de necesidad de mano de obra en sectores como la construcción, la hostelería y los cuidados, un déficit que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y el Banco de España han señalado en sus informes de coyuntura.
La oposición, con el Partido Popular y Vox a la cabeza, ha criticado tanto la gestión de la crisis en Ceuta como el proceso de regularización, al que acusan de constituir un incentivo para la llegada irregular. Vox ha reclamado medidas de expulsión más severas y la suspensión de los acuerdos de reparto de menores no acompañados entre comunidades autónomas, mientras el PP ha pedido comparecencias urgentes de Marlaska en el Congreso para detallar el balance real de entradas y retornos, cifras que hasta ahora solo han trascendido a través de declaraciones del propio ministro.
El precedente más cercano en volumen y repercusión sigue siendo el episodio de mayo de 2021, que provocó una crisis diplomática de meses entre Madrid y Rabat y una investigación judicial en España sobre las devoluciones practicadas entonces, con pronunciamientos dispares entre instancias judiciales y el aval parcial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al mecanismo bajo condiciones estrictas. La comparación entre ambos episodios, separados por cinco años, permite medir si los sistemas de alerta temprana reforzados desde entonces han mejorado la capacidad de respuesta española y europea.
En el plano institucional, el próximo hito será la comparecencia que Interior debería ofrecer ante la Comisión de Interior del Congreso, previsiblemente tras el periodo estival, donde se espera que Marlaska aporte cifras desagregadas sobre entradas, retornos y situación de los menores no acompañados bajo tutela autonómica. En paralelo, la Comisión Europea deberá concretar en los próximos meses el calendario de despliegue de los nuevos sistemas de detección financiados con fondos comunitarios, en el marco de la aplicación efectiva del Pacto de Migración y Asilo prevista para 2026.
El desenlace dependerá en buena medida de la evolución de la relación bilateral con Marruecos y de si las cifras de retorno anunciadas por Interior resisten el escrutinio de organizaciones humanitarias como CEAR o Save the Children España, que en crisis anteriores han cuestionado la trazabilidad de las devoluciones y han reclamado garantías individualizadas para cada persona repatriada, especialmente en el caso de menores, cuya expulsión está sujeta a un procedimiento reforzado por la Ley de Extranjería y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.
