Dieciséis años separan la firma del acuerdo de la cinta cortada. No porque el río Paz sea especialmente ancho, sino porque el compromiso de 2010 fue quedando enterrado bajo administraciones sucesivas, licitaciones que no llegaron a término y el silencio administrativo que en Centroamérica suele confundirse con planificación a largo plazo. El puente dejó de mencionarse sin darse nunca por cancelado.
El actual Gobierno no diseñó la obra: la heredó, la sacó del cajón y la concluyó. Eso, en el relato oficial, se traduce como el cumplimiento de un compromiso que —según recordó Bukele— otros gobiernos no lograron concretar. En la práctica, significa que un proyecto varias veces anunciado pasó por fin del plano al concreto.
Segundo puente más largo del país
La estructura sobre el río Paz se convierte en el segundo puente más largo de El Salvador. El dato no es decorativo: el paso entre La Hachadura y Pedro de Alvarado es uno de los cruces comerciales más transitados entre ambos países, y cada cuello de botella allí se traduce en pérdidas para el transporte de carga y el comercio regional, en una zona donde la conectividad fronteriza suele medirse en años de espera más que en metros de asfalto.
Que un proyecto tarde dieciséis años en pasar de la firma al concreto no es un fenómeno exclusivamente salvadoreño ni guatemalteco. Es la condición de la obra binacional: depende de dos calendarios políticos, dos presupuestos y dos voluntades que rara vez coinciden en el tiempo. El caso tiene antecedentes en la propia frontera; el libre tránsito y la integración aduanera centroamericana, impulsados desde los acuerdos del Sistema de la Integración Centroamericana en los años noventa, avanzaron durante décadas a un ritmo más lento que el prometido en cada cumbre presidencial.
"Cumplir la promesa de construirlo"
"Hoy hemos venido a cumplir la promesa de construirlo", expresó el presidente Nayib Bukele durante la inauguración.
La frase funciona como anuncio de infraestructura y, a la vez, como pieza de un relato más amplio: el de un Gobierno que se define por contraste con lo que las administraciones anteriores dejaron pendiente. Es un relato que aquí se sostiene en un hecho verificable —el puente existe, de concreto, sobre el río—, aunque conviene recordar que toda obra terminada arrastra el trabajo de quienes la diseñaron y negociaron desde 2010.
El anuncio inaugural no detalló el costo de la obra ni mencionó a la Corte de Cuentas de la República, el fiscalizador que tendría la tarea de auditar cuánto costó finalmente cerrar la brecha. Mientras esa cuenta se conoce, el puente ya cumple su función más elemental, la misma que llevaba más de una década aplazada: conectar las dos orillas del río Paz.
