El anuncio se produce casi tres años después del inicio de la ofensiva militar israelí en Gaza, lanzada tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que causó, según cifras israelíes, unos 1.200 muertos y más de 250 secuestrados. Desde entonces, el conflicto ha atravesado varias treguas parciales y canjes de rehenes, ninguno de los cuales derivó en una retirada completa de las tropas israelíes ni en el desarme del grupo que gobierna la Franja desde 2007.
La cifra de víctimas palestinas, según el Ministerio de Sanidad de Gaza —dependiente de la administración de Hamás—, supera las 58.000 personas, aunque Naciones Unidas y organizaciones humanitarias han advertido reiteradamente de la dificultad para verificar de forma independiente estos datos en un contexto de colapso de las infraestructuras sanitarias. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) estima que la mayor parte de la población de Gaza, en torno a dos millones de personas, ha sido desplazada al menos una vez desde octubre de 2023, con alerta de hambruna en amplias zonas.
El plan promovido por Trump a través de la Junta de Paz —un organismo impulsado por su Administración para supervisar la transición en la Franja— contemplaría el desarme escalonado de las milicias de Hamás a cambio de garantías de seguridad y un calendario de repliegue israelí. Ni la Casa Blanca ni el Gobierno israelí han detallado públicamente los plazos ni los mecanismos de verificación que se aplicarían sobre el terreno.
La disputa sobre quién se mueve primero
El Ejecutivo de Netanyahu sostiene que Israel no iniciará una retirada mientras no exista constancia de que Hamás ha entregado su arsenal, incluidos los túneles y la capacidad de fabricación de cohetes que sostienen su estructura militar. Israel invoca el precedente de anteriores altos el fuego, que se rompieron antes de completarse las fases de desarme y retirada previstas. Hamás, por su parte, ha condicionado históricamente cualquier entrega de armamento a que Israel garantice primero el fin de la ocupación militar de la Franja y un proceso hacia un Estado palestino, en línea con resoluciones de Naciones Unidas —como la 242 de 1967 o la 2334 de 2016— cuyo carácter vinculante Israel rechaza para su seguridad. Esa divergencia de secuencia ha sido el principal escollo de todas las negociaciones desde el inicio de la guerra.
El papel de Estados Unidos como mediador se apoya en una relación bilateral que incluye una ayuda militar anual cercana a los 3.800 millones de dólares y en su condición de principal valedor diplomático de Israel en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Washington ha ejercido su veto en múltiples ocasiones para bloquear resoluciones críticas con el Estado hebreo. La implicación directa de Trump se enmarca en su promesa de campaña de 2024 de poner fin a la guerra de Gaza y en su interés por consolidar los Acuerdos de Abraham de 2020, que normalizaron relaciones entre Israel y varios países árabes durante su primera Administración. Una resolución del conflicto facilitaría, según analistas de política exterior, una eventual normalización con Arabia Saudí, que Riad ha vinculado a avances hacia la estatalidad palestina.
Egipto y Qatar, mediadores habituales entre Israel y Hamás desde el inicio del conflicto, mantienen canales paralelos de negociación que aportan continuidad diplomática. El Cairo gestiona además el paso fronterizo de Rafah, la única salida de Gaza que no está bajo control israelí directo, lo que le confiere una posición de palanca en cualquier esquema de reconstrucción o desarme. Naciones Unidas ha reclamado en paralelo garantías humanitarias inmediatas, con independencia del calendario político y militar.
El precedente más cercano de un proceso de desarme supervisado internacionalmente en la región es el de la Autoridad Nacional Palestina tras los Acuerdos de Oslo de 1993, que preveían la renuncia a la violencia por parte de la OLP a cambio de un autogobierno progresivo en Cisjordania y Gaza. Aquel proceso se estancó con la segunda Intifada y el asesinato del primer ministro israelí Isaac Rabin en 1995, un fracaso que alimenta hoy el escepticismo de ambas partes sobre la viabilidad de calendarios pactados sin garantías de cumplimiento mutuo.
En el plano interno, Netanyahu afronta la presión de los socios más a la derecha de su coalición, que rechazan cualquier retirada de Gaza y abogan por mantener el control militar de la Franja de forma indefinida, frente a sectores de la oposición y a familiares de rehenes que exigen acelerar un acuerdo que ponga fin a la guerra. Esa división interna ha marcado el ritmo de cada fase negociadora.
Los próximos pasos dependerán de que la Junta de Paz logre establecer un mecanismo de verificación aceptado por ambas partes, previsiblemente con participación de observadores internacionales o de países árabes mediadores. Hasta que ese punto se resuelva, ni la fecha de una eventual retirada israelí ni el alcance real del desarme de Hamás pueden darse por confirmados, y el terreno seguirá condicionado por la desconfianza que ha marcado cada tregua anterior.
