"Si se fabrica en Estados Unidos, los aranceles son CERO. ¡Canadá ya no recibirá el mismo trato que un estado!", escribió Trump. En la misma publicación calificó a Canadá entre "las peores naciones del mundo" con las que negociar en materia comercial y sostuvo: "Se creen con derecho a todo y, sin embargo, ¡nosotros no necesitamos a Canadá, son ellos los que nos necesitan!". La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el alcance y la instrumentación jurídica del gravamen.
De concretarse, el nuevo arancel duplicaría el de 50% que Washington ya aplica a otros productos canadienses tras el fracaso previo de las conversaciones. No se precisó si la medida se instrumentaría mediante una orden ejecutiva al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), el mecanismo que la actual administración estadounidense ha empleado de forma recurrente para imponer aranceles sin la aprobación del Congreso de ese país.
El diferendo se inscribe en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente desde julio de 2020 en sustitución del TLCAN, que contempla una revisión conjunta programada para 2026. La escalada entre Washington y Ottawa alimenta las dudas sobre la vigencia efectiva del pacto trilateral, en un escenario que consultoras especializadas han descrito como el de un T-MEC "zombie": vigente en el papel, pero erosionado en la práctica por medidas unilaterales.
Qué está en juego para México
Para México, la disputa entre sus dos socios comerciales no es un asunto menor. Buena parte de la industria automotriz mexicana opera bajo cadenas de producción integradas con plantas y proveedores tanto estadounidenses como canadienses, de modo que un arancel de 50% a autos, camiones, autopartes y acero —productos con altísimo intercambio entre EU y Canadá— repercutiría en armadoras con líneas binacionales que también tienen presencia en territorio nacional bajo el mismo esquema regional.
La Secretaría de Economía ha mantenido una postura de cautela y diálogo técnico con Washington para evitar quedar atrapada en el fuego cruzado arancelario, mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores no se ha pronunciado sobre este anuncio específico. El gobierno mexicano ha conservado una línea de comunicación directa con la Casa Blanca para intentar blindar sus exportaciones de los vaivenes que han marcado la relación trilateral desde 2025.
Del lado canadiense, Ottawa ha optado por preparar una respuesta de represalia dirigida a productos estadounidenses específicos, en una lógica de reciprocidad que ya había caracterizado episodios previos del conflicto entre ambos países. Hasta el momento no se han detallado públicamente ni el monto ni la lista de bienes que el gobierno canadiense contempla gravar.
El precedente más cercano en la historia comercial de la región es la propia negociación del T-MEC, cerrada en 2018 tras meses de fricciones arancelarias impulsadas por la primera administración Trump, que entonces amenazó con gravámenes al acero y al aluminio invocando razones de seguridad nacional bajo la Sección 232 de la Ley de Comercio de Estados Unidos. Aquel pulso derivó, finalmente, en la firma del tratado que hoy vuelve a ponerse a prueba.
La disputa se produce en un contexto en que organismos financieros de la región han advertido sobre los riesgos que la incertidumbre arancelaria representa para las cadenas de suministro norteamericanas. La producción manufacturera de exportación, que en México se mide a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es especialmente sensible a la volatilidad de la política comercial estadounidense, dada la integración de las plantas nacionales en los flujos del bloque.
De concretarse en enero de 2027, la medida anunciada por Trump se sumaría a una larga lista de aranceles impuestos por su administración a distintos socios comerciales, en una estrategia que la Casa Blanca ha justificado como mecanismo de presión para renegociar términos que considera desfavorables para la industria estadounidense.
En los próximos meses se esperan nuevas rondas de contacto entre funcionarios de comercio de Estados Unidos y sus contrapartes canadienses, así como eventuales pronunciamientos formales de la Secretaría de Economía mexicana ante el riesgo de que la disputa bilateral afecte la competitividad del bloque norteamericano de cara a la revisión del T-MEC prevista para este año. El plazo del 1 de enero de 2027 marca el hito que definirá si la amenaza se traduce en gravámenes efectivos o si abre una nueva ventana de negociación.