El pacto contemplaría la transferencia de tecnología nuclear civil a Arabia Saudita a cambio de un beneficio geopolítico mayor para Washington: sumar al reino a la lista de países árabes que han normalizado relaciones con Israel, iniciada en 2020 con los Acuerdos de Abraham, que suscribieron Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Marruecos y Sudán. Trump lo planteó sin ambigüedad: el pacto "será aprobado, pero está totalmente supeditado" a que Riad se sume a esos acuerdos, señaló el jueves. La condición representa un giro respecto a la lectura inicial del anuncio del miércoles, cuando se interpretó como una concesión que permitiría a Arabia Saudita acceder a tecnología nuclear sin necesidad de reconocer al Estado israelí.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó un eventual reconocimiento saudita como "un avance histórico para la paz en Oriente Medio", de acuerdo con un comunicado de su oficina. El respaldo israelí al esquema, sin embargo, no está exento de recelos. El Council on Foreign Relations (CFR), centro de estudios con sede en Nueva York, apuntó en un análisis que, "por mucho que quieran relaciones normales con Arabia Saudita, no necesariamente confían en que el reino no tome un giro hostil en el futuro".
El trasfondo estratégico tiene una pieza clave: Israel mantiene, sin reconocerlo oficialmente, capacidad de armamento nuclear, lo que lo convierte en lo que se denomina un Estado nuclear no declarado. Ese estatus le confiere una ventaja sustancial en la región. El CFR advirtió que si Arabia Saudita, Irán u otro país desarrollaran capacidad nuclear propia, "probablemente cambiaría el equilibrio de poder en Oriente Medio, y no a favor de Israel". Tener "un monopolio sobre las armas nucleares (algo que los israelíes no admiten) beneficia a la seguridad de Israel", añadió el mismo organismo.
El nudo del enriquecimiento de uranio
El punto más disputado del acuerdo es si contempla o no la construcción de una planta de enriquecimiento de uranio en territorio saudita, capacidad que en el pasado ha sido la línea roja de Washington en sus negociaciones nucleares con terceros países por su potencial uso doble, civil y militar. The Wall Street Journal informó que una cláusula del pacto podría habilitar a empresas estadounidenses para construir dicha planta. El Departamento de Energía de Estados Unidos no mencionó esa cláusula y no respondió a una consulta de la agencia AFP.
Trump, por su parte, negó la posibilidad en su red social Truth Social: "¡No habrá enriquecimiento de material!", escribió. Según el análisis del CFR, el acuerdo incluiría salvaguardas contra el enriquecimiento y el reprocesamiento de combustible nuclear, procesos considerados sensibles porque son los que permiten, en última instancia, derivar hacia usos armamentísticos. No obstante, el pacto actual no exigiría a Arabia Saudita adherirse al Protocolo Adicional, el mecanismo de inspección reforzada del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con sede en Viena, que sí era una condición en negociaciones previas entre ambos países.
Esa omisión es, para los detractores del acuerdo, el flanco más vulnerable del esquema: sin el Protocolo Adicional, la capacidad de verificación internacional sobre las instalaciones nucleares sauditas sería sensiblemente menor a la que se exige a otros programas civiles en desarrollo. Los críticos, según el material, sostienen que el pacto podría desencadenar una carrera nuclear en una región ya golpeada por la guerra.
La oposición más visible al pacto proviene del ala progresista del Partido Demócrata. El senador independiente Bernie Sanders, afín a esa bancada, cuestionó la coherencia de la política exterior de Trump: "Trump afirma que su guerra contra Irán tiene como objetivo impedir que un país autoritario enriquezca material nuclear. Ahora permite que sus mejores amigos en Arabia Saudita —una de las dictaduras más brutales del mundo— hagan precisamente eso", escribió en la red social X.
El Congreso estadounidense tiene la facultad de revisar el acuerdo antes de su implementación. Se prevé, sin embargo, que la mayoría republicana en la legislatura no retrase su puesta en marcha. El mecanismo tiene un paralelo institucional útil para el lector mexicano: en México, la aprobación de los tratados y convenciones internacionales que suscribe el Ejecutivo corresponde de manera exclusiva al Senado de la República, conforme a la fracción I del artículo 76 de la Constitución, una atribución que el Congreso de la Unión sigue de cerca en materia de política exterior y no proliferación.
La búsqueda de un programa nuclear saudita respaldado por Washington no es nueva. Durante la primera administración de Trump y bajo el gobierno de Joe Biden, la normalización de relaciones entre Riad e Israel figuró de forma recurrente como pieza de un eventual acuerdo trilateral que incluía cooperación nuclear y garantías de seguridad. Las conversaciones se vieron interrumpidas por la escalada bélica en Oriente Medio, sin que ninguna de las partes concretara entonces un pacto formal.
El episodio se inserta en una confrontación militar activa entre Estados Unidos e Irán, motivada en gran medida por el programa nuclear de Teherán, mientras las conversaciones de paz entre ambos países permanecen estancadas. Arabia Saudita, rival regional de Irán en el tablero del Golfo, ha buscado posicionarse como socio estratégico preferente de Washington en materia energética y de seguridad. Se prevé, además, que el acuerdo genere miles de millones de dólares para empresas estadounidenses en contratos de construcción, suministro de tecnología y mantenimiento de infraestructura, según el reporte original.
El desenlace dependerá de dos variables paralelas: si Arabia Saudita acepta formalmente sumarse a los Acuerdos de Abraham —condición que Riad no ha confirmado públicamente— y si el Congreso estadounidense ejerce o no su facultad revisora antes de que el acuerdo entre en vigor. Mientras tanto, el texto completo del pacto sigue sin conocerse en su totalidad, lo que mantiene abierta la discusión sobre el alcance real de las salvaguardas anunciadas.