El borrador de sentencia que Marchena redacta en la soledad de su despacho del Supremo constituye, según las fuentes jurídicas consultadas por El Hemiciclo, uno de los documentos judiciales más complejos que se han elaborado en España en las últimas dos décadas. La dificultad no reside únicamente en el volumen de la prueba — esos doscientos mil folios de documentación bancaria, contratos mercantiles, comunicaciones electrónicas, informes de la UDEF y declaraciones testificales que ocupan cuatrocientas cuarenta y siete cajas archivadoras en el sótano del tribunal —, sino en la estructura misma del entramado delictivo que la Fiscalía ha descrito como una red de corrupción sistémica articulada en torno a la figura de José Luis Ábalos y ejecutada a través de una cadena de intermediarios entre los que destacan Koldo García, como eslabón operativo, y Víctor de Aldama, como enlace con el mundo empresarial que se benefició de las adjudicaciones irregulares. Marchena, que a sus sesenta y tres años ha acumulado una experiencia en la dirección de macrocausas que pocos magistrados europeos pueden igualar, afronta el reto de construir una sentencia que sea no solo jurídicamente sólida sino también comprensible para una opinión pública que lleva dos años siguiendo los avatares del caso a través de una cobertura mediática que ha oscilado entre el rigor informativo y el sensacionalismo. La ponencia que Marchena presentará a sus compañeros de sala — los magistrados Ana Ferrer, Andrés Palomo, Susana Polo y Javier Hernández — propone, según las fuentes consultadas, un esquema de responsabilidades escalonado que distingue entre los autores materiales de los delitos de cohecho, prevaricación, malversación y organización criminal, los cooperadores necesarios que facilitaron la infraestructura logística y financiera del entramado, y los inductores que, desde posiciones de poder político, crearon las condiciones para que la corrupción pudiera prosperar sin controles efectivos.
La incorporación de las declaraciones de Aldama y Koldo García a la pieza separada de la Audiencia Nacional es una decisión procesal que, pese a su apariencia técnica, tiene implicaciones políticas de primera magnitud. Durante el juicio oral celebrado en el Supremo, tanto Aldama como Koldo realizaron afirmaciones que excedían el objeto del procedimiento principal y que apuntaban a la existencia de un circuito financiero irregular a través del cual determinadas empresas beneficiarias de contratos públicos adjudicados por recomendación de Ábalos habrían canalizado pagos hacia las arcas del PSOE o hacia fundaciones y entidades vinculadas al partido. Estas afirmaciones, que la defensa de Ábalos calificó de mentiras interesadas destinadas a obtener una rebaja de pena mediante la estrategia de salpicar hacia arriba, fueron recogidas por la Fiscalía Anticorrupción en un informe remitido a la Audiencia Nacional en el que se solicitaba su incorporación formal a la pieza separada número tres del caso, que investiga específicamente la posible financiación irregular del PSOE a través de los contratos de mascarillas, material sanitario y servicios de intermediación que se adjudicaron durante los años dos mil veinte y dos mil veintiuno al calor de la pandemia de covid-19. El auto dictado este viernes por la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, que El Hemiciclo ha podido consultar en su integridad, acepta la petición de la Fiscalía y ordena la incorporación testimonial de veintitrés declaraciones del juicio oral — las de Aldama, Koldo, tres empresarios, cuatro funcionarios del Ministerio de Transportes y quince testigos indirectos — como prueba documental de la pieza separada, un movimiento que amplía el foco de la investigación y que podría dar lugar a nuevas imputaciones en las próximas semanas.
El PSOE ha reaccionado con una combinación de indignación pública y preocupación privada que refleja la gravedad con la que la dirección del partido contempla el nuevo giro de la pieza separada. En público, la portavoz parlamentaria Esther Peña ha emitido un comunicado de tres párrafos en el que califica la decisión de la Audiencia Nacional de movimiento procesal rutinario que no afecta en modo alguno al partido y que se basa en declaraciones de individuos procesados que tienen un interés evidente en desviar la atención de sus propias responsabilidades penales. En privado, sin embargo, fuentes de Ferraz han reconocido a El Hemiciclo que la incorporación de las declaraciones de Aldama a la pieza separada constituye un escenario que el equipo jurídico del partido llevaba meses temiendo y para el que ha preparado una estrategia de defensa en tres niveles: primero, impugnar la validez procesal de las declaraciones argumentando que fueron realizadas en un juicio diferente y ante un tribunal diferente; segundo, cuestionar la credibilidad de Aldama como testigo, recordando sus múltiples contradicciones y su historial de colaboración con la justicia a cambio de beneficios penales; y tercero, si todo lo anterior fracasa, delimitar con precisión quirúrgica la responsabilidad de las personas concretas que pudieran estar implicadas en la recepción de fondos irregulares y cortafuegos cualquier conexión con la dirección del partido o con Moncloa. Esta estrategia de cortafuegos, que en el argot jurídico-político se conoce como muro de contención, es la misma que el PP aplicó con éxito relativo durante los años más duros del caso Gürtel y que el PSOE ha estudiado con detalle para adaptar a su propia situación.
El tercer frente judicial, el caso Kitchen, ha dado este sábado un giro que nadie esperaba y que tiene nombre propio: José Manuel Villarejo. El comisario jubilado, setenta y un años, principal acusado de la operación de espionaje parapolicial que presuntamente organizó el Ministerio del Interior del gobierno de Rajoy para sustraer documentación comprometedora del caso Bárcenas al extesorero del PP Luis Bárcenas, será sometido mañana domingo a una intervención quirúrgica de urgencia en el Hospital Universitario de Guadalajara. Los abogados de Villarejo, del despacho Ollé & Sesma, han comunicado al tribunal de la Audiencia Nacional que su cliente sufre desde hace diez días un cuadro de arritmia ventricular con episodios de taquicardia supraventricular que los cardiólogos del hospital han intentado controlar con medicación sin éxito, y que la persistencia de los síntomas ha obligado a programar una ablación por catéter para mañana a las nueve de la mañana, un procedimiento que requiere anestesia general y que, según el informe médico aportado al tribunal, necesitará al menos una semana de reposo postoperatorio antes de que el paciente pueda participar en cualquier actividad judicial. La noticia ha caído como un jarro de agua fría en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que tenía previsto celebrar la próxima sesión del juicio Kitchen el miércoles catorce de mayo con la declaración de dos testigos clave: el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino. La cirugía de Villarejo obliga a aplazar esta sesión al menos hasta el miércoles veintiuno, un retraso que se suma a los múltiples aplazamientos que ha sufrido este juicio desde su inicio y que alimenta la sospecha, expresada abiertamente por la acusación popular, de que Villarejo utiliza sus problemas de salud como estrategia dilatoria para prolongar indefinidamente un proceso que lleva más de seis años en fase de juicio oral.
La defensa de Villarejo ha rechazado con vehemencia las acusaciones de dilación estratégica y ha aportado al tribunal un informe médico firmado por el jefe del servicio de cardiología del Hospital de Guadalajara, el doctor Ramón Fernández de Caleya, en el que se detalla la historia clínica del comisario con un nivel de precisión que resulta difícil de cuestionar: antecedentes de cardiopatía isquémica diagnosticada en dos mil diecinueve durante su estancia en prisión preventiva, un stent coronario implantado en dos mil veinte, episodios recurrentes de fibrilación auricular desde dos mil veintidós y el cuadro actual de arritmia ventricular que, según el informe, presenta un riesgo cardiovascular moderado-alto que justifica la intervención urgente. El tribunal ha aceptado el aplazamiento pero ha ordenado la designación de un médico forense que examine a Villarejo después de la cirugía para verificar que su estado de salud es compatible con la reanudación del juicio en la fecha propuesta, una medida que revela la desconfianza que las sucesivas interrupciones médicas del comisario han generado en el tribunal. Los abogados de Bárcenas, que ejercen la acusación particular, han solicitado además que el tribunal requiera al hospital un informe detallado sobre la evolución postoperatoria del acusado con periodicidad diaria, una petición que ha sido admitida parcialmente: el tribunal ha ordenado informes cada tres días a partir del lunes.
El recurso presentado por Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez, ante la Audiencia Provincial de Madrid constituye el último movimiento de una partida de ajedrez judicial que se prolonga desde hace más de un año y que ha convertido al juez instructor Juan Carlos Peinado en una de las figuras más polémicas y más expuestas del poder judicial español. El recurso, de veintiocho páginas meticulosamente redactadas que El Hemiciclo ha podido consultar parcialmente, se articula en torno a tres ejes argumentales que la defensa de Gómez considera suficientes para que la Audiencia Provincial anule la decisión de Peinado de someter el caso a un juicio con jurado popular. El primer eje cuestiona la competencia objetiva del juez instructor para adoptar una decisión que, según la defensa, corresponde exclusivamente al tribunal sentenciador; el segundo eje impugna la composición del jurado argumentando que el procedimiento de selección ha estado viciado por la publicidad del caso y por las filtraciones sistemáticas de la instrucción a determinados medios de comunicación; y el tercer eje, que es el que más interés ha despertado entre los juristas, aporta veintiocho correos electrónicos del sistema de comunicación interna de la Universidad Complutense de Madrid que, según la defensa, demuestran de forma inequívoca que la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva que Begoña Gómez dirigía no recibió financiación privada irregular y que los convenios de colaboración con empresas que la Fiscalía considera indicios de tráfico de influencias fueron aprobados por los órganos colegiados de la universidad siguiendo los procedimientos administrativos establecidos.
Los veintiocho correos electrónicos aportados por Camacho proceden del servidor interno de la Complutense y abarcan un período que va desde octubre de dos mil diecinueve hasta marzo de dos mil veinticuatro, cubriendo la totalidad de la existencia de la cátedra que dirigía Gómez. Según el recurso, estos correos demuestran tres cosas: primera, que todos los convenios de colaboración con empresas privadas — incluyendo los suscritos con Barrabés, Globalia y Wakalua que investiga el juez Peinado — fueron propuestos por el vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la universidad y no por Begoña Gómez, lo que invalida la tesis de que la esposa del presidente del Gobierno utilizó su posición para captar financiación privada en beneficio propio; segunda, que las cantidades aportadas por las empresas — un total de cuatrocientos ochenta mil euros en cuatro años — fueron ingresadas en la cuenta corriente de la universidad y gestionadas por los servicios financieros de la institución, sin que Gómez tuviera acceso ni control sobre los fondos; y tercera, que en al menos tres ocasiones el propio rector de la Complutense, Joaquín Goyache, intervino personalmente para aprobar convenios que el vicerrectorado había considerado inicialmente inadecuados por motivos de oportunidad, una circunstancia que, según la defensa, demuestra que la decisión de suscribir estos acuerdos no fue de Gómez sino de los órganos de gobierno de la universidad. La Fiscalía Provincial de Madrid tiene cinco días hábiles para presentar alegaciones al recurso, un plazo que expira el viernes dieciséis de mayo, y la Audiencia Provincial deberá resolver en un plazo máximo de treinta días, lo que sitúa la decisión en la segunda quincena de junio.
La noche del sábado deja así un panorama judicial español que se asemeja a un tablero de ajedrez tridimensional donde tres partidas simultáneas se influyen mutuamente sin que ninguno de los jugadores pueda controlar las interacciones entre ellas. En el Supremo, Marchena redacta una sentencia que determinará la suerte de veintitrés personas y que puede provocar un terremoto político si incluye condenas significativas para figuras próximas al PSOE. En la Audiencia Nacional, la pieza separada del caso Koldo crece como una mancha de aceite que amenaza con alcanzar al partido socialista, mientras el juicio Kitchen se paraliza por la cirugía de un comisario cuya salud se ha convertido en un factor procesal tan relevante como las pruebas que obran en el sumario. Y en la Audiencia Provincial de Madrid, un recurso de veintiocho páginas y veintiocho correos electrónicos podría cambiar radicalmente la suerte de Begoña Gómez si los magistrados deciden que el juez Peinado se excedió en sus competencias al imponer un juicio con jurado. Los tres frentes convergen esta noche en una sensación compartida por juristas, políticos y ciudadanos: la de que el poder judicial español se encuentra sometido a una presión sin precedentes que pone a prueba no solo la capacidad técnica de los tribunales sino también la confianza de la sociedad en un sistema que debe resolver las causas más sensibles de la democracia española sin sucumbir a las presiones políticas que llegan desde todos los flancos del espectro ideológico.
En los pasillos vacíos del Supremo, donde a esta hora solo quedan los guardias de seguridad y la luz amarillenta del despacho de Marchena, el silencio del sábado noche es un anticipo del fragor que llegará con la semana próxima. El lunes habrá funeral en Huelva y cirugía en Guadalajara. El martes se reanudarán las deliberaciones en el Supremo y la Fiscalía recibirá la documentación incorporada a la pieza separada. El miércoles el PP llevará al pleno del Congreso su proposición sobre el SERMAR y, si Villarejo se recupera según lo previsto, los abogados negociarán la nueva fecha de la sesión del juicio Kitchen. El jueves Camacho sabrá si la Fiscalía Provincial se opone a su recurso sobre el jurado de Begoña. Y el viernes, cuando la campaña del 17-M esté ya en su sprint final, los tres frentes judiciales habrán avanzado lo suficiente como para que cada partido pueda utilizar los tribunales como arma arrojadiza en el tramo final de una campaña que, más que nunca, se decide tanto en las urnas como en los juzgados.
