La muerte de Lahbib Mohamed Abdelaziz
Las fuerzas armadas saharauis difundieron un comunicado en el que confirmaron la muerte de tres de sus miembros en un ataque marroquí con drones, entre ellos Lahbib Mohamed Abdelaziz, hijo del histórico líder del Frente Polisario Mohamed Abdelaziz. El comunicado no especificó las circunstancias exactas del ataque ni desveló la identidad de las otras dos personas fallecidas.
Lahbib Mohamed Abdelaziz nació en 1989 en los campamentos saharauis de Tinduf, en el suroeste de Argelia, donde la población saharaui refugiada lleva instalada desde la retirada española del Sáhara Occidental en 1975-1976. Era licenciado en Relaciones Internacionales y se incorporó al Ejército de Liberación Popular Saharaui en noviembre de 2011, ascendiendo progresivamente por las estructuras políticas y militares del movimiento.
Su trayectoria lo llevó a ocupar la dirección central de formación y un puesto en el Estado Mayor General del Ejército saharaui. En 2024 fue nombrado comandante de la primera brigada de campaña de las fuerzas armadas saharauis y, en el XVI Congreso del Frente Polisario, elegido miembro del Secretariado Nacional, el órgano ejecutivo de mayor rango del movimiento. Estaba casado y era padre de tres hijos.
Su padre, Mohamed Abdelaziz, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) desde su fundación hasta su muerte, falleció en mayo de 2016 a los 68 años tras una larga enfermedad. Fue la figura que transformó la causa saharaui desde la guerrilla armada en los años setenta hasta la diplomacia multilateral, logrando el reconocimiento de la RASD por más de ochenta estados y su admisión en la Unión Africana.
La ruptura del alto el fuego de 1991 y el marco de la ONU
El marco normativo que regula el conflicto es el alto el fuego acordado en 1991 bajo los auspicios de la ONU, plasmado en la resolución 690 del Consejo de Seguridad, que creó la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). Ese acuerdo estableció una zona desmilitarizada supervisada internacionalmente y congeló las posiciones militares de ambas partes a la espera de un referéndum de autodeterminación que nunca llegó a celebrarse.
El precedente que el Polisario invoca para justificar la reanudación de sus operaciones se remonta a noviembre de 2020, cuando las tropas marroquíes penetraron en el área desmilitarizada de Guerguerat —franja de territorio que separa Mauritania del Sáhara Occidental— para desmantelar una concentración de activistas saharauis que bloqueaban la única carretera que conecta Marruecos con los países subsaharianos. El Frente Polisario sostuvo que esa acción unilateral constituía una violación expresa del alto el fuego y declaró el fin del cese de hostilidades, reanudando operaciones militares contra el muro de arena que Marruecos construyó a lo largo de más de 2.700 kilómetros para blindar su control sobre aproximadamente el 80% del territorio del Sáhara Occidental.
El muro marroquí y la geografía del conflicto
Dicha estructura defensiva, conocida como el berm, fue levantada por Marruecos entre 1980 y 1987 y divide el Sáhara Occidental en dos zonas: la franja oriental y sur, denominada territorios liberados por el Polisario, y la parte occidental bajo administración marroquí, donde se concentran los principales recursos fosfateros y pesqueros del territorio. Marruecos no ha respondido públicamente al comunicado saharaui sobre el ataque con drones ni ha confirmado ni desmentido su autoría en el momento de publicación de esta información.
El uso de drones en el conflicto del Sáhara Occidental representa una escalada tecnológica respecto a los patrones de combate previos al alto el fuego de 1991, cuando el enfrentamiento se dirimía mediante guerrilla terrestre. La incorporación de aeronaves no tripuladas sigue la tendencia documentada en múltiples conflictos africanos y de Oriente Próximo durante la última década, aunque el Sáhara Occidental permanece fuera del escrutinio de organismos internacionales de verificación de armamento, dado que la MINURSO carece de mandato para supervisar los derechos humanos o las operaciones militares más allá de la zona de separación.
La posición de las partes
El Frente Polisario defendió, a través de su comunicado castrense, que las muertes se produjeron en el contexto de las operaciones militares en curso desde noviembre de 2020, sin proporcionar coordenadas geográficas ni detalles sobre el tipo de dron empleado.
Argelia, que alberga los campamentos de refugiados de Tinduf y mantiene una relación de respaldo político al Polisario —aunque Argel sostiene oficialmente que no es parte en el conflicto—, tampoco se había pronunciado sobre el incidente. La Unión Europea, que firmó en 2019 acuerdos de pesca y agricultura con Marruecos que el Tribunal de Justicia de la UE anuló en sentencias de 2021 y 2024 por incluir al Sáhara Occidental sin contar con el consentimiento de su pueblo, no emitió reacción inmediata.
Plazos y escenario próximo
El proceso político bajo supervisión de la ONU se encuentra en un impasse prolongado: el enviado especial Staffan de Mistura lleva desde su nombramiento en 2021 intentando retomar las mesas redondas —formato acordado en 2018— sin que las partes hayan fijado fecha para una nueva ronda. El Consejo de Seguridad renueva anualmente el mandato de la MINURSO, y la próxima revisión está prevista para octubre de 2025, momento en que la muerte de un mando saharaui de este perfil previsiblemente centrará parte del debate diplomático sobre el nivel de escalada del conflicto.
La eliminación de Lahbib Mohamed Abdelaziz, en tanto miembro del Secretariado Nacional y comandante de brigada, sitúa el conflicto en un umbral de visibilidad internacional superior al de los intercambios de fuego habituales desde 2020. Si el Polisario atribuye formalmente el ataque a las fuerzas armadas marroquíes en instancias de la ONU, obligará a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad —Francia, potencia con estrechos vínculos históricos con Rabat, entre ellos— a posicionarse sobre la naturaleza y la legalidad del uso de drones en un territorio cuyo estatuto jurídico final permanece sin resolver desde la descolonización.
