Hay una elegancia burocrática en la forma en que Baca Sevilla explica su ausencia. No hubo fuga, dice; hubo agenda. Desde la tarde del martes 17 de agosto, mientras la FGR cateaba inmuebles vinculados a él y a personal del ayuntamiento, el edil se encontraba en la Ciudad de México «atendiendo asuntos de agenda de trabajo e institucionales, así como compromisos personales», según expuso en su mensaje. La frase merece enmarcarse: es el tipo de construcción sintáctica que produce alguien acostumbrado a que nadie le pida el itinerario.
El catálogo de imputaciones que él mismo enumeró tampoco es menor. Posesión ilícita de hidrocarburos —el nombre técnico del huachicol cuando aparece en un documento oficial—, portación de arma de fuego sin licencia y de armas reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente, tortura, posesión de narcóticos y uso ilícito de atribuciones y facultades. Cinco frentes que, de sostenerse, describirían no a un funcionario con problemas de comunicación, sino a una estructura municipal operando en paralelo a la ley. El alcalde tiene otra lectura: sostuvo que todo obedece a una «intencionalidad política para dañar mi imagen, reputación y fama».
Conviene no confundir la ironía con el veredicto. En México, como marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona se presume inocente hasta sentencia firme, y Baca Sevilla tiene tanto derecho a defenderse como la FGR a investigar. El problema no es que el edil alegue inocencia —eso lo hace cualquier imputado, culpable o no—, sino la calidad de los argumentos con que la reviste, que oscilan entre el reclamo procesal legítimo y la épica personal de la víctima política.
El argumento procesal, hay que decirlo, no carece de sustento en el papel. El edil denunció que las órdenes de cateo omitieron datos obligatorios como direcciones exactas, objetos a buscar y personal autorizado, requisitos que el Código Nacional de Procedimientos Penales exige para no convertir un allanamiento en una expedición de pesca. Si eso es cierto, un juez de control tendrá que valorarlo y, en su caso, excluir las pruebas obtenidas irregularmente. Es el tipo de defensa que se litiga en un juzgado, no en un video de dos minutos colgado en redes sociales.
Pero el alcalde no se conformó con el argumento jurídico. Añadió que la «actuación sobreexpuesta y dramática» del personal de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad estatal demuestra «una persecución política y el uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia por parte de las autoridades». Es una acusación grave, formulada sin nombrar a un solo responsable político concreto ni aportar un indicio verificable más allá de su propia indignación. La sobreexposición mediática de un operativo puede ser, en efecto, un problema de forma; no es, por sí sola, prueba de un complot.
Late aquí un guion que la política municipal mexicana conoce desde hace décadas: el funcionario que se declara perseguido en el mismo instante en que aparece nombrado en una carpeta. El desafuero de Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal, en 2005, dejó el molde: la disputa judicial convertida de inmediato en relato de persecución y agravio. Desde entonces, cuando la Fiscalía toca la puerta, la respuesta rara vez es el silencio prudente que aconsejaría un penalista; suele ser el video grabado con el celular y la apelación directa a «la comunidad».
Baca Sevilla recurrió a ese repertorio: aseguró estar «tranquilo de conciencia» porque la comunidad conoce su trayectoria y «el origen transparente» de su patrimonio familiar, una afirmación que en boca de un funcionario investigado por posesión ilícita de hidrocarburos suena menos a certeza moral que a estrategia de relaciones públicas. Reconoció haber contratado a un abogado penalista para «investigar el trasfondo» de las denuncias, lo cual es sensato; menos sensato es que la defensa técnica avance en paralelo a una defensa mediática que presupone culpables a las instituciones antes de que un juez se pronuncie.
El huachicol no es un delito abstracto en Tabasco: es la entidad donde Pemex opera parte de su infraestructura de ductos y donde el robo de combustible ha sido, sexenio tras sexenio, uno de los quebraderos de cabeza más persistentes de la política de seguridad federal. Que una carpeta relacione a un presidente municipal costero con posesión ilícita de hidrocarburos no es, en ese contexto, una acusación exótica; es, más bien, una de las más previsibles.
El fuero municipal, a diferencia del de un diputado o un senador, no blinda a un alcalde frente a una investigación por delitos del fuero común o federal; solo la declaración de procedencia protege ciertos cargos federales de la acción penal antes del retiro del fuero. De ahí que la FGR pudiera actuar sin pedir permiso al Congreso local y que el operativo se ejecutara con las órdenes judiciales correspondientes. Eso también explica por qué la defensa del edil se centra en la legalidad de esas órdenes y no en un eventual desafuero.
Lo que sigue es, previsiblemente, un litigio en dos frentes. En el jurídico, un juez de control deberá resolver si los cateos se ajustaron al Código Nacional de Procedimientos Penales o si adolecen de vicios que obliguen a excluir evidencia; de esa resolución dependerá buena parte de la solidez de la carpeta FED/TAB/VHS/0000749/2026. En el político, el alcalde anunció que, en cuanto concluya sus gestiones en la capital, regresará a Paraíso a «hacer frente a la situación por la vía legal», una promesa que suena más a itinerario de retorno que a certeza de comparecencia inmediata.
Entre tanto, el ayuntamiento de Paraíso sigue funcionando con un alcalde que se explica por video y una Fiscalía que investiga por carpeta. Del lado oficial, la FGR y la SSPC estatal sostienen la línea de la investigación abierta y los cateos como diligencias legales; del lado del edil, la tesis de la persecución y el debido proceso vulnerado. Ambas versiones tendrán que dirimirse ante un juez, no ante una cámara de celular. Esa próxima comparecencia dirá bastante más sobre la inocencia de Baca Sevilla que cualquier mensaje grabado en la Ciudad de México.