La ANTAC señaló que a lo largo de los últimos meses ha sostenido múltiples reuniones con autoridades federales y ha firmado diversas minutas de acuerdo, documentos que —según la organización— no se han traducido en cambios perceptibles en las condiciones de operación del transporte de carga. La asociación advirtió que cualquier movilización futura no buscaría prolongar la firma de nuevos compromisos sin seguimiento, sino obtener, en sus palabras, "respuestas precisas y soluciones contundentes a la crisis que estamos enfrentando". "Ya no aguantamos más, queremos respuestas", externó el gremio.
La organización vinculó su malestar con el de los productores agrícolas, a quienes describió en una situación similar desde noviembre pasado, con mesas de trabajo instaladas pero sin resultados. "A ellos también, desde noviembre, los traen con mesas de trabajo, con soluciones a medias, pero con cero resultados", planteó la ANTAC, que subrayó que ambos sectores mueven y alimentan al país. La asociación no fijó fecha para la eventual protesta y la condicionó a la evolución de las negociaciones con las autoridades federales.
Entre las principales denuncias del sector figura la persistencia de extorsiones contra operadores de carga pesada, así como inseguridad, corrupción y lo que la organización llamó "muertes laborales", sin precisar cifras ni el periodo al que se refiere. El gremio también denunció que continúan los retenes ilegales instalados en carreteras federales, una práctica que ubica como parte del mismo patrón de corrupción que, afirma, afecta la operación diaria; la asociación no precisó a qué autoridades atribuye esos puntos de revisión no autorizados.
Reconocimiento a los arcos y sospecha sobre el C4
La ANTAC celebró la instalación de los arcos carreteros inteligentes en distintos puntos de la red federal, presentados por el gobierno como herramienta para monitorear el tránsito de carga pesada, pero pidió que se le informe cómo funcionará el C4 carretero en coordinación con las autoridades. El sistema de videovigilancia y monitoreo, de acuerdo con lo difundido previamente, iniciaría operaciones en septiembre, según el propio material periodístico.
El temor expresado por la organización es que estos dispositivos, en lugar de disuadir el robo y la extorsión, se conviertan en un mecanismo adicional de hostigamiento hacia los operadores. La asociación pidió que los arcos no se conviertan en "un instrumento más para que las autoridades hostiguen al transporte de carga pesada, para que las autoridades extorsionen y sigan ejerciendo corrupción en contra de nuestros operadores", en referencia a denuncias previas sobre cobros indebidos en puntos de revisión.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) impulsó, además de los arcos y el C4, la construcción de 15 pasadores seguros, obras destinadas a ofrecer espacios controlados donde los operadores puedan detenerse sin exponerse a asaltos. Estas medidas conforman el paquete que el gobierno federal anunció como respuesta a las demandas de seguridad del gremio.
La asociación criticó, además, lo que calificó como "falta de criterio" médico por parte de la SICT hacia los operadores de carga, señalando que las evaluaciones aplicadas estarían orillando a que "se lleve al coyote", término con el que el sector alude a intermediarios que sustituyen a choferes cuando estos son descalificados por criterios que la propia organización considera poco claros. El reclamo se inserta en el marco de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su reglamento, que fijan las licencias federales y las evaluaciones médicas periódicas obligatorias para los operadores.
Precedente de bloqueos y una cifra oficial de robo a la baja
El transporte de carga ha protagonizado movilizaciones y bloqueos carreteros en años recientes como forma de presión ante el gobierno federal, con denuncias reiteradas por el robo de mercancía y la violencia contra operadores en corredores como la México-Puebla. Aquellas protestas derivaron en compromisos gubernamentales similares a los actuales, sin que el sector considere resueltos los problemas estructurales de inseguridad.
En ese contexto se inscribe el dato difundido sobre una reducción de 52.97% en el robo al autotransporte durante 2025, que de confirmarse representaría una mejora respecto de años anteriores. No obstante, la ANTAC no hizo referencia a esa estadística en sus declaraciones más recientes, lo que sugiere que, para el gremio, la baja en los robos no se traduce en una percepción de seguridad ni resuelve las quejas sobre extorsión y corrupción en carreteras.
La SICT no ha emitido una respuesta pública a las declaraciones más recientes de la ANTAC, por lo que se desconoce si habrá una nueva ronda de negociaciones antes de que el sector decida sobre una movilización formal. La organización tampoco precisó si buscará una reunión directa con esa dependencia o con otras instancias de seguridad antes de convocar a sus agremiados a salir a las carreteras.
De concretarse una protesta conjunta entre transportistas y productores agrícolas, el episodio se sumaría a un historial de movilizaciones de gremios considerados estratégicos para el abasto nacional. El calendario dependerá, según la propia asociación, de si las mesas de trabajo abiertas con el gobierno federal derivan en los resultados que el sector reclama en las próximas semanas.