El documento es explícito respecto al alcance de la obligación. "El prestador del servicio deberá garantizar que el sistema guarde 100% todos los audios, imágenes y videos de 100% de las personas aspirantes que presenten el examen", establece el anexo, que fija sobre la empresa la responsabilidad del resguardo íntegro del material capturado durante la evaluación digital.
El mismo texto exige que la plataforma permita generar reportes individuales sobre el proceso de cada aspirante en todo momento, desde la validación de equipo y el simulador hasta el desarrollo del examen, incluyendo "todas las evidencias identificadas por el personal de la UNAM como correspondientes a conductas no permitidas". En su página 13, el anexo precisa que solo personal autorizado de la universidad podría generar y obtener a demanda esas evidencias —fotos, videos y audios— derivadas de la vigilancia y de las alertas del sistema de supervisión.
Entre las obligaciones contractuales figuraba, además, ofrecer un monitoreo en tiempo real del examen, con reportes detallados, gráficos, tableros de control y visualización de evidencias —imágenes, videograbaciones, audios y alertas— que permitieran a la UNAM identificar de manera inmediata posibles irregularidades durante la aplicación de la prueba.
Un examen presencial para sortear la crisis
El alcance del contrato salió a la luz días después de que la UNAM enfrentara la crisis derivada de los actos prohibidos detectados en el examen en línea. Para atenderla, el rector Leonardo Lomelí anunció el viernes la aplicación de un examen de control presencial, dirigido tanto a quienes ya habían sido aceptados como a los aspirantes con los mejores puntajes que no lograron un espacio. Lomelí ofreció disculpas a los afectados y pidió a los jóvenes no incurrir en trampas.
La Comisión Técnica creada por la universidad para revisar el proceso de ingreso 2026-2027 inició una nueva etapa de investigación, luego de entregar al rector la recomendación de aplicar el examen presencial de control a más de 58,000 aspirantes, cifra que da cuenta de la escala del operativo correctivo. El grupo buscará ahora reconstruir cómo se tomó la decisión de migrar a la prueba digital y qué factores derivaron en las anomalías.
Alma Maldonado, investigadora titular del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav e integrante de la comisión, detalló en entrevista con El Universal el rumbo de esa indagatoria. "Lo que sigue es indagar sobre el proceso, qué pasó, cómo pasó, desde la decisión del examen en línea hasta cómo se desarrolló todo este proceso", señaló. La especialista consideró que la crisis dejará lecciones relevantes para las universidades mexicanas en materia de diseño, supervisión y contratación de plataformas digitales para procesos de selección masiva.
El costo del acuerdo ha sido motivo de escrutinio adicional. La UNAM pagó por el examen fallido en línea una cantidad superior al doble de lo erogado en 2025 por la aplicación presencial, que costó 49 mdp, según los registros de contrataciones previas de la universidad. La institución había justificado la migración al formato digital, entre otros argumentos, con criterios de sustentabilidad: estimó que la aplicación presencial generaba alrededor de 198 toneladas de basura por ciclo.
El caso reabre una discusión histórica en torno al ingreso a la UNAM, donde la brecha entre la demanda de aspirantes y los espacios disponibles ha sido fuente recurrente de tensión durante décadas. El concurso de selección, que aplica cada año a cientos de miles de jóvenes, ha registrado tradicionalmente tasas de aceptación de un solo dígito porcentual en las carreras más solicitadas, lo que convierte cualquier alteración en el proceso en un asunto de alto impacto social.
La introducción de la evaluación digital masiva plantea ahora interrogantes inéditos sobre el resguardo de datos personales de los aspirantes, dado el volumen de audio, video e imágenes que la empresa quedó obligada a conservar. En México, el tratamiento de datos personales por particulares está sujeto a la legislación en la materia, que exige finalidades específicas y medidas de seguridad para la información recabada por prestadores privados de servicios.
La investigación de la Comisión Técnica no tiene, por el momento, un plazo público de conclusión. Sus recomendaciones serán determinantes para el diseño de los futuros procesos de admisión y para definir el papel que empresas privadas como Territorium Life podrán desempeñar en la aplicación y supervisión de los exámenes de ingreso a la universidad.