El contrato de mayor cuantía identificado, con clave CON/DGRM/DCS/020/2025, fue firmado el año pasado entre la Dirección General de Recursos Materiales del CJF y Territorium Life por 13.1 mdp, destinados a la supervisión de entre 28,000 y 70,000 evaluaciones a distancia de la EFFJ, la instancia encargada de formar y capacitar a quienes aspiran a cargos jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación.
De acuerdo con el anexo técnico, en su página 23, la EFFJ requería una herramienta tecnológica capaz de monitorear a distancia a las personas sustentantes durante sus exámenes del Sistema de Carrera Judicial y de las actividades académicas propias de la escuela. El documento detalla que el sistema emplea la cámara y el micrófono de la computadora del participante para observar el espacio físico donde presenta la prueba, además de restringir el acceso a otros programas o navegadores durante la evaluación.
El extinto Consejo de la Judicatura justificó la contratación al señalar que toda la información recabada por ese mecanismo era analizada mediante inteligencia artificial, la cual, según el propio anexo, «proporciona información adicional para la toma de decisiones e inhibe los actos de deshonestidad». El órgano judicial sostenía además que el esquema beneficiaba a los sustentantes porque, indicaba, solo «requería que la persona participante tenga conexión a internet» para presentar el examen desde cualquier lugar.
En la página 34 del mismo anexo, Territorium Life se comprometió a colocar un supervisor por cada 70 personas evaluadas, con el fin de garantizar, según sus propios términos, «una atención adecuada y eficiente» durante las evaluaciones judiciales. La empresa se presentaba ante las instituciones contratantes como poseedora de una infraestructura tecnológica «de primer nivel», con capacidad para ofrecer eficacia, seguridad y confidencialidad en los procesos a distancia.
Un patrón de contratos con el sector público
Los contratos con el Poder Judicial no son un caso aislado. Según información difundida la semana pasada por EL UNIVERSAL, Territorium Life ha acumulado docenas de contratos con instituciones públicas federales —entre ellas el Instituto Nacional Electoral (INE)— y con universidades estatales, por un monto que ronda los 218 mdp. La empresa también firmó convenios con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), organismo encargado de garantizar los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos en el país.
La compañía saltó a la discusión pública por el examen de ingreso a la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), un proceso que derivó en cuestionamientos sobre fallas operativas y puso en entredicho su idoneidad para manejar evaluaciones masivas y sensibles, tanto en el ámbito educativo como en el judicial.
El lunes, el columnista de esta casa editorial Claudio Ochoa reveló que Territorium Life opera también la plataforma digital Saberes MX, impulsada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para la impartición de cursos en línea con emisión de constancias oficiales al concluirlos. Ochoa documentó que logró acreditar cursos sin haberlos tomado, lo que abre interrogantes sobre los controles de validación de la plataforma.
De la reforma judicial a la fiscalización pendiente
El Sistema de Carrera Judicial, regulado por la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, establece los concursos de oposición como la vía formal para el ingreso, promoción y permanencia del personal jurisdiccional. La reforma judicial aprobada en 2024 transformó al Consejo de la Judicatura Federal, cuyas funciones de administración y disciplina fueron reasignadas dentro del nuevo esquema derivado de la elección de jueces y magistrados por voto popular, vigente desde este año. En ese contexto, la fiabilidad de las herramientas usadas para evaluar a los aspirantes adquiere relevancia particular, pues los resultados determinan quién accede a la impartición de justicia federal.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), encargada de fiscalizar el uso de recursos públicos federales, revisa anualmente el ejercicio del gasto de los entes públicos a través de la Cuenta Pública, proceso en el que contratos de servicios tecnológicos por adjudicación directa suelen figurar entre los rubros con mayor escrutinio, particularmente cuando inciden en el acceso a cargos públicos. Hasta el momento no hay indicios de que las autoridades competentes hayan abierto una revisión formal sobre los convenios entre Territorium Life y el extinto Consejo de la Judicatura.
La contratación se produce en un momento de mayor exigencia de transparencia: el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó recientemente un decreto que obliga a los sujetos obligados a actualizar mensualmente sus contratos, en el marco de las obligaciones que rigen a dependencias, organismos autónomos y entes del Poder Judicial. No es la primera vez que una empresa privada concentra contratos de evaluación educativa o profesional en el país en medio de cuestionamientos: episodios previos vinculados a exámenes de ingreso a instituciones de educación superior derivaron en revisiones y llamados a comparecer ante comisiones de la Cámara de Diputados, aunque no siempre con consecuencias contractuales inmediatas.
El seguimiento del expediente dependerá de si la ASF incorpora estos convenios en su próxima revisión de la Cuenta Pública y de si el Poder Judicial o la SEP explican los criterios de adjudicación utilizados.