La coloración se hizo visible en distintos tramos del cauce, considerado por reportes previos de autoridades ambientales uno de los cuerpos de agua más contaminados del país. La región es, a la vez, uno de los corredores textiles más antiguos de México, con actividad concentrada en municipios como Contla, Chiautempan y Apetatitlán.
Ante los reportes ciudadanos, la Propaet desplegó personal de inspección, supervisión y rastreo en coordinación con la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) estatal y autoridades del ayuntamiento de Apetatitlán. El objetivo inmediato, según la autoridad, fue localizar el punto exacto de la descarga antes de que el colorante se dispersara aún más.
Los equipos técnicos revisaron registros, colectores y distintos puntos de la red de alcantarillado en las comunidades de Tlatempan, Atzitzimititlán y Tizatlán hasta rastrear el origen: una empresa dedicada a procesos textiles que, según el informe oficial, descargaba agua residual de teñido de manera directa al drenaje municipal, sin ningún tratamiento previo.
Durante la diligencia de inspección en el inmueble, el personal de la Propaet constató que el establecimiento carecía tanto de la documentación ambiental correspondiente para operar como de una planta de tratamiento de aguas residuales, dos requisitos exigidos por la normativa ambiental estatal y federal para este tipo de industria.
Con base en esas irregularidades, y "con el propósito de evitar la continuidad de posibles afectaciones al medio ambiente y a los recursos hídricos de la entidad", informó el gobierno estatal, la Propaet impuso como medida de seguridad la suspensión temporal de actividades mientras se resuelve el procedimiento administrativo abierto en su contra.
La empresa enfrentará ahora un proceso que, de acuerdo con la autoridad estatal, podría derivar en una sanción de al menos 3 mdp. La Propaet señaló que se garantizará el derecho de audiencia del establecimiento y que se valorarán las pruebas y elementos recabados antes de determinar responsabilidades, medidas correctivas y, en su caso, las sanciones que correspondan conforme a la legislación vigente.
Un patrón que se repite en la cuenca
El episodio no es aislado. El pasado 20 de agosto ya se había reportado una tonalidad similar en el mismo afluente, y existen antecedentes documentados de descargas de aguas residuales rojas al Zahuapan desde, al menos, noviembre de 2013, un caso que en su momento presentó características análogas al actual.
El precedente institucional de mayor peso se remonta a mayo de 2015, cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inició un procedimiento administrativo contra el grupo textil de mayor tamaño en Tlaxcala, con planta en el municipio de Contla, tras detectar "tres descargas clandestinas directas al Arroyo Ahuehuetitla, afluente del río Zahuapan", según consta en el expediente. En aquella ocasión, la Profepa determinó no renovar a la empresa su certificado ambiental, un desenlace que ilustra la dificultad histórica para frenar este tipo de vertidos en la cuenca.
El marco jurídico aplicable combina competencias estatales y federales. La Propaet actúa sobre descargas al drenaje municipal y puede imponer suspensiones y multas conforme a la legislación ambiental de la entidad; la Profepa conserva jurisdicción sobre afectaciones a cuerpos de agua de competencia federal y sobre las certificaciones ambientales de mayor alcance, lo que en casos como el de 2015 ha derivado en procedimientos paralelos.
A ese esquema se suma la Comisión Nacional del Agua (Conagua), encargada de vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas sobre descargas de aguas residuales a cuerpos receptores, un marco técnico que fija límites máximos permisibles de contaminantes y que puede activarse en paralelo a las investigaciones estatales cuando existe riesgo para la salud pública o los ecosistemas acuáticos.
La industria textil es uno de los motores económicos tradicionales de Tlaxcala y una fuente relevante de empleo en la región, lo que coloca a las autoridades ambientales ante la tensión recurrente entre la vigilancia normativa y el peso económico del sector en municipios densamente poblados que la cuenca del Zahuapan atraviesa.
Vecinos de los municipios afectados expresaron en redes sociales su preocupación por el uso del agua del río en actividades agrícolas y de riego. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si ese aprovechamiento fue suspendido temporalmente mientras se investiga el alcance de la contaminación.
De cara a los próximos pasos, la Propaet no ha precisado cuánto tiempo se mantendrá la suspensión ni en qué plazo se resolverá el procedimiento administrativo. Tampoco ha trascendido si la investigación se ampliará a otros establecimientos de la zona industrial, pese al patrón de descargas similares documentado en años anteriores. El desenlace del proceso administrativo definirá si la sanción se confirma y si la empresa acredita la documentación ambiental exigida para reanudar operaciones.