El fallo resuelve un juicio de amparo promovido por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, adscrita al Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), contra las omisiones de las autoridades mexiquenses respecto de las condiciones del penal. El proyecto de sentencia, elaborado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía, propuso amparar al organismo que lleva la defensa jurídica de un número considerable de personas internas sin acceso a defensa particular. El pleno coincidió en que el hacinamiento en los penales es uno de los principales desafíos del país.
"Es un asunto que se debe resolver de manera urgente, en el que todas las autoridades del Estado mexicano estamos llamadas respecto de los derechos humanos", indicó Figueroa Mejía durante la sesión del pleno.
El ministro Irving Espinosa Betanzo precisó que el problema no se limita a la insuficiencia de instalaciones para albergar a la población existente y citó el marco normativo de ejecución penal para sustentar las salidas jurídicas disponibles.
"En términos de la Ley de Ejecución, se pueden instrumentar diversos mecanismos para poder reducir este hacinamiento que hay en el caso particular (penal Neza Bordo). Por ejemplo, los artículos 136 a 140 regulan la libertad condicional, el artículo 141 establece la libertad anticipada y el artículo 144 permite a las personas juzgadoras de ejecución sustituir la pena privativa de libertad en ciertos supuestos, entre ellos aquellos relacionados con la edad avanzada o el grave estado de salud de la persona sentenciada", ministro Irving Espinosa Betanzo.
Espinosa Betanzo aclaró que la medida no busca una excarcelación generalizada ni sustituir las facultades de los jueces de ejecución penal, quienes conservan la decisión final sobre cada caso. "No proponemos asumir que todas las personas recluidas cumplen con los requisitos para obtener un beneficio", subrayó, y remarcó que corresponde a las autoridades penitenciarias instrumentar las medidas dentro del marco legal vigente.
Un penal diseñado para menos de dos mil
La ministra Yasmín Esquivel Mossa expuso que más de cinco mil personas llevan años en condiciones de hacinamiento en un centro diseñado para menos de dos mil internos. Para la ministra, el caso obliga a colocar en el debate constitucional la situación de quienes, aun privados de la libertad por un proceso penal o una sentencia, conservan su dignidad humana.
"Este tema nos permite poner en el centro el debate constitucional a las personas a quienes un proceso penal o sentencia judicial privó de su libertad, pero no de su dignidad humana, entendida esta como la base y condición para el disfrute de todos los derechos fundamentales y para el desarrollo integral de la personalidad", ministra Yasmín Esquivel Mossa.
La saturación penitenciaria se inscribe en un cuestionamiento más amplio a la efectividad del sistema penal mexicano, en el que de 67 mil personas detenidas por delitos de alto impacto durante el sexenio sólo 37 mil terminaron en prisión, según cifras difundidas en el propio debate público. La resolución de la Corte fija un estándar aplicable a otros centros con hacinamiento y se suma a otras causas que examinan la actuación de las fiscalías, como la que sigue el hermano de un periodista asesinado en Oaxaca contra la FGR.