La cifra ubica a Witkoff, una de las figuras centrales de las negociaciones que impulsa Washington en Gaza y en el conflicto entre Rusia y Ucrania, entre los integrantes del círculo cercano a Trump con mayores ganancias derivadas del negocio cripto familiar. Su papel como enviado especial —cargo que no requiere ratificación del Senado estadounidense, a diferencia de los secretarios de gabinete— lo mantiene en el centro de decisiones de política exterior mientras conserva vínculos económicos con una firma que ayudó a fundar.
World Liberty Financial nació en 2024 como iniciativa conjunta de las familias Trump y Witkoff. Actualmente la dirigen los hijos de ambos, lo que ha permitido a sus fundadores originales sostener que se distanciaron de la gestión operativa. De los casi 107 mdd reportados, la porción en criptomonedas —38 mdd— refleja el peso de los activos digitales emitidos por la propia firma en el patrimonio del enviado.
La Casa Blanca respondió a la cadena ABC que Witkoff «se ha desvinculado por completo» de la empresa y que sus actividades comerciales anteriores «no guardan ninguna relación» con sus esfuerzos por poner fin a conflictos en distintos puntos del mundo en nombre del presidente. La firma ha generado críticas por los posibles conflictos de interés derivados de los vínculos entre la empresa y la administración, así como por las inversiones extranjeras que ha recibido y por la participación de personas cercanas al mandatario en un negocio que puede beneficiarse de decisiones de su gobierno.
El episodio reabre un debate que acompaña a la administración Trump: la superposición entre los negocios privados del presidente, de su entorno familiar y las funciones de gobierno. El marco estadounidense para enviados especiales sin confirmación senatorial es más laxo que el que rige a otros altos cargos; a diferencia de México, donde la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el sistema de declaración patrimonial, de intereses y fiscal —coordinado por la Secretaría de la Función Pública y fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)— obliga a los servidores públicos a transparentar activos con potencial conflicto de interés.
Un debate que México ya conoce
En el sistema mexicano existe un antecedente notorio de escrutinio patrimonial sobre el círculo presidencial: el caso de la llamada Casa Blanca, revelado en 2014, cuando se cuestionó la relación entre un contratista del gobierno federal y una residencia vinculada a la familia del entonces presidente Enrique Peña Nieto. El episodio impulsó la discusión pública que derivó en el sistema de declaración 3de3 —patrimonial, de intereses y fiscal— hoy vigente para los servidores públicos.
La legislación mexicana contempla, para ciertos altos funcionarios, la obligación de enajenar o poner en fideicomiso activos con conflicto potencial. El marco estadounidense no impone un requisito equivalente de desinversión total para los enviados especiales, de modo que la decisión de cuánto transparentar y cuándo desvincularse queda, en buena medida, en manos del propio funcionario y de la voluntad política del Ejecutivo.
El funcionamiento de World Liberty Financial ha generado preguntas específicas. La firma emite un criptoactivo estable y un token de gobernanza cuyo valor depende, en parte, de decisiones regulatorias que competen a agencias federales como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y el Departamento del Tesoro estadounidense, instancias sobre las que la administración tiene influencia a través de nombramientos. Esa proximidad entre el regulador y el regulado es el núcleo de las objeciones planteadas.
Legisladores demócratas en el Congreso estadounidense han solicitado en el pasado que la Oficina de Ética Gubernamental revise los conflictos de interés derivados de la empresa, dado que ha recibido inversiones de fondos extranjeros que podrían buscar influencia sobre decisiones de la Casa Blanca en materia comercial, sancionatoria o diplomática.
Ninguna autoridad mexicana tiene jurisdicción sobre el caso, regido por el marco de transparencia y ética de Estados Unidos. No obstante, resulta pertinente para la relación bilateral: Witkoff figura entre los funcionarios estadounidenses con mayor peso en la agenda de política exterior de la Casa Blanca, un espacio donde se dirimen asuntos de comercio, seguridad fronteriza y cooperación energética que atañen directamente a México.
La declaración financiera de Witkoff corresponde a un requisito anual obligatorio para los funcionarios del Ejecutivo federal estadounidense, aunque su alcance fiscalizador difiere del que en México ejerce la ASF sobre la Cuenta Pública, que a su vez avala en su caso la Cámara de Diputados. El instrumento estadounidense obliga a reportar, pero no necesariamente a desprenderse de los activos.
El caso se suma a señalamientos previos contra integrantes del círculo cercano a Trump por la intersección entre negocios de criptoactivos y cargos públicos. Se trata de un área regulatoria que el Congreso estadounidense no ha resuelto: hasta el momento no se ha aprobado legislación específica que imponga límites más estrictos a funcionarios con participaciones en criptomonedas, por lo que el debate sobre eventuales conflictos de interés seguirá abierto en tanto no exista una norma que lo acote.