"De acuerdo con nuestra metodología, el apoyo que ha brindado el gobierno a Pemex, no solo ahora, sino también el que anticipamos seguirá otorgando en los próximos años, resta a México un notch completo en su calificación crediticia", precisó Shetty. La directora añadió que "el apoyo financiero más visible del gobierno a Pemex ha contaminado el balance presupuestario del soberano", en alusión a los mecanismos de auxilio que la administración federal ha aplicado a la petrolera estatal para sostener su operación y el pago de su deuda, una de las más elevadas entre las petroleras del mundo.
Pemex arrastra desde hace más de una década un pasivo financiero que ha obligado a los gobiernos en turno a diseñar distintos esquemas de apoyo: recortes a la carga fiscal ordinaria de la empresa, aportaciones directas de capital y garantías implícitas del Estado ante los tenedores de su deuda. El respaldo se ha extendido a lo largo de los sexenios de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
Shetty identificó dos factores como decisivos para el rumbo futuro de la calificación soberana: el bajo crecimiento económico que ha caracterizado al país y la capacidad del gobierno federal para avanzar en la consolidación fiscal. Ambos elementos, dijo, serán objeto de revisión constante por parte de la agencia en los próximos ejercicios de calificación.
La analista también se refirió a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como un factor que puede incidir en el crecimiento a través de su efecto sobre las decisiones de inversión de largo plazo. "Las revisiones anuales en las que ha entrado el proceso bilateral pueden pesar sobre el ánimo de los inversionistas", advirtió, aunque aclaró que "la resolución del acuerdo no tiene un peso específico en la ruta de la calificación de México".
Pese al diagnóstico, Shetty sostuvo que México conserva características propias de un emisor con grado de inversión, aun ubicado en el peldaño más bajo de ese grupo. Atribuyó esa fortaleza relativa a la composición de la deuda pública y a la prudencia de las autoridades hacendarias para enfrentar los numerosos choques externos que ha registrado la economía mexicana.
La comparación con los países pares
Fitch compara la situación financiera de cada país con la de sus pares de calificación al evaluar su capacidad de pago, explicó la directora. La deuda del gobierno mexicano, estimada por la agencia en 55% del PIB, se mantiene por debajo del promedio de 60% del PIB que exhiben los soberanos con calificación similar. Ese grupo incluye a Bulgaria, Chipre, Croacia, Hungría, Indonesia, India, Kazajistán, Malasia, Perú, Filipinas, Tailandia y Uruguay, de acuerdo con la clasificación de la firma.
La agencia mantiene bajo revisión un riesgo específico: que la deuda mexicana continúe en ascenso mientras la de sus pares logra estabilizarse, lo que erosionaría esa posición comparativamente favorable, advirtió la analista. En ese terreno, subrayó, México exhibe una fortaleza estructural: la proporción de su deuda denominada en moneda extranjera es inferior al 20% del total, mientras que la mediana entre sus pares se ubica entre 30% y 35%, lo que reduce su exposición a los riesgos cambiarios frente a episodios de depreciación del peso.
La composición de la deuda pública ha sido históricamente uno de los pilares que las autoridades hacendarias mexicanas han esgrimido ante las calificadoras, en especial desde la crisis de 1994-1995, cuando la exposición a pasivos en moneda extranjera y de corto plazo profundizó el impacto de la devaluación del peso y forzó un rescate financiero internacional. Las administraciones posteriores han priorizado, en distinta medida, alargar los plazos de la deuda y privilegiar el mercado local de bonos gubernamentales.
Las vías hacia la consolidación fiscal
Shetty insistió en varios momentos en la relevancia que tiene para la nota soberana avanzar en la consolidación de las finanzas públicas. Señaló dos caminos: acelerar el crecimiento económico, lo que mejoraría por sí solo las perspectivas de recaudación, o impulsar una reforma fiscal estructural que amplíe la base gravable, uno de los pendientes discutidos en el Congreso de la Unión sin que hasta ahora se haya concretado.
Fitch prevé un crecimiento de apenas 1% para el PIB de México este año, cifra inferior al 1.7% que proyectaba en el primer trimestre, lo que refleja un deterioro en las expectativas sobre el desempeño de la economía mexicana en el corto plazo.
La analista reconoció que el país ha logrado ampliar sus ingresos públicos en los últimos años sin una reforma fiscal estructural, apoyándose en una mejor administración tributaria y una mayor fiscalización de los grandes contribuyentes. Sin embargo, advirtió que existe incertidumbre sobre cuánto tiempo más podrá sostenerse esa estrategia: en la medida en que sus beneficios comiencen a agotarse, los ingresos como proporción del PIB podrían estabilizarse.
El siguiente hito relevante para la trayectoria de la calificación será la discusión del paquete económico y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2027 en San Lázaro, donde el Congreso de la Unión definirá el rumbo del gasto público y el margen de maniobra fiscal del gobierno de Claudia Sheinbaum frente a los compromisos financieros que aún pesan sobre Pemex.