"Más allá de la política de Estados Unidos y lo que hayan hecho los estados, porque eso no voy a opinar. Nosotros no hemos estado de acuerdo con los aranceles, eso lo saben, prácticamente en ningún país", señaló la presidenta al ser interrogada sobre el litigio que 25 estados de EU promueven contra el gobierno federal de ese país por las tarifas arancelarias impuestas a distintos socios comerciales, entre ellos México.
Sheinbaum insistió en que su gobierno no evaluará ese proceso judicial porque corresponde al ámbito interno de EU. "Ya lo que ocurre en el interior de Estados Unidos, pues ya es tema de ellos", concluyó, en la línea que ha mantenido su administración durante la disputa comercial: fijar la postura mexicana frente a los aranceles sin involucrarse en la política doméstica del vecino del norte.
La mandataria sostuvo que existen mecanismos distintos a la imposición de aranceles para fortalecer la competitividad económica y enfrentar los retos del comercio internacional. En ese sentido, planteó que la apuesta de México debe ser consolidar a América del Norte como bloque económico integrado, aprovechando el marco que ofrece el T-MEC, en vigor desde julio de 2020 como sucesor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
"Consideramos que hay otros mecanismos, en todo caso, para fortalecer a una región económica frente a otra y no el esquema de pensar solamente en particular", dijo. "En nuestro caso, es mejor pensar en América del Norte con el tratado comercial que tenemos frente a las otras regiones del mundo, fortalecernos como región más que ponernos límites internamente", afirmó la presidenta.
Sheinbaum precisó que la posición mexicana contraria a los aranceles no es nueva y ha sido expresada de manera reiterada por su gobierno en las negociaciones bilaterales con Washington. No obstante, subrayó que la definición última de la política comercial estadounidense corresponde exclusivamente a ese gobierno. "Esa siempre ha sido nuestra opinión y la hemos manifestado, evidentemente, en las negociaciones. Pero es una decisión que toma el gobierno de Estados Unidos", indicó.
El marco del T-MEC y su revisión
El T-MEC, firmado en 2018 y ratificado por los tres países entre 2019 y 2020, contempla una revisión conjunta prevista para 2026, mecanismo que obliga a México, Estados Unidos y Canadá a evaluar el funcionamiento del acuerdo y decidir si se mantiene, se modifica o se da por terminado. Ese proceso de revisión constituye el marco institucional en el que el gobierno mexicano ha buscado insertar sus objeciones a la política arancelaria estadounidense, en paralelo a las negociaciones bilaterales directas con Washington.
La postura de la presidenta se produce en un contexto de tensión comercial prolongada desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, cuando el mandatario republicano retomó y amplió su estrategia arancelaria como una de las banderas centrales de su política económica exterior, invocando razones de seguridad nacional y déficit comercial para justificar gravámenes a importaciones de socios comerciales, entre ellos México, Canadá, China y la Unión Europea.
La demanda de los 25 estados contra el gobierno federal estadounidense, mencionada en la conferencia, se inscribe en un conjunto de litigios que diversos actores —gobiernos estatales y asociaciones empresariales— han promovido en tribunales de EU contra la facultad presidencial de imponer aranceles sin aprobación expresa del Congreso, invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), fundamento legal que la Casa Blanca ha utilizado para buena parte de sus medidas.
Un desacuerdo con antecedentes
El reclamo mexicano frente a medidas proteccionistas estadounidenses tiene precedentes de décadas, desde las disputas por cuotas azucareras y por aranceles al jitomate mexicano en los años noventa hasta el conflicto por los gravámenes al acero y al aluminio que Trump impuso en su primer mandato, en 2018, y que entonces derivó en negociaciones que culminaron con exenciones parciales para México y Canadá bajo esquemas de cupos de exportación. La integración productiva de la región, con cadenas de suministro que cruzan las tres fronteras en sectores como el automotriz, el electrónico y el agroalimentario, es el argumento que el gobierno mexicano ha esgrimido de manera recurrente para sostener que los aranceles generalizados también afectan a empresas y consumidores estadounidenses.
La revisión conjunta del T-MEC, cuyo proceso formal debe activarse en 2026 conforme al calendario pactado, será el escenario en el que la administración de Sheinbaum buscará plasmar sus objeciones a los aranceles y defender la vigencia del tratado como instrumento para ordenar la relación comercial trilateral. Mientras ese proceso avanza, el litigio de los estados estadounidenses seguirá su curso en tribunales de EU, sin que el gobierno mexicano haya anticipado intervención alguna: la Presidencia ha reiterado que su estrategia frente a Washington seguirá centrada en la vía diplomática y en las negociaciones bilaterales directas.