Sheinbaum Pardo relató que le pidió expresamente al canciller que "no dejara de insistir en que no estamos de acuerdo en el trato que están recibiendo nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos y que queremos el esclarecimiento de todas aquellas personas que fallecieron bajo estas circunstancias". Según la presidenta, Rubio abordó el tema durante el encuentro bilateral, aunque en la mañanera no se detallaron compromisos concretos ni plazos por parte de la contraparte estadounidense.
La mandataria subrayó que su gobierno mantiene una política de acompañamiento a los connacionales que trasciende la asistencia consular tradicional. "No solamente hemos apoyado a las familias para que puedan presentar denuncias, sino ya como Estado mexicano hemos presentado las denuncias directamente en Departamentos de Justicia locales, estatales y federales", declaró, en referencia a gestiones legales impulsadas de forma directa por instancias mexicanas ante autoridades de distintos niveles en EU.
El objetivo que fijó la presidenta es doble: "lo que buscamos es la no repetición, y también el respeto a los derechos humanos de todas y todos los migrantes que están en Estados Unidos, ese es nuestro objetivo". La formulación sitúa el reclamo no solo en el plano de la reparación por hechos ya consumados, sino en la exigencia de cambios de protocolo hacia adelante. La presidenta no ofreció este jueves una cifra actualizada de casos abiertos ni un balance de las denuncias ya presentadas.
Un canal diplomático con precedentes desiguales
El asunto se inscribe en la agenda bilateral que México ha sostenido con la administración estadounidense en materia migratoria desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, caracterizado por un endurecimiento de las políticas de control fronterizo y deportación. El recurso a la vía diplomática de más alto nivel —de presidenta a secretario de Estado, pasando por el canciller— no es inédito en la relación bilateral. Gobiernos mexicanos previos, desde el de Vicente Fox hasta el de Andrés Manuel López Obrador, emplearon gestiones similares ante escaladas de tensión migratoria, con resultados que dependieron en buena medida de la disposición de cada administración estadounidense en turno.
El marco jurídico que ampara buena parte de estas gestiones es la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, de la que tanto México como Estados Unidos son parte. El instrumento obliga a las autoridades estadounidenses a informar a los consulados mexicanos cuando se detiene a un ciudadano mexicano y a permitir el acceso consular. El incumplimiento de esa notificación ha sido, en el pasado, uno de los argumentos centrales de México en litigios y quejas ante instancias internacionales.
La red consular mexicana en Estados Unidos es la más extensa que un país mantiene en otro: cincuenta y tantas representaciones que atienden a una comunidad de origen mexicano que suma millones de personas, muchas de ellas con décadas de residencia. Esa infraestructura es la que canaliza el acompañamiento a familias, la presentación de denuncias y el seguimiento de los casos de fallecimiento que ahora la presidencia coloca en la mesa de la relación bilateral.
Sheinbaum reiteró que su gobierno "siempre apoyará" a las y los connacionales en Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo. En un anuncio paralelo, indicó que se evaluará declarar el 15 de octubre como el "día de las abuelitas y abuelitos migrantes", una medida de carácter simbólico. La presidenta no precisó el mecanismo legal ni el calendario para formalizar esa declaratoria, que se sumaría a otras acciones de reconocimiento a la comunidad mexicana en el exterior.
Del lado estadounidense, no ha trascendido una respuesta detallada del Departamento de Estado sobre los compromisos que Rubio habría asumido en la reunión de Washington, más allá de la mención del tema durante el encuentro que refirió la propia mandataria. Tampoco se ha informado si la parte estadounidense aceptó abrir investigaciones específicas sobre los casos que el gobierno mexicano ha planteado. El ICE, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, no se ha pronunciado sobre los señalamientos.
La cancillería mexicana no ha anunciado una fecha para un nuevo encuentro de alto nivel sobre el tema. El propio relato presidencial sugiere que el asunto seguirá presente en los canales diplomáticos abiertos entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado en las próximas semanas, mientras persistan los operativos migratorios en ciudades estadounidenses con alta presencia de comunidad mexicana.