"Todo el mundo ha tenido impactos económicos", afirmó la presidenta, quien matizó que "algunos países más que otros, pero todo el mundo ha tenido impactos y México también". Sheinbaum Pardo explicó que el sector automotor había sido el principal activo de exportación del país y que, "ahora con el arancel que puso Estados Unidos, pues ha disminuido la exportación de vehículos. Entonces, eso tiene su impacto".
La mandataria sostuvo que su gobierno ha promovido "desde hace tiempo" un entendimiento bilateral con Estados Unidos para "garantizar la producción de vehículos en México, para el mercado interno y para la exportación, en coordinación con políticas en los Estados Unidos". No detalló, sin embargo, los términos concretos que buscaría incluir en ese acuerdo ni un calendario para su eventual cierre, ni precisó si las conversaciones se conducirían dentro del marco del T-MEC o por canales bilaterales adicionales.
Al describir la composición del sector, Sheinbaum Pardo indicó que las armadoras instaladas en el país "o son estadounidenses, o son japoneses, o son coreanas las que están en México, o europeas, de Alemania principalmente". Esa naturaleza multinacional supone que cualquier negociación arancelaria involucraría no solo al gobierno estadounidense, sino a corporativos cuyas decisiones de inversión dependen de la certidumbre regulatoria a ambos lados de la frontera.
Del arancel al Plan México
Frente a ese escenario, la presidenta insistió en que su gobierno mantiene la estrategia conocida como Plan México, presentada como eje de la política industrial del sexenio. "Nosotros tomamos la decisión de seguir lo que llamamos el Plan México, que es fortalecer el mercado interno y la producción nacional en distintas áreas, y al mismo tiempo fortalecer la infraestructura, las obras públicas a través de distintos mecanismos de financiamiento", expuso.
Sheinbaum Pardo se mostró confiada en la evolución económica durante la segunda mitad de 2026, al señalar que el desarrollo de obras públicas en curso debería traducirse en un mejor desempeño de la actividad económica en los próximos meses. No aportó cifras de crecimiento esperado ni estimaciones sobre la magnitud de la caída en las exportaciones de vehículos.
La industria automotriz constituye uno de los pilares de la relación comercial establecida bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente desde 2020 como sucesor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado en 1994. Ese marco definió reglas de origen y contenido regional que las medidas arancelarias estadounidenses tensionan al introducir gravámenes que exceden lo previsto originalmente en el tratado.
El T-MEC contempla además un mecanismo de revisión conjunta entre los tres socios, previsto para 2026, que abre la puerta a ajustes en las reglas vigentes, incluidas las relativas al sector automotor, uno de los más sensibles por su peso en el empleo formal y las exportaciones. El gobierno mexicano no ha precisado si el acuerdo que impulsa se insertaría en esa revisión o discurriría por una vía paralela.
La relación entre la industria del automóvil y el vínculo con Estados Unidos tiene raíces largas. Desde la instalación de las primeras plantas ensambladoras en la década de 1960 hasta la consolidación de la manufactura de exportación bajo el TLCAN, el sector se convirtió en una de las principales fuentes de inversión extranjera directa, con concentración en estados como Guanajuato, Coahuila, Puebla y Aguascalientes. Episodios previos de fricción comercial —como la propia renegociación que dio paso al T-MEC entre 2017 y 2018— mostraron ya la exposición de la cadena automotriz a los cambios de política en Washington.
La postura de Sheinbaum Pardo se produce en un momento en que el gobierno federal busca sostener la inversión extranjera en el sector manufacturero, uno de los motores del fenómeno de relocalización o nearshoring, atractivo para empresas que pretenden acortar cadenas de suministro tras las disrupciones logísticas de años recientes. La certidumbre arancelaria es, en ese contexto, una de las variables que las armadoras ponderan al decidir dónde ubicar sus líneas de producción.
De cara a los próximos meses, el gobierno federal deberá precisar el estatus de las conversaciones con Estados Unidos y su eventual traducción en compromisos formales, mientras el sector privado automotriz y los gobiernos estatales con mayor presencia de plantas ensambladoras seguirán de cerca cualquier movimiento que modifique las condiciones arancelarias actuales. La revisión del T-MEC prevista para este año marca el horizonte inmediato en el que esa negociación tendría que definirse.