Sheinbaum atribuyó la responsabilidad a ambos órganos por diseño constitucional. "Quien organiza las elecciones es el Instituto Nacional Electoral, es una institución autónoma, y quien califica la elección finalmente es el Tribunal Electoral y ellos tienen que definir reglas, características de lo que es la propaganda de las redes sociales", declaró ante los medios acreditados en Palacio Nacional. La presidenta añadió que, desde su perspectiva, es el INE quien debe fijar "al menos las limitantes en términos de la propaganda".
El planteamiento se produce a poco menos de un año de que arranque el proceso electoral intermedio de 2027, en el que se renovará la Cámara de Diputados y se disputarán varias gubernaturas. Es el primer proceso comicial de gran escala del sexenio, tras la elección presidencial de 2024 que llevó a Sheinbaum a Palacio Nacional.
Durante su intervención, la mandataria estableció una comparación con el sistema electoral colombiano, donde, según dijo, el conteo de votos recae en una empresa privada. "En México quien cuenta los votos son las y los ciudadanos", subrayó, en referencia al esquema mexicano de casillas integradas por funcionarios ciudadanos designados por sorteo. E insistió en que existe consenso sobre mantener ese modelo: "En eso estamos de acuerdo todos los mexicanos, que el INE siga siendo quien organice las elecciones y que sean los representantes de casilla quien cuente los votos".
El andamiaje legal y su historia
La postura de la presidenta se apoya en el marco vigente. El artículo 41 constitucional establece al INE como autoridad autónoma encargada de organizar los procesos federales, y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) detalla sus facultades en materia de fiscalización y campañas. El TEPJF, conforme al artículo 99 constitucional, es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia: resuelve las impugnaciones y califica la validez de los comicios, incluida la elección presidencial.
El papel del organismo electoral como garante de la organización de los comicios se remonta a la reforma de 1990, que creó el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) tras las elecciones presidenciales de 1988, marcadas por la interrupción del sistema de cómputo —la llamada "caída del sistema"— y las acusaciones de fraude. Su autonomía se fortaleció con las reformas de 1996 —que también incorporó al Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación— y de 2014, cuando el instituto adoptó su denominación actual y amplió sus atribuciones nacionales.
La regulación de la propaganda en redes sociales ha sido un asunto sin encuadre normativo específico para ambas instituciones. El INE ha emitido lineamientos sobre fiscalización de gastos en plataformas digitales, pero persisten zonas grises respecto a la difusión de contenidos no pagados, las cuentas automatizadas y la desinformación durante los procesos electorales, un terreno donde la naturaleza descentralizada de plataformas como X, Facebook e Instagram dificulta el rastreo de gastos de campaña.
Un debate sin iniciativa formal en San Lázaro
El asunto ha derivado en posiciones encontradas entre las bancadas. Legisladores de oposición han planteado en el pasado la necesidad de una reforma electoral que aborde de manera específica la propaganda digital, mientras que representantes del grupo parlamentario de Morena han sostenido que las atribuciones actuales del INE resultan suficientes si se aplican con rigor. El debate no se ha traducido hasta ahora en una iniciativa concreta ante la Cámara de Diputados.
El escenario de fondo es el reparto de fuerzas en la LXVI Legislatura, donde Morena y sus aliados encaran el proceso de 2027 con mayoría en el Congreso de la Unión, un balance que la oposición ha invocado para cuestionar cualquier eventual modificación al marco del INE o del TEPJF.
El calendario acota los tiempos. El proceso electoral formal para los comicios de 2027 se prevé que inicie en septiembre del año previo a la jornada, conforme a los plazos de la LGIPE, de modo que las discusiones sobre reglas de propaganda digital tendrían que resolverse en los próximos meses si se pretende que rijan desde el arranque de las precampañas.
Ni el INE ni el TEPJF han emitido hasta el momento un pronunciamiento formal en respuesta a los comentarios de la presidenta. La eventual regulación de plataformas digitales, apuntan referencias del propio ámbito electoral, requiere además coordinación con las empresas tecnológicas, cuyas políticas internas de moderación de contenidos operan bajo marcos distintos a la legislación electoral mexicana. El siguiente hito será la discusión legislativa del periodo ordinario en curso y la definición de reglas antes de que se abra el proceso comicial.