Nadie salió del Salón Nishizawa oponiéndose a que los niños piensen por sí mismos. Ese es, en rigor, el techo de ambición de una Carta de Intención: un instrumento de cooperación que fija propósitos compartidos sin generar obligaciones jurídicas exigibles ni presupuesto asociado. Se firma, se documenta y se cita a la subdirectora general de la UNESCO, Lidia Arthur Brito, quien sostuvo que la incorporación de tecnología debe preservar «la relación humana entre estudiantes, el pensamiento crítico, la creatividad, el diálogo y la dimensión social del aprendizaje». El compromiso operativo, sin embargo, apenas comienza a definirse.
Delgado ofreció un diagnóstico preciso del modelo que rige a las plataformas: advirtió que los algoritmos «pueden utilizar inteligencia artificial para conocer nuestros hábitos, ofrecernos contenido que capte nuestra atención y prolongar nuestro tiempo de permanencia». El secretario señaló que esa lógica resulta especialmente delicada para las nuevas generaciones y que requiere acciones para proteger su bienestar. El reto, sostuvo, es mantener la tecnología «al servicio de las personas», preservando el pensamiento crítico, el humanismo y el interés superior de la niñez conforme a la Nueva Escuela Mexicana.
La cifra que el propio secretario ofreció como respaldo merece lectura detenida: 17 entidades federativas ya cuentan con alguna medida sobre dispositivos en las aulas. Es decir, más de la mitad del país —quince estados quedan fuera de esa lista— opera sin regla clara, mientras el Sistema Educativo Nacional se propone «considerar la experiencia» de esos casos dispersos. No hay, hasta donde se informó, un criterio homologado sobre si un celular puede entrar al salón de clases en Chihuahua igual que en Oaxaca. La Carta de Intención llega, en ese sentido, menos como punto de partida que como reconocimiento de una fragmentación previa.
Un rezago frente a la mayoría del planeta
El dato que Delgado atribuyó a la UNESCO —más de 114 países con algún tipo de regulación sobre dispositivos digitales en la educación— sitúa a México en la parte trasera de una conversación global ya avanzada. Brito precisó que la colaboración abarcará dispositivos móviles, redes sociales e inteligencia artificial, y ofreció al sector educativo «nuestra experiencia técnica y los conocimientos desarrollados por la UNESCO sobre tecnología, educación y ética de la inteligencia artificial». La funcionaria agregó que se buscará sumar aliados para que la transformación tecnológica contribuya al bienestar de niñas, niños y jóvenes.
La relación entre el Estado mexicano y la tecnología educativa arrastra un historial de programas que no sobrevivieron al cambio de administración. El sistema Enciclomedia, impulsado en el sexenio de Vicente Fox para equipar aulas de primaria con pizarrones y computadoras, y los posteriores programas de dotación de tabletas a alumnos de escuelas públicas ilustran una constante: anunciar la modernización tecnológica del aula ha resultado más sencillo que sostenerla en el tiempo. La pregunta que la Carta de Intención no resuelve por sí sola es si esta vez el instrumento derivará en normas con fecha de entrada en vigor o si engrosará el archivo de convenios ceremoniales.
Hay una tensión que el acto no aborda de frente: la SEP invoca «pensamiento crítico» y «humanismo» mientras el propio material recuerda que México se ubica entre los tres países con menor desempeño en la prueba PISA, según una alerta del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). El sistema educativo enfrenta problemas de aprendizaje que anteceden por mucho a la llegada del celular al salón. Regular las pantallas sin atender por qué los alumnos leen y calculan por debajo del promedio equivale a intervenir sobre el síntoma más visible mientras persiste la dificultad de fondo.
La UNESCO aporta lo que su mandato permite: asistencia técnica, estudios comparados y recomendaciones. Brito explicó que la colaboración fortalecerá «las capacidades del Sistema Educativo Nacional en materia de transformación digital». Pero un organismo internacional no sustituye la decisión política que corresponde al Estado mexicano: definir, con rango normativo y no solo de intención, si el celular entra o no al aula, bajo qué condiciones, con qué sanciones y con qué presupuesto para hacerlo cumplir en la red de escuelas de educación básica del país. Ese ejercicio se legisla o se reglamenta; hasta ahora no hay indicio de que vaya a concretarse antes de que termine el periodo ordinario en curso del Congreso de la Unión.
Queda fuera del cuadro el ángulo de las propias plataformas. Las empresas que Delgado describió —las que retienen la atención y perfilan hábitos mediante inteligencia artificial— no estaban en el Salón Nishizawa ni suscribieron compromiso alguno. Una carta de intención entre una secretaría y un organismo de Naciones Unidas no modifica su operación. La regulación de esas compañías transita por otros mecanismos —protección de datos personales, competencia económica o legislación específica— que exceden el mandato educativo y que el acto del martes no aborda.
Los plazos que faltan por definir
El siguiente paso verificable es si la asistencia técnica se traduce en un marco normativo nacional con plazos públicos o si se diluye en una nueva ronda de estudios y recomendaciones. Los 17 estados que ya regulan podrían servir como piso mínimo de una eventual ley general en la materia; también podrían quedar como referencia dispersa. Delgado afirmó que la Carta «representa un paso importante para generar conciencia, construir consensos y tomar decisiones informadas», sin ofrecer un calendario para convertir esos consensos en reglas exigibles.
Brito mencionó, en ese contexto, la visita del Papa a la sede de la UNESCO en París, prevista para el 25 de septiembre, y la firma entonces de un acuerdo sobre inteligencia artificial. La coincidencia temporal de documentos sobre tecnología y educación en un mismo mes no supone una estrategia coordinada: indica que el asunto ocupa la agenda internacional, lo cual no equivale a que esté resuelto en los planteles.
La escena del Salón Nishizawa deja una constatación y una incógnita. La constatación: la SEP reconoció en público que las plataformas no son neutrales y que su diseño responde a intereses distintos a los del aprendizaje. La incógnita: si ese reconocimiento derivará en reglas exigibles antes de que otra generación termine la primaria con el celular ya integrado a su rutina escolar, o si la carta quedará archivada mientras cada entidad decide por su cuenta. Ni la SEP ni la UNESCO fijaron, por ahora, la fecha en que ese marco nacional dejaría de ser una intención.