Noventa y dos votos a favor para que cinco instructores de Fuerzas Especiales, 17 integrantes del Batallón de Fusileros Paracaidistas y 18 del Batallón de Comandos Anfibios crucen la frontera con equipo táctico y armamento orgánico —sin municiones, precisa el dictamen— no es solo una cifra: es un consenso. Y un consenso de esa dimensión en el pleno suele significar una de dos cosas: que el asunto es trivial, o que nadie quiso ser quien hiciera la pregunta incómoda.
La pregunta incómoda no es si México debe fortalecer su compatibilidad operativa con el SOCNORTH, el Comando de Operaciones Especiales del Comando Norte. Es más elemental: entre los objetivos que el propio dictamen enumera figuran el empleo táctico de drones para "reconocimiento, vigilancia, adquisición de objetivos", el tiro de francotiradores, el combate cercano en interiores y el patrullaje urbano y rural. Son competencias de combate, no de protocolo, y se adquieren bajo el marco de capacidades de planificación y ejecución conjunta con Estados Unidos.
Camp Shelby, base de despliegues reales
Camp Shelby Joint Forces Training Center, en Mississippi, es una de las instalaciones de entrenamiento de mayor tamaño del ejército estadounidense, usada durante décadas como plataforma de preparación para despliegues operativos. Que 40 marinos mexicanos acudan ahí a entrenar tiro de precisión y combate urbano no es en sí un escándalo: la cooperación militar bilateral tiene recorrido largo. La distancia relevante es otra, la que media entre el contenido del adiestramiento y el silencio con que se procesó en tribuna.
Compárese el trámite con la parálisis legislativa que esta casa describió en Cien iniciativas, ninguna aprobada. Aquí, en cambio, el dictamen avanzó sin fricción visible: sin grupo parlamentario que pidiera la comparecencia de la titular de Marina, sin punto de acuerdo paralelo que exigiera un informe pormenorizado al pleno. La eficiencia legislativa existe; solo que se reserva, al parecer, para ciertos asuntos.
El permiso tiene base constitucional. El artículo 76 de la Constitución faculta al Senado para autorizar la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, y el artículo 89 obliga a la presidenta a solicitarla. El mecanismo está diseñado precisamente para que el envío de fuerzas armadas al exterior pase por control parlamentario, no para que se despache por aclamación.
La bandera que sí generó consenso
Resulta llamativo que la misma legislatura que celebró la reforma contra la doble nacionalidad presidencial despachara sin estridencia el envío de tropas a entrenar en territorio estadounidense. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó esa reforma con una consigna nítida sobre la soberanía simbólica.
"Los presidentes de México solo pueden tener una bandera", afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al celebrar la aprobación de la reforma contra la doble nacionalidad.
La soberanía entendida como símbolo genera consenso instantáneo. La soberanía entendida como fiscalización parlamentaria de lo que hacen las fuerzas armadas fuera del territorio generó 92 votos y ninguna pregunta documentada en el pleno. No se trata de sospechar motivos ocultos donde hay cooperación técnica legítima, sino de anotar que aprobar por unanimidad no equivale a fiscalizar: las comisiones de Marina y de Defensa Nacional existen para algo más que firmar.
El dictamen ya está aprobado. Los 40 elementos volarán en una aeronave CASA CN-295 de la Secretaría de Marina rumbo a Mississippi el 24 de octubre y, según el calendario del evento SOF 1, regresarán el 13 de diciembre, presumiblemente más diestros en patrullaje urbano y tiro de precisión. Lo que no volverá, salvo que alguien lo busque expresamente, es la oportunidad de preguntar en tribuna por qué 92 senadores encontraron evidente lo que, leído con calma, era al menos discutible.