La DGEHM fija cada quincena los precios de referencia de los combustibles con base en una fórmula que pondera el comportamiento internacional del crudo y sus derivados. Es un mecanismo técnico y periódico, concebido para trasladar de forma ordenada al surtidor las variaciones de los mercados internacionales de referencia. En esta ocasión, según la dirección, el resultado fue una foto fija: el mismo precio que la quincena anterior.
La pregunta que el comunicado no responde es por qué esa fórmula, alimentada por un mercado que la propia autoridad califica de incierto, arroja un número idéntico al del período previo. Cabe una explicación de coincidencia estadística: los precios internacionales, pese al ruido, se habrían movido dentro de un rango que no alcanzó a trasladarse al costo final del galón. Cabe otra: que el margen de ajuste se absorbiera en algún punto de la cadena antes de llegar al surtidor. La diferencia no es cosmética. Una hipótesis describe un mercado tranquilo; la otra, un mercado contenido.
El Salvador no produce petróleo ni lo refina en volumen relevante y depende de importaciones para mover su parque vehicular, su transporte de carga y parte de su generación eléctrica. Esa dependencia es estructural y de larga data. Cuando el crudo sube en el mercado internacional, el país lo resiente con desfase de días; cuando baja, el traslado al consumidor rara vez es igual de veloz. La estabilidad de esta quincena, por tanto, puede leerse como una buena noticia completa —si el mercado efectivamente se aplanó— o como una buena noticia parcial, si lo que se aplanó fue el comunicado y no el mercado.
Un precedente que marcó la política de precios
Existe un antecedente que ordena la lectura del episodio: la escalada de precios de 2008, cuando el barril de petróleo tocó máximos históricos y las autoridades de entonces recurrieron a subsidios al transporte público para contener el impacto sobre las tarifas de buses. Aquel episodio dejó una constante que ninguna administración posterior ha ignorado del todo: en un país sin producción propia, la política de precios de los combustibles es también política de estabilidad social. Cada quincena de precios estables es, a la vez, una quincena sin conflicto en las terminales de buses.
De ahí que el anuncio admita dos lecturas simultáneas. La primera es la del alivio inmediato: ningún salvadoreño verá encarecido esta quincena el diésel que mueve su microbús ni la gasolina que llena el tanque de su vehículo. La segunda es la de la fiscalización: cuánto de esa estabilidad corresponde al mercado y cuánto a un amortiguador estatal, y quién asume la diferencia cuando la cuenta finalmente llegue.
El comunicado de la DGEHM no ofrece el desglose de esa ecuación. No precisa si hay subsidio de por medio, si el margen de las distribuidoras se comprimió o si la fórmula arrojó un resultado neutro. Ese silencio no es un mero defecto de comunicación: la política de precios de combustibles se anuncia con la parquedad de un parte técnico, cuando incide directamente en el costo de vida de miles de hogares cuya única opción de transporte es el bus o el microbús que funciona con ese mismo diésel.
Tampoco ayuda que el anuncio se enmarque en el lenguaje de la excepcionalidad —«pese al contexto de incertidumbre»— sin explicar en qué consiste esa incertidumbre ni cómo se tradujo, o no, en el precio final. En materia de energía, la transparencia sobre el cálculo es la principal defensa del consumidor frente a una fórmula que no puede verificar. Cuando la autoridad reguladora anuncia el resultado sin mostrar el procedimiento, el beneficio al consumidor queda, en el mejor de los casos, incompleto.
Conviene situar el episodio en el mapa regional. Guatemala, Honduras y Costa Rica —vecinos con estructuras de mercado distintas pero con la misma dependencia del crudo importado— han enfrentado sus propios sobresaltos de precios, y algunos han recurrido a esquemas de estabilización financiados con fondos públicos. El Salvador no es ajeno a esa dinámica. La comparación sirve de referencia: cuando un país centroamericano sostiene precios estables sin sacrificio fiscal visible, suele ser porque halló margen en el mercado; cuando lo logra pese a un mercado adverso, suele ser porque algún renglón presupuestario absorbe la diferencia.
El comunicado no menciona ningún fondo de estabilización ni mecanismo de compensación con cargo al Presupuesto General de la Nación. Su ausencia no prueba que no exista; indica que, de existir, el ciudadano no lo conoce. En un sistema donde el gasto público debe poder rastrearse —tarea que corresponde, entre otras instancias, a la Corte de Cuentas de la República—, la falta de ese dato no es menor. Una quincena de precios estables que no explica su propio mecanismo obliga, cuando menos, a formular la pregunta.
El desenlace de este asunto no llegará esta quincena ni probablemente la siguiente. Llegará el día en que el mercado internacional del petróleo se mueva con fuerza suficiente para que ninguna fórmula ni comunicado absorba el golpe sin que el consumidor lo note en el surtidor. Entonces se sabrá, en retrospectiva, si la calma de finales de julio de 2026 fue producto de un mercado benigno o el tramo final de una cuerda que, tarde o temprano, se tensa. La próxima revisión de precios de referencia de la DGEHM está prevista para el 4 de agosto, cuando arranque la siguiente quincena.
