Casa 47 es la sociedad pública impulsada por el Ministerio de Vivienda para movilizar suelo y patrimonio de titularidad estatal hacia el alquiler asequible, dentro del plan que el Gobierno presenta como respuesta a la escalada de precios del arrendamiento. Su catálogo, accesible en la página web de la entidad, incluye inmuebles repartidos por distintas comunidades autónomas, con precios y requisitos de acceso que varían según la ubicación y las características de cada vivienda.
Entre los casos consultados en esa web figura un piso de tres habitaciones en Vidreres, municipio de la provincia de Gerona con 8.860 habitantes, ofertado por 1.012 euros mensuales. En San Antonio de Benagéber, localidad valenciana de unos 11.000 vecinos, la entidad alquila una vivienda de cuatro habitaciones por 1.066 euros. Y en Mas de Pavia, núcleo de apenas 160 habitantes perteneciente al municipio de Chiva —una de las zonas de Valencia afectadas por la dana de octubre de 2024—, el precio ofertado es de 956 euros mensuales.
La comparación con la renta local resulta desfavorable para el argumento de la asequibilidad. En Vidreres, la renta disponible media se sitúa en 25.373 euros anuales, según los datos manejados sobre el municipio, de modo que el alquiler de 1.012 euros mensuales supondría en torno al 48% de esos ingresos. La cifra queda muy por encima del umbral de esfuerzo que la doctrina financiera considera sostenible, situado habitualmente entre el 30% y el 35% de la renta del hogar.
A esa brecha se añade un obstáculo adicional: los requisitos de acceso exigidos por la propia entidad. Algunos interesados en viviendas catalanas de Casa 47 se han encontrado con la exigencia de acreditar ingresos brutos anuales mínimos de 40.000 euros, una cantidad que excede ampliamente la renta media de los municipios donde se ubican los inmuebles y que, de facto, dejaría fuera a buena parte de la población local de unas viviendas calificadas como asequibles.
El acto de este lunes se produjo en un momento de tensión política en torno a la vivienda, uno de los asuntos que con más frecuencia enfrenta al Gobierno central con las comunidades gobernadas por el PP. Sánchez contrapuso la política de su Ejecutivo a la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en alusión a la adquisición de «un aticazo de más de 6 millones de euros para la presidenta de un gobierno autonómico de turno».
El presidente defendió que su Gobierno ya ha «movilizado» más de 1.200 inmuebles bajo la fórmula de alquiler asequible y sostuvo que buscar vivienda se ha convertido en España en «una suerte de carrera de obstáculos», con casos en que el alquiler consume más de la mitad del sueldo o en que una habitación cuesta lo que una casa entera. «Es una tremenda injusticia que tener una vivienda digna se haya convertido, para demasiada gente, en una aspiración idealista y casi imposible. Y yo me niego a aceptarlo», afirmó. Durante su intervención no detalló las características ni los precios concretos de los arrendamientos anunciados.
El Ministerio de Vivienda no ha ofrecido en actos públicos como el de este lunes el desglose completo de precios y requisitos de acceso de los 1.200 alquileres, lo que dificulta valorar en qué medida esas viviendas resultan efectivamente asequibles para los perfiles de renta media-baja a los que en principio se dirige el programa. La distancia entre el discurso de accesibilidad y los importes ofertados por la propia entidad pública ha abierto un flanco de crítica sobre la coherencia de la política gubernamental.
Qué prevé la ley y cuánto pesa el parque público en España
La Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada en 2023, introdujo la figura de la vivienda asequible incentivada y fijó mecanismos para contener precios en zonas tensionadas, aunque su aplicación depende en buena medida de las comunidades autónomas, competentes en la materia conforme al artículo 148.1.3 de la Constitución. La creación de Casa 47 responde al intento del Ejecutivo central de dotarse de un instrumento propio para intervenir en el mercado del alquiler mediante la gestión de suelo y patrimonio estatal, sorteando en parte esa dependencia autonómica.
El precedente de las sociedades públicas de alquiler no es nuevo. En la década de 2000 el Gobierno creó la Sociedad Pública de Alquiler, que arrastró resultados limitados en volumen de vivienda finalmente puesta en el mercado, y antes se sucedieron los planes de vivienda protegida desde los años setenta. La dificultad histórica no ha sido tanto normativa como de escala: el parque público de alquiler en España ronda el 2,5% del total, muy por debajo de la media de la Unión Europea y de países como Países Bajos, Austria o Dinamarca, donde según Eurostat supera el 9%.
El trasfondo de la controversia es una subida sostenida de los precios del alquiler. Los indicadores del Ministerio de Vivienda han venido reflejando incrementos interanuales que en distintos ejercicios superaron el 8%, muy por encima del avance de los salarios registrado por el INE en el mismo periodo, lo que ha intensificado la presión social y política sobre el Gobierno para exhibir resultados tangibles en la puesta a disposición de vivienda pública.
El núcleo del debate reside en la propia definición de «asequible». Al no existir un criterio homogéneo entre administraciones central, autonómicas y locales vinculado a la renta real de cada municipio, un mismo precio puede quedar por debajo del mercado en una gran capital y, sin embargo, superar la mitad de los ingresos medios en una localidad de renta baja. Colectivos vecinales de la España interior han reclamado adaptar los baremos de renta mínima a la realidad de cada territorio ante la escasez de oferta fuera de las grandes ciudades.
De cara a las próximas semanas queda pendiente que el Ministerio de Vivienda amplíe la información sobre el conjunto de los 1.200 alquileres —distribución geográfica, precios y criterios de adjudicación— y aclare si prevé revisar los requisitos de ingresos mínimos aplicados por Casa 47 en los municipios citados. La comparación entre el discurso oficial y las condiciones efectivas de acceso a estas viviendas seguirá previsiblemente en el centro del debate político sobre vivienda durante el otoño, coincidiendo con el inicio del curso parlamentario.
