La formulación de la ministra, deliberadamente abierta, no precisó si apuntaba exclusivamente a las redes de tráfico de personas o también a una eventual pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes en la vigilancia de la frontera. Robles no detalló ese extremo ni ofreció cifras sobre el número de personas que lograron cruzar ni sobre eventuales víctimas.
Ceuta, enclave español en el norte de África limítrofe con Marruecos, ha sido escenario recurrente de crisis migratorias por la singularidad de constituir una de las dos únicas fronteras terrestres entre la Unión Europea y el continente africano, junto con Melilla. Su control depende en gran medida de la cooperación de las autoridades marroquíes, en aplicación de acuerdos bilaterales y del compromiso asumido por Rabat a cambio de financiación europea para la gestión de fronteras.
Del salto de 2021 al giro sobre el Sáhara
El precedente más citado es el de mayo de 2021, cuando cerca de 10.000 personas cruzaron hacia Ceuta en apenas 48 horas tras la relajación de los controles marroquíes, en un episodio que Rabat vinculó a la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para tratarse de la covid-19. Aquella crisis marcó un punto de inflexión en la relación bilateral.
España revisó su posición sobre el Sáhara Occidental en marzo de 2022, cuando respaldó la propuesta marroquí de autonomía como «la base más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto. El giro reabrió la cooperación migratoria, pero fue objeto de críticas desde distintos sectores políticos y de la sociedad civil. La gestión de los flujos ha estado históricamente ligada a otros asuntos de la agenda bilateral —el Sáhara, la pesca en aguas marroquíes o el estatuto de Ceuta y Melilla, que Rabat no reconoce como territorio español—, lo que ha convertido la cuestión migratoria en un recurrente instrumento de presión diplomática.
Al denunciar que se «eche a jóvenes a la muerte», Robles remitió al riesgo que entraña el cruce, ya sea por vía terrestre a través del espigón o por mar. La Organización Internacional para las Migraciones ha documentado las rutas del Mediterráneo occidental y atlántico entre las más letales del mundo, aunque la ministra no confirmó víctimas mortales vinculadas al episodio al que se refería.
El marco jurídico y el silencio de Interior
El marco aplicable a estas situaciones incluye el Reglamento europeo sobre gestión de fronteras exteriores y la Convención de Ginebra de 1951 sobre el estatuto de los refugiados, que obliga a los Estados a examinar individualmente las solicitudes de protección internacional y prohíbe las devoluciones colectivas sin garantías. España fue examinada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las llamadas devoluciones en caliente; en la sentencia de la Gran Sala de febrero de 2020 (caso N.D. y N.T. contra España), el tribunal consideró que podían ser compatibles con el convenio si existían vías legales de acceso al asilo.
La intervención de Robles llegó tras un periodo sin pronunciamientos públicos del Gobierno sobre el episodio. El Ministerio del Interior, competente en materia de control fronterizo y seguridad, no ha ofrecido hasta el momento una versión tan explícita como la trasladada por la ministra de Defensa. Tampoco consta que el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí se haya pronunciado sobre las circunstancias del cruce.
La petición de Robles de «llegar hasta el final» abre la puerta a esclarecer el papel de las autoridades marroquíes por canales diplomáticos, además del que corresponde a la Guardia Civil en la vigilancia de la frontera en el lado español. No consta por el momento que se haya activado una comisión de investigación parlamentaria ni que el Gobierno haya convocado formalmente al embajador de Marruecos en Madrid.
En los próximos días será determinante si el Ejecutivo ofrece detalles adicionales sobre el número de personas que entraron en Ceuta, las condiciones del cruce y si hubo coordinación previa con Rabat. También quedará por ver si Interior asume la petición de Robles y traslada una protesta formal a Marruecos, así como la respuesta que ofrezca el Gobierno marroquí ante las acusaciones, expresas o implícitas, de tolerancia o pasividad.
