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Profepa asegura un tigre y un cocodrilo en autolavado de Ciudad Juárez

El aseguramiento del 7 de agosto derivó en una carpeta de investigación de la Fiscalía de Chihuahua por la posesión de especies protegidas.

Por Redacción de El Hemiciclo· · Actualizado:
4 min de lectura
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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró un tigre de bengala macho y un cocodrilo de pantano hallados dentro de una vivienda que operaba como autolavado en la colonia 16 de Septiembre, en Ciudad Juárez, Chihuahua. El aseguramiento se ejecutó el 7 de agosto durante un cateo en el que participaron la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, el Ejército Nacional y la Guardia Nacional.

Según la Profepa, ambos ejemplares se encuentran en buenas condiciones. El tigre de bengala es un macho de aproximadamente cuatro años y 250 kilos de peso, mientras que el cocodrilo de pantano presenta una lesión en la parte inferior del hocico. Los dos animales fueron trasladados a una Instalación que Maneja Vida Silvestre para su protección y resguardo.

El operativo se realizó en una residencia particular acondicionada como negocio de lavado de autos. Tras las diligencias, la dependencia federal notificó el caso al Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para su integración a una carpeta de investigación, según informó la propia Profepa. Hasta el momento no se ha reportado la detención de ninguna persona ni consta que exista un imputado formalmente señalado ante un juez de control.

Dos niveles de protección legal

El marco aplicable distingue con claridad el nivel de resguardo de cada especie. El cocodrilo de pantano está catalogado en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de "protección especial", y figura en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que permite su comercio bajo controles estrictos. El tigre de bengala, en cambio, está incluido en el Apéndice I de CITES, la categoría más restrictiva, reservada a especies en peligro de extinción cuyo comercio internacional está prohibido salvo circunstancias excepcionales.

La legislación mexicana tipifica como delito federal la posesión, transporte, comercio o exhibición de ejemplares de vida silvestre sin la autorización correspondiente, conforme a la Ley General de Vida Silvestre y al Código Penal Federal en materia de delitos contra el ambiente. Las sanciones pueden incluir penas de prisión y multas, además del aseguramiento de los ejemplares, cuya legal procedencia debe acreditarse mediante documentación expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La Profepa, órgano desconcentrado de la Semarnat, es la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental y de ejecutar los aseguramientos precautorios de especies cuando detecta una posible irregularidad. Entre sus facultades están la clausura de instalaciones, el decomiso de ejemplares y la remisión de expedientes al Ministerio Público cuando existen elementos que apunten a la comisión de un delito.

Un patrón que se repite en la frontera

El caso no es aislado. La propia Profepa recordó como antecedente reciente la detención, en la Central de Abastos de la Ciudad de México, de un hombre que transportaba una cría de tigre de bengala sin poder acreditar su legal procedencia, hecho que también derivó en la intervención del Ministerio Público. Ambos episodios están ligados al mercado de fauna exótica, que enfrenta a los particulares poseedores con la normatividad ambiental federal.

El tigre de bengala es originario del subcontinente indio y no forma parte de la fauna nativa de México, por lo que su presencia en el país corresponde exclusivamente a ejemplares en cautiverio, ya sea en zoológicos autorizados o en manos de particulares. El cocodrilo de pantano, en cambio, sí es una especie propia de los humedales del sureste y el Golfo de México, lo que refuerza su inclusión en la NOM-059 bajo protección especial.

La carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua deberá determinar quién es el propietario o poseedor del inmueble y de los animales, así como el origen de los ejemplares. De reunirse elementos suficientes, el expediente podría judicializarse, lo que implicaría la identificación de un probable responsable y su comparecencia ante un juez de control para la audiencia inicial.

El destino final del tigre y el cocodrilo dependerá de las conclusiones del proceso administrativo y, en su caso, del judicial. Los ejemplares permanecerán en la Instalación que Maneja Vida Silvestre a la que fueron trasladados mientras se resuelve su situación legal. Ni la Profepa ni la Fiscalía chihuahuense han difundido plazos para el cierre de la investigación.

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