El esquema, según describe el abogado Jorge Cervantes, aprovecha el sentido de honestidad de la víctima. "Un desconocido te hace una transferencia, segundos después te llega un mensaje que dice: me equivoqué de cuenta, devuélveme mi dinero urgente, suena lógico lo que pide, devolverlo sería lo correcto", explica el especialista, quien advierte que detrás de esa aparente urgencia se esconde una maniobra de triangulación de fondos robados a un tercero.
"Sin embargo, así es como opera el fraude: los delincuentes estafan a otra persona, ese dinero cae en tu cuenta como escala, te apuran para que lo muevas rápido, lo transfieres de buena fe y el estafador cobra su dinero", explica el abogado Jorge Cervantes.
El riesgo para quien recibe el depósito no es menor. Al mover el dinero de vuelta sin dejar constancia ante el banco, la cuenta del usuario queda vinculada a una operación que investigará la propia institución financiera o, eventualmente, la autoridad, y la carga de demostrar que no participó del ilícito corre por cuenta del cuentahabiente, con el consiguiente gasto en tiempo y honorarios legales.
Cervantes recomienda no efectuar la devolución de manera inmediata, en particular si la suma es considerable, y en cambio notificar sin demora a la institución bancaria con la que se tiene la cuenta para reportar la operación y dejar constancia por escrito. Según el especialista, el banco cuenta con las herramientas y facultades para resolver el asunto sin que el usuario deba realizar transferencia alguna por cuenta propia.
El presidente de la Condusef, Oscar Rosado, resume el criterio que debería regir estos casos con una máxima aplicable al entorno digital: "desconfiar, desconfiar y desconfiar antes de decidir". Rosado subraya que ante una transferencia de origen desconocido debe aplicarse el mismo principio, porque, como plantea, "nadie regala dinero".
La proliferación de estos fraudes ha corrido en paralelo a la digitalización acelerada del sistema financiero mexicano, un proceso que ha multiplicado los canales de transferencia electrónica pero también las superficies de exposición para ciberdelincuentes. Cervantes atribuye parte del problema al manejo de bases de datos personales: iniciativas que obligan a los usuarios a registrar su número de celular ante distintas plataformas, señala, generan bases de datos que resultan atractivas para quienes buscan vulnerarlas y obtener información con la que después ejecutan estos esquemas.
Cuando hay error operativo, no fraude
El material contempla también el escenario en que la transferencia no obedece a un intento de estafa, sino a una confusión genuina al capturar los datos de la operación. En ese caso, la Condusef recomienda contactar al banco para comunicar lo sucedido y verificar la procedencia del depósito, en lugar de disponer de los recursos por cuenta propia.
BBVA advierte que usar el dinero recibido por error puede derivar en responsabilidad legal para quien lo hizo, independientemente de que no haya existido intención de defraudar. El protocolo bancario para estos casos busca resguardar la identidad de ambas partes: cuando el error ocurre entre cuentas del mismo banco, la institución localiza al cliente que recibió los fondos para acordar cómo y cuándo se devolverán; si la transferencia fue interbancaria, es el banco de origen el que contacta a la institución receptora para dar con el cliente y gestionar la devolución por la vía institucional.
Existe, sin embargo, un matiz relevante que expone BBVA: al clasificarse estas situaciones como un "error operativo de cliente", los bancos no están obligados a resolver el problema de manera directa. Esto deja abierta la puerta a que quien realizó la transferencia equivocada acuda a instancias legales por cuenta propia si la vía institucional no resuelve el caso, lo que traslada el conflicto del terreno bancario al judicial.
El fenómeno se inscribe en un patrón más amplio de irregularidades vinculadas al manejo de información personal y corporativa en México, un terreno donde la opacidad documental ha sido detectada en distintos ámbitos, desde negocios privados hasta el entorno de figuras públicas, como ilustran los registros mercantiles que documentan la red de negocios de Andy López Beltrán.
La Condusef opera desde 1999 como el organismo público encargado de defender a los usuarios ante las entidades financieras, con facultades para recibir reclamaciones, orientar a cuentahabientes y sancionar prácticas indebidas de la banca. En materia de fraudes cibernéticos, su función se limita al terreno administrativo y de conciliación: la persecución penal de la estafa corresponde a las fiscalías, mientras que la resolución de los depósitos erróneos recae en los protocolos internos de cada institución bancaria.
El incremento de 8.7% en las quejas registradas por la Condusef durante 2025 respecto del año anterior confirma una tendencia sostenida al alza en los reportes de fraude bancario, en un contexto donde la autoridad financiera insiste en que la prevención —el reporte inmediato a la institución y la desconfianza sistemática ante depósitos no solicitados— sigue siendo la principal herramienta disponible para los usuarios frente a esquemas que, según los especialistas, se sofistican al mismo ritmo que la digitalización bancaria.