Según su testimonio, un mes antes del incidente notó la presencia de personas sospechosas tomando fotografías desde el balcón del establecimiento comercial que administraba en la capital sinaloense. El día de los hechos, tras salir de un supermercado, fue abordada al estacionar su auto detrás de su local. De acuerdo con su relato, arrojó su celular fuera del vehículo como medida preventiva antes de ser subida por la fuerza a otra unidad.
Un acompañante intentó seguir a los captores a bordo de la camioneta Cybertruck de la propia influencer, pero la unidad se bloqueó de forma automática al alejarse el celular que funcionaba como llave digital, lo que provocó un impacto al bajar un puente, según la versión que Pardo Molina ofreció en la entrevista.
La influencer precisó que permaneció retenida cuatro días y tres noches en una casa de dos plantas ubicada a pocos minutos del punto donde fue interceptada. De acuerdo con su relato, los captores respondían a instrucciones de un superior por vía telefónica y la interrogaban sobre su estilo de vida y presuntos patrocinios económicos, en un intento por establecer el origen de su patrimonio.
Pardo Molina sostuvo que sus bienes, incluido el vehículo de alta gama que manejaba, provienen de los ingresos de su tienda de accesorios e indumentaria, negocio que según dijo inició con capital propio durante la contingencia sanitaria en Phoenix, Arizona, y que después trasladó a Culiacán. Con ello, la joven buscó desvincular su patrimonio de cualquier actividad ilícita.
La entrevistada descartó de forma categórica mantener vínculos sentimentales o financieros con integrantes de agrupaciones delictivas, versión que circuló ampliamente en plataformas digitales durante los días posteriores a su desaparición. Atribuyó esas especulaciones a interpretaciones de publicaciones previas en sus perfiles, entre ellas una fotografía con un arreglo floral con el número 19 por su cumpleaños.
Sobre el material audiovisual difundido durante su desaparición, en el que aparecía leyendo un mensaje, afirmó que fue obligada a grabarlo bajo coacción como condición para su liberación. Tras acordar la emisión de ese video, según relató, sus captores la trasladaron a un punto donde le entregaron $500 para su transporte.
Lo que confirmó la autoridad y lo que sigue sin esclarecerse
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa confirmó en enero, días después del reporte de desaparición, la localización con vida de la influencer, sin que trascendieran entonces mayores detalles sobre las circunstancias de su liberación ni si existía una carpeta de investigación abierta por el delito de privación ilegal de la libertad. El testimonio ofrecido ahora por Pardo Molina no ha sido corroborado de manera independiente por la autoridad estatal, que no se ha pronunciado sobre estas declaraciones recientes.
La privación ilegal de la libertad está tipificada en el Código Penal Federal y en las legislaciones estatales, con agravantes cuando media violencia o fin de lucro; la persecución del delito corresponde a las fiscalías locales cuando no concurre delincuencia organizada, supuesto en el que puede atraerlo la FGR. En este caso, a seis meses de los hechos, no se ha informado públicamente sobre el estatus de una eventual investigación ni sobre la identificación de los responsables.
El episodio se inscribe en un patrón documentado en Sinaloa: la exposición de figuras públicas con presencia en redes —comerciantes, empresarios e influencers— a extorsiones o privaciones de la libertad asociadas a la percepción de solvencia económica, un fenómeno que se agravó en la entidad tras el recrudecimiento de la violencia entre facciones del crimen organizado a partir de septiembre de 2024. La violencia contra creadores de contenido, por motivos de extorsión, disputas personales o violencia de género, ha ganado visibilidad en distintas entidades del país en los últimos años.
Por qué las víctimas tardan en hablar
El intervalo de seis meses entre el hecho y el relato público encuentra explicación en la literatura sobre trauma. La Asociación Americana de Psicología (APA) identifica en las víctimas de eventos con amenaza directa a la vida respuestas de congelamiento emocional, obediencia adaptativa y estados severos de ansiedad, mecanismos biológicos de supervivencia orientados a reducir el riesgo de violencia física.
En la misma línea, el Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI) de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos señala que las personas expuestas a estrés extremo durante periodos de privación de la libertad suelen experimentar alteraciones cognitivas y emocionales que pueden persistir tiempo después de recuperar la libertad, lo que en muchos casos explica la demora entre el hecho y su narración pública.
El caso reabre el debate sobre los riesgos de exposición mediática y patrimonial que enfrentan quienes construyen su actividad económica en plataformas digitales. De momento, el esclarecimiento judicial depende de que la FGE de Sinaloa informe si existe una carpeta de investigación en curso y de las diligencias que, en su caso, deriven del testimonio hecho público esta semana.