El caso Agronitrogenados constituye uno de los pilares de la causa penal abierta contra Lozoya desde 2019, cuando el exfuncionario fue detenido en España y extraditado a México bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que, durante su gestión al frente de Pemex entre 2012 y 2016, Lozoya participó en la compra sobrevalorada de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, operación que —según la acusación— habría generado un quebranto de cientos de millones de pesos a la paraestatal.
Con la confirmación de la negativa del amparo, el expediente regresa al juzgado de origen para continuar con las etapas procesales pendientes, entre ellas la eventual apertura de juicio oral si el Ministerio Público mantiene la acusación en los términos originales. El recurso rechazado buscaba prolongar la suspensión del caso, mecanismo al que la defensa había recurrido de manera reiterada durante los últimos años.
El proceso se mantuvo detenido por una combinación de recursos legales y por el estatus de Lozoya como colaborador, figura que le permitió salir de prisión preventiva a cambio de aportar información sobre la red de sobornos que la constructora brasileña Odebrecht habría operado en México, con señalamientos contra exfuncionarios y legisladores de distintas bancadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El criterio de oportunidad y sus límites
El criterio de oportunidad otorgado a Lozoya —figura prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, vigente en todo el país desde 2016— generó un intenso debate en San Lázaro y en la opinión pública sobre los límites de la colaboración con la justicia a cambio de beneficios procesales. Ese acuerdo permitió al exfuncionario evitar la prisión mientras avanzaban las investigaciones derivadas de sus declaraciones, sin eximirlo de las causas por Agronitrogenados y por el caso Odebrecht.
La FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, defendió que el criterio de oportunidad resultaba clave para destapar una presunta red de corrupción que habría alcanzado a figuras políticas de distintos partidos. En sentido contrario, organizaciones de la sociedad civil y diversos litigantes cuestionaron que el proceso careciera de avances sustantivos años después de la detención de Lozoya, al señalar que ninguno de los altos funcionarios mencionados en sus declaraciones había recibido sentencia firme.
La defensa de Lozoya ha sostenido en distintas etapas del litigio que su cliente actuó conforme a las estructuras de decisión vigentes en Pemex durante su gestión, y ha cuestionado la solidez de las pruebas documentales presentadas por el Ministerio Público en el caso Agronitrogenados. No fue posible obtener una postura actualizada de su equipo legal sobre la resolución que ordena reactivar el proceso.
El caso Agronitrogenados no es el único frente judicial que enfrenta el exdirector de Pemex. En paralelo subsiste la causa relacionada con los sobornos de Odebrecht, en la que Lozoya habría recibido pagos irregulares a cambio de favorecer contratos de la trasnacional con la paraestatal, de acuerdo con la acusación presentada por la FGR en 2019.
En la historia reciente del país, el expediente recuerda al proceso abierto contra Raúl Salinas de Gortari en los años noventa, otro caso de alto perfil que combinó detención, litigios prolongados y suspensiones procesales durante años antes de llegar a una resolución. La comparación ilustra la frecuencia con que las causas por corrupción de alto nivel en México enfrentan dilaciones de varios años antes de fijar fecha de juicio.
Hasta el momento, el Poder Judicial de la Federación no ha detallado públicamente los términos exactos de la resolución ni el calendario procesal que seguiría el caso tras la reactivación; tampoco la FGR ha ofrecido una postura sobre el fallo, que abre un nuevo capítulo en un expediente que ha transcurrido, con interrupciones, durante más de siete años.
La evolución del caso dependerá ahora de los tiempos procesales del juzgado de origen, que deberá fijar las siguientes audiencias una vez notificada la resolución del tribunal. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha mantenido en la mañanera el combate a la corrupción como prioridad institucional, sin pronunciamientos específicos recientes sobre el expediente de Lozoya.