El escrito, avanzado por el diario digital catalán Vilaweb y confirmado después por El País, El Español y elDiario.es —cuatro medios independientes—, sostiene que el Tribunal de Cuentas ha incumplido de forma "manifiesta y deliberada" el mandato judicial europeo al no aplicar de inmediato la amnistía tras el aval del TJUE. Puigdemont, Comín y Puig defendieron que esta resistencia institucional "afecta al valor del Estado de Derecho en que la Unión se fundamenta", en alusión al artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que consagra el Estado de Derecho como uno de los pilares del proyecto comunitario.
La providencia que desató la denuncia
El detonante inmediato es una providencia emitida el lunes 20 de julio por el Tribunal de Cuentas, que reactivó la causa por responsabilidad contable de 3,4 millones de euros abierta contra el expresidente Artur Mas, Puigdemont y otros exaltos cargos del Govern por los gastos del proceso soberanista. En ese auto, el tribunal preguntó a las partes si cabe la "posibilidad" de excluir a los encausados de los efectos de la amnistía, una duda que los denunciantes interpretan como una maniobra para eludir el fallo europeo.
La sentencia del TJUE, dictada la semana anterior, avaló la compatibilidad de la ley de amnistía con el derecho comunitario, despejando una de las principales incertidumbres jurídicas que pesaban sobre la norma desde su aprobación en las Cortes Generales en 2024. Para los firmantes, que un órgano jurisdiccional español cuestione días después si cabe no aplicarla a determinados encausados vulnera el principio de primacía del derecho de la Unión sobre el ordenamiento interno, doctrina fijada por el propio TJUE en la sentencia Costa contra ENEL de 1964.
Qué pide el escrito a Bruselas
La denuncia solicita a la Comisión Europea que examine si España incumple sus obligaciones como Estado miembro al no ejecutar de forma efectiva una sentencia del TJUE. La Comisión, como guardiana de los tratados, puede abrir un procedimiento de infracción contra un Estado cuando estima que este no respeta el derecho comunitario. El mecanismo, regulado en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, arranca con una carta de emplazamiento, prosigue con un dictamen motivado y solo si el Estado persiste desemboca en el Tribunal de Luxemburgo, que puede imponer multas coercitivas conforme al artículo 260.
Conviene precisar el alcance de la vía elegida: una denuncia particular ante la Comisión no obliga a esta a actuar. Bruselas dispone de discrecionalidad para archivar el asunto o abrir un expediente, y en materia de organización judicial y aplicación de leyes nacionales acostumbra a invocar la autonomía procesal de los Estados miembros. La denuncia funciona, por tanto, más como palanca política y jurídica que como cauce con desenlace garantizado.
Una estrategia europea de largo recorrido
No es la primera vez que Puigdemont recurre a instancias europeas para dirimir cuestiones del procés. En 2019, tras su elección como eurodiputado, el Parlamento Europeo y después el propio TJUE debieron pronunciarse sobre su condición de europarlamentario y su inmunidad, en un litigio que se prolongó años y sentó jurisprudencia sobre los límites de la actuación judicial española frente a representantes electos. La denuncia actual se inscribe en esa misma estrategia de internacionalización del conflicto catalán, sostenida desde la huida del expresidente a Bélgica en octubre de 2017.
El precedente más directo lo constituyen las euroórdenes de detención dictadas contra Puigdemont, rechazadas por la justicia belga y alemana, que en varias ocasiones no apreciaron delito equivalente al de rebelión o consideraron desproporcionada la entrega. Aquel choque entre tribunales nacionales europeos y el Tribunal Supremo marcó los límites de la cooperación penal en la UE y anticipó el actual pulso sobre la primacía del derecho comunitario.
El calendario judicial paralelo en España
La denuncia ante Bruselas coincide con un frente interno todavía abierto. El Tribunal Constitucional tiene previsto resolver el 22 de septiembre de 2026 el primero de los recursos presentados contra el Tribunal Supremo por su negativa a aplicar la amnistía a los líderes del procés, entre ellos Oriol Junqueras. Esa resolución será decisiva para determinar si los tribunales españoles deben ajustar su interpretación de la ley tras el pronunciamiento del TJUE.
El Tribunal Supremo ha mantenido una posición restrictiva sobre la aplicación de la amnistía a determinados delitos, en particular la malversación de fondos públicos, argumentando que la norma no puede amparar conductas que hayan comportado enriquecimiento personal o perjuicio patrimonial al Estado. Esa lectura ha sido cuestionada de forma reiterada por las defensas de los encausados, que la consideran contraria a la letra de la ley aprobada por las Cortes en 2024.
Posiciones enfrentadas y réplicas pendientes
Fuentes de Junts citadas por elDiario.es calificaron la actuación del Tribunal de Cuentas de incumplimiento "manifiesto y deliberado" del mandato del TJUE y como prueba de que persiste una resistencia judicial a aplicar plenamente la amnistía.
El Partido Popular y Vox, que recurrieron la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional por considerarla inconstitucional, han defendido de forma reiterada que la norma fue una cesión política a cambio de apoyos de investidura. Ninguno de los dos partidos, ni el Tribunal de Cuentas, habían remitido reacciones específicas a la denuncia ante la Comisión Europea al cierre de esta edición.
Qué ocurre a partir de ahora
La Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, ha evitado hasta ahora pronunciarse sobre el fondo del debate de la amnistía, remitiéndose a la autonomía procesal de los Estados y a la independencia judicial. Bruselas deberá decidir ahora si registra la denuncia y abre una investigación preliminar, un trámite que en casos comparables se ha prolongado durante meses o años antes de derivar en decisión formal.
En paralelo, el Tribunal de Cuentas debe resolver sobre las alegaciones de las partes en la causa de los 3,4 millones de euros, y el Tribunal Constitucional afronta el 22 de septiembre una decisión que podría fijar el criterio definitivo sobre el alcance de la amnistía en los delitos de malversación. Tres relojes —europeo, constitucional y contable— corren a la vez sobre un mismo litigio cuyo desenlace sigue sin fecha cierta.
