Según el informe, la entidad poblana concentró el 52.51% del total nacional de perforaciones ilegales en ductos de gas LP durante el trimestre, una proporción que el propio observatorio describe como un patrón sostenido en sus reportes previos. El Estado de México ocupó el segundo lugar con 79 tomas clandestinas, un crecimiento de 43.6% respecto a las 55 detectadas un año antes, mientras que Veracruz se ubicó en tercer sitio con 23 perforaciones, 35.2% más que las 17 contabilizadas en el primer trimestre de 2025.
El reporte identifica presencia de huachigás en 11 entidades del país, aunque advierte que la mayor parte del delito se concentra en apenas tres estados. A nivel nacional, el IGAVIM contabilizó 299 tomas clandestinas entre enero y marzo, equivalentes —según su propio cálculo— a una nueva perforación cada siete horas con 19 minutos, con un desglose mensual de 96 en enero, 91 en febrero y 112 en marzo. Esa trayectoria ascendente dentro del trimestre se mantiene, sin embargo, por debajo de las 401 tomas registradas en el cuarto trimestre de 2025, cuando el delito alcanzó uno de sus niveles más altos documentados por el observatorio.
El huachigás consiste en la perforación clandestina de ductos para extraer gas LP y comercializarlo fuera de los canales regulados. Más allá de las pérdidas económicas para el sistema de transporte de hidrocarburos, la práctica implica riesgos de explosión, incendio e intoxicación para las comunidades asentadas cerca de los ductos, dado que las extracciones se realizan sin protocolos de seguridad industrial.
El ducto Cactus-Tula-Guadalajara, en el centro del problema
Susana Cazorla, directora y socia fundadora de la consultora SICEnergy, señaló que el fenómeno se concentra de manera particular en el gasoducto Cactus-Tula-Guadalajara, uno de los sistemas de transporte de gas LP más relevantes del país por la extensión de su trazo entre el sureste y el centro-occidente. De acuerdo con la especialista, las perforaciones provocan pérdidas de presión que obligan a interrumpir la operación por tramos de manera recurrente. "El ducto tiene paros constantes porque un día detectan una toma clandestina en un tramo y al siguiente aparece otra en un punto distinto", explicó. "La pérdida de presión obliga a detener la operación por secciones. Es un problema permanente: las tomas clandestinas no han desaparecido, simplemente cambian de ubicación."
Cazorla añadió que, aunque en algunas zonas del ducto las perforaciones disminuyen y en otras aumentan, el balance del primer trimestre de 2026 resulta superior al del año anterior. El IGAVIM, por su parte, advierte que es necesario analizar los efectos acumulativos del delito sobre otros ilícitos de alto impacto en los estados donde se concentra, así como su papel para dar estabilidad financiera a las economías delictivas. El observatorio no detalla en el reporte disponible qué grupos operan las tomas ni cómo se distribuye la comercialización del combustible sustraído.
El fenómeno no es nuevo en la agenda de seguridad energética. Desde mediados de la década de 2010, cuando el robo de combustible —el huachicol de gasolinas y diésel— se convirtió en un problema de escala nacional que motivó el cierre temporal de ductos ordenado por el gobierno federal en enero de 2019, las autoridades han identificado un desplazamiento del delito hacia el gas LP conforme se refuerza la vigilancia sobre otros combustibles. Puebla, que ya figuraba entre las entidades de mayor incidencia de tomas clandestinas de gasolina en ese periodo, reproduce ahora ese mismo mapa de riesgo para el gas LP.
El marco legal y las instancias responsables
La vigilancia física de los ductos y la denuncia ante la Fiscalía General de la República cuando se detectan perforaciones corresponden a la Guardia Nacional y a Pemex Logística, conforme al esquema de coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La sustracción ilícita de hidrocarburos y sus derivados está tipificada en el Código Penal Federal, con penas de prisión que varían según el volumen sustraído y las circunstancias del hecho.
El IGAVIM es un organismo de la sociedad civil que da seguimiento periódico a estadísticas de seguridad y delitos patrimoniales a partir de fuentes públicas y su propio monitoreo. Sus cifras no sustituyen los registros oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ni de Pemex, que no han difundido públicamente un desglose comparable para el periodo enero-marzo de 2026 al cierre de esta nota.
El gobierno de Puebla no se ha pronunciado públicamente sobre el reporte del observatorio ni sobre el incremento en las tomas clandestinas detectadas en su territorio. Tampoco se conoce una respuesta oficial de Pemex Logística sobre las medidas específicas adoptadas en el tramo poblano del gasoducto Cactus-Tula-Guadalajara para contener las perforaciones registradas durante el trimestre.
De confirmarse la tendencia con los datos del segundo trimestre de 2026, el fenómeno pondría a prueba la capacidad de coordinación entre la Guardia Nacional, Pemex y las autoridades estatales frente a un delito que, según el propio IGAVIM, tiende a desplazarse geográficamente antes que a reducirse en términos absolutos. El próximo corte trimestral del observatorio permitirá establecer si Puebla mantiene su posición como principal foco nacional de huachigás o si el patrón se traslada hacia otras entidades del trazo del ducto.