El intercambio se produjo un día después de que Campos, en un mensaje difundido públicamente, señalara haber sido objeto de amenazas contra su integridad y su patrimonio. La denuncia derivó en un pronunciamiento inmediato de la bancada petista en San Lázaro, que cuestionó tanto el fondo de la acusación como su oportunidad.
Aguilar, vocera del grupo parlamentario del PT en la LXVI Legislatura, sostuvo que la gobernadora "confunde lo que es una amenaza con un requerimiento legal oficial, o que está desconectada de la realidad". Y agregó: "Son notificaciones y no amenazas, tal vez está desconectada de la realidad, porque lo extraño es que diga que se han amenazado sus bienes y su persona". La legisladora insistió en que, de existir amenazas reales, la mandataria contaría con el respaldo de su bancada, pero exigió que se identifique a los presuntos responsables: "Si existen, contará con nuestro apoyo; si no, deberá aclarar a los chihuahuenses por qué exagera y por qué utiliza la victimización como estrategia política".
La diputada amplió sus críticas hacia la gestión de Campos, a la que atribuyó un periodo prolongado de "desatención y desgobierno", pues, dijo, "apenas ahora se le ve asistiendo a reuniones del gabinete de seguridad". El gabinete de seguridad estatal es un espacio de coordinación entre autoridades civiles y de seguridad que en el sistema mexicano opera de manera regular en cada entidad federativa.
La petista también cuestionó el patrimonio de la mandataria en referencia a lo que calificó como la "casa dorada", un señalamiento que, según dijo, quedó evidenciado y que atribuyó a un presunto enriquecimiento al asumir la gubernatura. Aguilar sumó señalamientos anteriores relacionados con la presunta intervención de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en asuntos de Chihuahua y con el manejo de los derechos de agua en la entidad, un tema que en el estado ha generado tensión histórica entre productores agrícolas, autoridades federales y gobiernos estatales por los compromisos de suministro derivados del tratado de aguas binacional con EU.
La legisladora cerró su intervención con una crítica a la estrategia comunicativa de la gobernadora, a quien acusó de recurrir a la "victimización" en momentos previos, tanto durante su campaña a la gubernatura como en su etapa como alcaldesa de la capital chihuahuense. "Las y los chihuahuenses ya la conocemos y esperamos que salga a aclarar o a decir qué quiso decir", afirmó.
Días antes, la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, había cuestionado públicamente a Campos tras una solicitud de audiencia de la gobernadora con el gobierno federal, y le exigió "dar la cara" ante señalamientos previos. El episodio se inserta en un periodo de tensión entre gobiernos estatales de oposición y el gobierno federal en torno a la coordinación en materia de seguridad.
El cauce legal frente a la denuncia pública
El marco jurídico mexicano contempla que cualquier amenaza contra la integridad de un servidor público debe denunciarse ante la Fiscalía correspondiente, estatal o federal, para que se abra una carpeta de investigación y se determine si existen elementos para perseguir el delito de amenazas, tipificado en los códigos penales estatales y en el Código Penal Federal. La sola manifestación pública, sin denuncia formal, no genera por sí misma una investigación salvo que el propio Ministerio Público decida iniciarla de oficio.
El uso de denuncias de amenazas por parte de funcionarios no es inédito en la vida política mexicana: gobernadores y alcaldes de distintos partidos han denunciado en el pasado presiones o intimidaciones sin que en todos los casos se presentara después una querella ante el Ministerio Público, lo que ha derivado en señalamientos cruzados similares a los que hoy enfrenta la mandataria chihuahuense.
De cara a los próximos días, la controversia apunta a mantenerse en el terreno político antes que en el judicial, salvo que la gobernadora presente una denuncia formal que permita a la Fiscalía estatal o federal iniciar diligencias. La bancada del PT adelantó que dará seguimiento al caso y podría recurrir a los mecanismos parlamentarios disponibles en San Lázaro, como un punto de acuerdo dirigido a las autoridades de seguridad involucradas.