Según explicó el fiscal zacatecano, las nuevas órdenes de captura se desprenden de un operativo previo: el 14 de agosto, elementos de la Guardia Nacional detuvieron en flagrancia a cinco personas en el municipio de Saín Alto, a quienes se les aseguró un arma de fuego calibre 9 milímetros y otros objetos considerados ilícitos. Esas cinco personas ya fueron vinculadas a proceso por los delitos cometidos al momento de su detención, un paso distinto e independiente del que ahora se abre por el homicidio del exalcalde.
Fue al someter el arma decomisada a los cotejos del Laboratorio de Balística Forense de la Fiscalía cuando los peritos determinaron que los proyectiles extraídos del cuerpo de Castrejón coinciden en su totalidad con esa arma, según expuso Camacho Osnaya. Ese fue, de acuerdo con el fiscal, el primer elemento científico que permitió trazar una línea directa entre los detenidos de Saín Alto y el crimen del exedil.
A esa evidencia se sumó el resultado de un cateo posterior en un inmueble, donde personal pericial localizó y procesó dos vehículos, uno de ellos un automóvil blanco que se encontraba volcado y oculto. En ese vehículo, los peritos hallaron rastros hemáticos cuyo perfil genético resultó idéntico al del exalcalde, según detalló la Fiscalía en su reporte de avances.
Con esos dos dictámenes científicos —balístico y genético— concluidos, la Fiscalía de Zacatecas solicitó y obtuvo de un juez de control las órdenes de aprehensión contra los cuatro señalados de Durango y el de Veracruz por el delito de homicidio calificado. Las órdenes se encuentran en proceso de cumplimentación, es decir, pendientes de que los señalados sean localizados y detenidos para ser presentados ante la autoridad judicial.
Del cateo a la audiencia inicial
Una vez cumplimentadas las órdenes, el siguiente paso procesal será la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público formulará la imputación formal por el homicidio del exedil. Solo después de esa audiencia, y de que un juez de control resuelva sobre la vinculación a proceso conforme al artículo 19 de la Constitución, los señalados podrían quedar sujetos formalmente al procedimiento por este crimen; hasta entonces, mantienen la condición de indiciados en esta causa y les asiste la presunción de inocencia prevista en el artículo 20 constitucional.
Castrejón fue privado de la libertad durante la madrugada del 18 de julio en Sombrerete y horas más tarde su cuerpo fue localizado con múltiples impactos de bala en un camino de terracería del municipio de Saín Alto. Su asesinato ocurrió en el marco de una jornada de violencia que dejó un saldo de diez víctimas mortales en distintos puntos de Zacatecas, entre ellas seis empresarios y dos funcionarios del ayuntamiento de Fresnillo, cuyos cuerpos fueron hallados en los municipios de Morelos y Pánuco.
El fiscal Camacho Osnaya sostuvo que, con este hallazgo pericial, las autoridades confirman la hipótesis de que una célula delictiva procedente de Durango estaría implicada tanto en el homicidio del exalcalde como en el conjunto de hechos violentos registrados esa misma jornada. La Fiscalía no ha difundido, sin embargo, la identidad de los señalados ni versión alguna de su defensa, que aún no se ha pronunciado públicamente al no haberse ejecutado las capturas.
Sobre el estado general de las indagatorias, la Fiscalía reportó la detención de 33 personas hasta la fecha, de las cuales 19 son consideradas objetivos prioritarios: 17 originarias de Durango, ocho de Zacatecas, tres de Sinaloa y una de Veracruz. El corte oficial detalla además la judicialización de 24 órdenes de aprehensión, ocho de ellas por homicidio calificado, la ejecución de 45 cateos, 106 técnicas de investigación con control judicial y 279 dictámenes periciales, además del aseguramiento de 28 vehículos y una línea abierta sobre cuentas bancarias que busca establecer si hubo financiamiento o logística previa.
La violencia contra autoridades municipales tiene antecedentes recurrentes en Zacatecas y en el país. En años recientes, distintos alcaldes y exalcaldes han sido asesinados en entidades como Michoacán, Guerrero y el propio Zacatecas, uno de los estados con mayores índices de homicidio doloso del centro-norte del país; el patrón de privación de la libertad seguida de ejecución que describe la Fiscalía en el caso Castrejón se ha repetido en agresiones previas contra funcionarios y exfuncionarios locales.
El caso se tramita ante los juzgados de control del Poder Judicial de Zacatecas, y su desenlace dependerá en lo inmediato de la localización de los cinco señalados con orden de aprehensión vigente. La Fiscalía no ha informado plazos para su detención, aunque adelantó que continuará el desahogo de técnicas de investigación y dictámenes periciales sobre el resto de las líneas abiertas por la jornada violenta de julio.