El embalse de Río Indio forma parte del plan de la ACP para asegurar el agua del Canal y el consumo humano ante el déficit hídrico de los últimos años. El proyecto, según ha explicado la administración canalera, requiere inundar terrenos donde hoy viven varias comunidades rurales, lo que obliga a un proceso de reasentamiento de las familias asentadas en el área.
El decreto dispone el cierre de los cementerios ubicados en la zona de inundación y establece el procedimiento para la exhumación y el traslado de los restos a nuevos camposantos que deberá habilitar el Estado. La necesidad técnica de la medida no está en discusión —si el área quedará bajo el agua, el traslado es inevitable—, sino el momento en que se ha decidido ejecutarla, antes de que se hayan cerrado los acuerdos de reasentamiento con las poblaciones afectadas.
El propio mandatario ha reconocido públicamente que el proyecto avanzará y que ha discutido el tema con diputados que, en sus palabras, «sí aportan». La expresión ha sido leída como una señal de que el Ejecutivo no está dispuesto a abrir la obra a modificaciones sustanciales en su ejecución. La ACP tiene la misión de ejecutar el reservorio.
Dirigentes comunitarios han señalado que el decreto sobre los cementerios llegó antes de que se cerraran los términos de compensación, reubicación de viviendas y garantías de continuidad económica para las familias que serán desplazadas. La lectura extendida entre los afectados es que el Estado dio por sentado el desenlace del proceso antes de que concluyera, lo que —advierten— erosiona la confianza en las mesas de diálogo que la institución mantiene abiertas. Entre los pobladores, sostienen esos voceros, el mensaje que se recibe es que la decisión ya está tomada y que la consulta funciona, en la práctica, como una formalidad previa a la ejecución.
Bayano y Chan-75, las cicatrices que anteceden a Río Indio
El país arrastra precedentes de reasentamientos vinculados a grandes obras que dejaron tensiones sociales prolongadas. El caso más citado es el de las comunidades desplazadas en la década de 1970 por la construcción de la represa de Bayano, cuando familias fueron trasladadas para dar paso al embalse hidroeléctrico bajo el gobierno militar de la época, en un proceso que décadas después siguió generando reclamos de tierras y compensaciones ante el Estado.
El otro antecedente es el de Charco la Pava y Changuinola, en Bocas del Toro, donde la construcción de la hidroeléctrica Chan-75 a finales de la década de 2000 derivó en desalojos de comunidades ngäbe que denunciaron falta de consulta previa, en un conflicto que llegó a instancias internacionales de derechos humanos. Ambos procesos permitieron levantar las obras, pero dejaron heridas sociales que aún no terminan de cerrar.
La ACP ha defendido que el proyecto de Río Indio incluye estudios de impacto ambiental y social, así como un esquema de compensaciones económicas para las familias afectadas, en línea con el marco panameño de reasentamientos y con estándares internacionales aplicables a obras de esta magnitud. La institución ha insistido en que el diálogo con las comunidades continúa abierto y en que no se ha cerrado ningún acuerdo definitivo sobre los términos de la reubicación.
La Contraloría General de la República, encargada de fiscalizar el uso de los fondos públicos mediante el refrendo de los contratos estatales, no se ha pronunciado sobre el decreto. Cualquier contrato de exhumación, traslado o construcción de nuevos camposantos que involucre fondos del Estado deberá pasar por ese control antes de su ejecución.
En el plano institucional, el Ministerio Público no ha registrado denuncias formales relacionadas con el decreto, y el Tribunal Electoral no tiene competencia sobre este tipo de disputas administrativas. De judicializarse el caso, correspondería a la vía contencioso-administrativa ante los tribunales del Órgano Judicial, donde podrían impugnarse tanto el decreto como los procedimientos de expropiación que eventualmente se activen.
En la Asamblea Nacional el tema no ha sido objeto de un debate amplio en el pleno, y no consta que se haya presentado un proyecto de ley específico para regular las condiciones del reasentamiento de Río Indio. Ello deja el proceso mayormente en manos de decretos ejecutivos y de la gestión administrativa de la ACP, sin el contrapeso que supondría una discusión en primer, segundo o tercer debate legislativo sobre garantías para los desplazados.
El escrutinio internacional sobre derechos humanos en proyectos de infraestructura hídrica y energética se ha intensificado en la última década en América Latina, lo que expone a Panamá a un mayor nivel de observación externa si el proceso de Río Indio se percibe como impuesto sin consulta efectiva. Ese es, precisamente, el punto sobre el que insisten las comunidades y los observadores que siguen el caso.
El calendario de ejecución del embalse no ha sido detallado públicamente en plazos definitivos, aunque la ACP ha reiterado que la obra es prioritaria dentro de su plan de gestión hídrica para las próximas décadas. La institución deberá definir en los próximos meses los términos finales de compensación y reubicación, un proceso del que dependerá si Río Indio se recuerda como una solución de ingeniería o como un nuevo capítulo en la historia de conflictos sociales derivados de grandes obras estatales en el país.