"Por eso queremos llegar a un acuerdo con Estados Unidos, que lo hemos venido promoviendo desde hace tiempo, a fin de garantizar la producción de vehículos en México para el mercado interno y para la exportación", sostuvo Sheinbaum al abordar el tema. La mandataria no ofreció cifras de crecimiento del Producto Interno Bruto ni proyecciones detalladas, pero enmarcó su mensaje en la narrativa de estabilidad macroeconómica que su gobierno mantiene desde el inicio del sexenio, en octubre de 2024.
El pronunciamiento llega en un contexto de tensión comercial derivada de la política arancelaria de la administración estadounidense, que ha golpeado a la industria automotriz mexicana, uno de los pilares de las exportaciones del país y generador de empleo en estados como Guanajuato, Coahuila, Puebla y el Estado de México. La presidenta defendió que, pese a ese impacto, los indicadores generales permiten mantener una expectativa positiva para el cierre del año.
Un sector integrado con Norteamérica y expuesto a los gravámenes
La industria automotriz mexicana representa una de las cadenas de valor más integradas con Estados Unidos y Canadá en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente desde 2020 como sucesor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado en 1994. El tratado contempla capítulos específicos sobre reglas de origen para el sector automotor, que exigen un porcentaje mínimo de contenido regional para que los vehículos ensamblados en México puedan ingresar a Estados Unidos sin gravámenes.
La imposición de aranceles adicionales por parte de Washington pone en cuestión los mecanismos de resolución de controversias previstos en ese instrumento y ha generado dudas entre cámaras empresariales sobre el respeto a esos compromisos. La relación se sostiene, además, en la profunda integración de las cadenas de suministro binacionales: componentes fabricados en plantas estadounidenses cruzan la frontera varias veces antes de que un vehículo terminado salga de una ensambladora mexicana, lo que vuelve costosa para ambos países cualquier ruptura abrupta del esquema arancelario preferencial.
La presidenta explicó que su gobierno ha promovido "desde hace tiempo" una negociación con Estados Unidos orientada a garantizar condiciones favorables para la producción de vehículos en territorio mexicano. El gobierno, sin embargo, no ha detallado públicamente el estado de esas conversaciones ni un calendario concreto para alcanzar un acuerdo, ni ha precisado si el diálogo se desarrolla a nivel de secretarías —la de Economía y la de Relaciones Exteriores— o directamente entre mandatarios.
La postura de la Presidencia contrasta con las advertencias de organizaciones del sector, como la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), que en distintos pronunciamientos ha señalado el riesgo de pérdida de competitividad frente a otros países productores si persisten los aranceles estadounidenses sin una resolución negociada. Especialistas en comercio internacional han advertido, por su parte, que el margen de maniobra de México es limitado, dada la asimetría económica entre ambos socios y la dependencia estructural respecto del mercado estadounidense, destino de la mayor parte de las exportaciones nacionales, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El precedente de la renegociación de 2017
El antecedente más cercano de una disputa comercial de esta magnitud entre ambos países se remonta a la primera renegociación del TLCAN, entre 2017 y 2018, cuando la administración estadounidense de entonces amenazó con aranceles al sector automotor y siderúrgico mexicano como palanca de presión en las negociaciones que desembocaron en el T-MEC. Aquella etapa se saldó con un nuevo tratado, pero también con la aplicación temporal de gravámenes al acero y el aluminio que México respondió con medidas espejo antes de alcanzarse un entendimiento.
La mandataria no precisó si el eventual acuerdo bilateral incluiría exenciones específicas por volumen de producción, por marca o por planta, ni si se negociaría de manera paralela a otros capítulos pendientes de revisión del T-MEC, cuyo primer examen conjunto entre los tres países socios está previsto conforme al calendario establecido en el propio tratado.
De cara a los próximos meses, el gobierno deberá mostrar avances concretos en la negociación si pretende sostener la expectativa de mejora económica planteada por la presidenta. La Secretaría de Economía y el Banco de México (Banxico) publicarán en las semanas siguientes nuevos indicadores de actividad industrial y balanza comercial que permitirán contrastar si la recuperación anunciada desde la Presidencia se refleja en los datos del sector automotriz.