Conviene detenerse en el verbo que emplea el IMCO. No sostiene que la planeación eléctrica esté mal, sino que no crece al ritmo que exige el propio gobierno con su plan estrella. Es una forma pulida de señalar que la mano que redacta el Plan México —y aspira al nearshoring, los semiconductores y la manufactura de exportación— no se ha coordinado con la que dibuja el PLADESE y calcula cuántos megawatts habrá que instalar para que las fábricas prometidas puedan, efectivamente, encender la luz. Según sus estimaciones, elaboradas con proyecciones de crecimiento económico del Fondo Monetario Internacional (FMI), alcanzar las metas del plan implicaría una demanda de electricidad 10.1% superior hacia 2030 a la considerada en el escenario base del PLADESE.
No es un matiz técnico menor. El Plan México se presentó como la gran apuesta de política industrial del sexenio, con metas de contenido nacional, sustitución de importaciones y atracción de inversión. Pero ninguna fábrica se relocaliza con buenas intenciones: se relocaliza con electricidad firme, transmisión disponible y permisos que no tarden media década. «La planeación eléctrica vigente no crece al ritmo que exige el Plan México», aseveró el IMCO en su análisis, que traduce esa obviedad en gigawatts y le pone un costo.
Aquí la paradoja se vuelve casi involuntaria. Durante años, el discurso oficial insistió en que la soberanía energética pasaba por fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a la inversión privada, revirtiendo la apertura de la reforma energética de 2013-2014. Ahora, según el mismo IMCO, la meta de crecimiento del propio gobierno exige dar certidumbre a la inversión privada y agilizar los procesos de autorización a cargo de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía (CNE), con plazos claros para el otorgamiento de permisos. El instituto recomendó reducir la incertidumbre regulatoria para facilitar el financiamiento y la entrada en operación de los proyectos que el sistema requiere hacia 2030.
Un desfase con antecedente en los noventa
El precedente histórico es incómodo pero útil. México ya vivió un desajuste parecido entre ambición industrial y capacidad eléctrica en los años noventa, cuando la apertura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte disparó la demanda industrial del norte del país mientras la infraestructura de transmisión seguía diseñada para un modelo económico distinto. La respuesta, entonces, fue una oleada de permisos de autogeneración y cogeneración privada que el propio Estado terminó necesitando para no frenar la maquila. La historia no se repite, pero rima con regularidad sospechosa.
El subejercicio presupuestal es la otra cara del problema, y el IMCO lo aborda sin rodeos: «ejecutar oportunamente el presupuesto aprobado es tan importante como ampliar los recursos destinados a la expansión del sistema eléctrico», concluyó. Traducido: no basta con que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) asigne más dinero a la CFE si esos recursos se quedan atorados, ese fenómeno de aprobar el gasto en San Lázaro y después no ejercerlo, o ejercerlo tarde. El instituto recomienda que la CFE fortalezca la programación y ejecución del gasto, en especial en proyectos de transmisión, y publique indicadores de avance físico y financiero. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) lleva años documentando patrones de subejercicio en la Cuenta Pública; el IMCO simplemente le pone apellido eléctrico.
La brecha de 11.9 gigawatts no es un capricho estadístico: es la distancia entre la presentación y la obra civil. Construir una central de generación de bajas emisiones, tender líneas que rompan los cuellos de botella de la Red Nacional de Transmisión y conectar nueva capacidad —pública o privada— no son procesos que se resuelvan con un decreto en la mañanera. Son proyectos de varios años, con licitaciones, permisos ambientales y financiamiento de por medio, y el reloj del Plan México, si se toma en serio su propia meta de 2030, ya corre. El instituto añade que el almacenamiento de energía tendría que crecer de manera significativa para sostener esa trayectoria.
El gobierno conserva margen para responder. Puede argumentar que el PLADESE es un instrumento vivo, sujeto a revisión, y que nada impide actualizarlo al alza si la economía despega como promete el Plan México. Puede recordar, además, que la CFE ha anunciado alianzas con capital privado para proyectos renovables —una alianza con la firma Cubico contempla una inversión de 1,000 mdd—, señal de que la puerta a la inversión externa no está tan cerrada como sugiere la retórica. La pregunta pendiente es si esas señales bastan para cerrar una brecha de 10.1% en la demanda proyectada hacia 2030, o si resultan insuficientes frente a un problema estructural.
Lo que admite menos debate es el diagnóstico de fondo del instituto: la viabilidad del Plan México dependerá de que la expansión de la infraestructura eléctrica se adapte a la política industrial. «Un sistema eléctrico saturado restringe el crecimiento económico del país», sentenció el IMCO. En otras palabras, la energía no es un detalle logístico que se resuelve después, sino la precondición de cualquier discurso de manufactura de exportación.
El desenlace se medirá en los próximos periodos ordinarios del Congreso de la Unión, cuando se discutan el paquete económico y el PEF del ejercicio siguiente, y en si la Secretaría de Energía decide actualizar el PLADESE para alinearlo con las metas que el propio gobierno se ha fijado. Si la brecha eléctrica se cierra con inversión y ejecución oportuna, el Plan México tendrá una oportunidad real de cumplir lo que promete. Si se cierra únicamente con optimismo discursivo, la próxima vez que falte electricidad en un parque industrial del Bajío nadie podrá decir que no estaba anunciado, con gigawatts y todo.