El instrumento, denominado Sistema de Adaptación Basada en Ecosistemas y Resiliencia de los Ecosistemas (SAbERES), evalúa a nivel comunitario la capacidad adaptativa de productores rurales a pequeña escala mediante 32 indicadores agrupados en seis dimensiones: natural, social, humana, económica, física y político-normativa. El objetivo, de acuerdo con WRI México, es identificar con precisión en qué eslabón se rompe la resiliencia de una comunidad frente a sequías, inundaciones u otros eventos extremos, en lugar de ofrecer un diagnóstico genérico sobre el impacto del cambio climático en el campo mexicano.
En la región mixe de Oaxaca, la mayoría de los productores analizados presentó una capacidad adaptativa baja o muy baja. El reporte describe comunidades asentadas en cañadas, sin acceso a refugios ni información climática oportuna, con caminos en mal estado, suelos erosionados y escaso acceso a agua potable y asistencia técnica. La situación más delicada, según el estudio, se concentró en la dimensión humana —educación, capacitación y experiencia— y en la político-normativa, referida al uso real de instrumentos de planeación.
Dentro de esa misma región los investigadores hallaron un caso atípico: comunidades dedicadas al cultivo de agave mostraron resultados sensiblemente mejores que sus vecinas, pese a compartir clima, altitud y condiciones geográficas similares. Para los especialistas de WRI México, ese contraste dentro de una misma zona geográfica confirma que la forma en que se trabaja la tierra —y no solo las condiciones naturales del entorno— puede marcar la diferencia entre una capacidad de adaptación alta y una baja. La vulnerabilidad climática, según el reporte, no depende únicamente de la exposición geográfica, sino de decisiones productivas y organizativas que están al alcance de las propias comunidades.
El panorama cambia de forma notable en la Sierra Juárez de Oaxaca, donde comunidades dedicadas al aprovechamiento forestal y al ecoturismo mostraron una capacidad adaptativa muy alta. El informe atribuye ese resultado a más de tres décadas de experiencia en manejo forestal sostenible, una organización comunitaria consolidada, asesoría técnica constante y un conocimiento tradicional profundo sobre ordenamiento territorial, manejo de plagas y control de incendios. Se trata, de acuerdo con la organización, del ejemplo más claro dentro del piloto de cómo la gobernanza comunitaria de largo plazo puede compensar la exposición a riesgos ambientales.
En Cunduacán, Tabasco, el panorama resultó más heterogéneo: los niveles de capacidad adaptativa oscilan entre bajos y muy altos, aunque con una tendencia hacia los primeros. Las comunidades ganaderas de la zona dependen en buena medida de un solo producto, la venta de ganado en pie, y carecen de prácticas de conservación de suelo y agua, además de una diversidad limitada de cultivos y pastos para la alimentación del ganado. Esa concentración productiva las deja particularmente expuestas ante episodios de sequía prolongada.
El reporte añade un dato que ilustra la fragilidad económica de esas comunidades: solo la mitad de las personas entrevistadas en Cunduacán manifestó contar con algún tipo de ahorro para enfrentar un evento climático extremo. Esa cifra, señalan los autores, funciona como un indicador indirecto de la capacidad real de recuperación tras un choque climático, más allá de las medidas técnicas o de infraestructura disponibles en cada localidad.
La planeación institucional, el eslabón más débil
Más allá de las diferencias regionales, el hallazgo que los especialistas de WRI México subrayan como más relevante es que la dimensión político-normativa resultó la más débil en los tres contextos analizados, independientemente del nivel general de capacidad adaptativa de cada comunidad. Esa dimensión mide el uso real —no solo la existencia— de instrumentos de planeación territorial y gobernanza local por parte de los productores.
Zúñiga explicó que en México existen herramientas pensadas para reducir la vulnerabilidad climática de las comunidades rurales, como los atlas de riesgo municipales o los planes de ordenamiento territorial, instrumentos previstos en la legislación ambiental y de desarrollo urbano del país. Sin embargo, de acuerdo con las pruebas piloto, en las zonas analizadas esos instrumentos no se implementan o los productores no participan en su diseño ni los utilizan en la práctica cotidiana. El director de Paisajes Forestales recalcó que el hallazgo no es un detalle menor: que el bajo desempeño de esta dimensión se repita en sectores productivos y regiones tan distintas —agave y ganadería, sierra y cañada, Oaxaca y Tabasco— sugiere que el problema no radica en la ausencia de instrumentos en el papel, sino en fallas de gobernanza que impiden que se apliquen donde más se necesitan.
El marco legal contempla estos instrumentos desde hace décadas. La Ley General de Cambio Climático, vigente desde 2012, obliga a la Federación, los estados y los municipios a elaborar atlas de riesgo y programas de adaptación, mientras que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano encomienda a los ayuntamientos los planes de ordenamiento. El diagnóstico de WRI México apunta a la brecha entre esa arquitectura normativa y su aplicación efectiva en el terreno.
El diagnóstico se produce en un contexto en el que el sector agropecuario mexicano enfrenta presiones crecientes derivadas de fenómenos climáticos extremos, desde sequías prolongadas en el norte y centro del país hasta inundaciones en el sureste, episodios que en las últimas dos décadas han motivado sucesivos programas federales y estatales de atención a productores rurales, con resultados desiguales según la región y el tipo de cultivo o ganadería involucrados.
El programa piloto de SAbERES se plantea como un instrumento de diagnóstico que podría replicarse en otras regiones del país para identificar, comunidad por comunidad, en qué dimensión específica se concentra la vulnerabilidad y qué tipo de intervención —técnica, económica o de gobernanza— resultaría más efectiva. WRI México no precisó, de momento, un calendario para ampliar el ejercicio a nuevas zonas ni si existen conversaciones con dependencias federales o gobiernos estatales para incorporar el índice a instrumentos oficiales de planeación climática.
El caso de la Sierra Juárez, con comunidades forestales y de ecoturismo que exhiben la capacidad adaptativa más alta del estudio, ofrece según los propios investigadores una posible hoja de ruta: la combinación de organización comunitaria consolidada, asesoría técnica sostenida en el tiempo y conocimiento tradicional aplicado al ordenamiento territorial parece ser, hasta ahora, el factor que mejor explica la resiliencia frente al cambio climático entre los pequeños productores analizados por el piloto.