El pronunciamiento salió al paso de versiones que, desde el mismo lunes, atribuían el incendio a represalias criminales contra la empresa por negarse a pagar extorsión. En su comunicado, la compañía fue explícita: "al momento, no hemos identificado antecedentes de amenazas o intentos de extorsión que hayan precedido este evento", aclaró, en referencia a lo difundido en algunos medios y plataformas digitales.
La empresa reiteró además su intención de permanecer en la entidad. "PepsiCo México informa que, tras el incidente ocurrido en Matamoros, comunicamos que no se reportan personas lesionadas ni fallecidas y que la compañía colabora con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos", señaló el texto, que ratificó el "compromiso con la seguridad de sus colaboradores y de la comunidad" y su permanencia en Tamaulipas.
El origen del fuego permanece bajo investigación. La compañía sostuvo que se mantiene una indagatoria en curso para determinar la causa del incidente, sin adelantar una hipótesis alternativa. Esa cautela es consistente con una fase pericial abierta, en la que cualquier conclusión anticipada podría comprometer el resultado de los peritajes.
Cómo funciona la investigación penal en Tamaulipas
En el sistema de justicia penal acusatorio vigente en México desde la reforma constitucional de 2008 —de aplicación plena en todo el país desde junio de 2016—, corresponde al Ministerio Público estatal, a través de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, o a la Fiscalía General de la República si se advierten delitos del fuero federal, integrar una carpeta de investigación. Hasta que concluyan los peritajes no puede formularse imputación ante un juez de control, paso previo e indispensable a cualquier vinculación a proceso. Hasta ahora no se ha reportado persona imputada ni causa penal formal contra individuo alguno.
Delitos como el daño en propiedad ajena corresponden al fuero común, mientras que la extorsión vinculada a células de delincuencia organizada puede atraerse al ámbito federal. La determinación de si hubo un ilícito, y de qué tipo, quedará supeditada al dictamen pericial que establezca si el siniestro fue accidental o doloso.
La extorsión a empresas, transportistas y comercios en el noreste del país ha sido un fenómeno documentado de forma reiterada, contexto que explica la velocidad con que se propagaron las versiones en redes, aun sin que existiera —según la empresa— un antecedente concreto de amenaza contra la planta de Matamoros. La frontera de Tamaulipas ha sido escenario histórico de disputas territoriales entre grupos criminales: la ciudad vivió episodios de violencia especialmente agudos hacia 2010, cuando el enfrentamiento entre organizaciones rivales derivó en bloqueos, ataques y desplazamientos que marcaron la vida económica de la región durante años.
La compañía no ha precisado el monto de las pérdidas materiales derivadas de la destrucción de los 40 camiones repartidores, ni ha señalado si el siniestro afectará la distribución de productos Sabritas en la región fronteriza en el corto plazo. Tampoco ha trascendido si presentó una denuncia formal por los daños ante la Fiscalía estatal, requisito habitual para dar formalidad a la indagatoria en delitos patrimoniales.
De confirmarse una causa distinta a la extorsión —accidental o dolosa—, las autoridades investigadoras deberán emitir un dictamen pericial que permita orientar o cerrar la indagatoria. Si se identificara a presuntos responsables de un delito doloso, el caso avanzaría por las etapas del proceso penal acusatorio, comenzando por la eventual imputación ante un juez de control.
Por lo pronto, el expediente queda en manos de las autoridades investigadoras, mientras PepsiCo México sostiene que no hubo amenazas previas y descarta, con la información disponible, que el incendio en su planta de Matamoros haya tenido como móvil un acto de extorsión.