De acuerdo con la acusación que enfrenta ante un juez de control, Vázquez adeudaría al fisco 16 mdp por contrabando, delito que contempla penas de hasta nueve años de prisión. La mujer fue presentada ante la autoridad judicial la misma noche de su detención y, tras el procedimiento, regresó a su domicilio pasada la medianoche con el proceso ya abierto en su contra. Sostiene que nunca firmó documento alguno ligado a la firma.
"Pero empresa de dónde, si yo siempre me he dedicado al trabajo doméstico [.] dicen que soy la administradora, pero si yo no terminé ni la primaria. Eso es de una gente que tiene preparación; yo toda mi vida me he dedicado al hogar. Jamás había escuchado de la empresa esa", declaró Adela Vázquez Vázquez.
Maximus Enterprises se constituyó en agosto de 2008 en la correduría pública número 1 de Santa Chiautempan, Tlaxcala, con operaciones proyectadas en Cholula, Puebla, dedicada a la maquila textil bajo el programa de fomento IMMEX de la Secretaría de Economía. En ese arranque, Vázquez no figuraba como accionista. Fue hasta el 13 de abril de 2012 cuando el corredor público Leonardo Adolfo Daniel Molina Yano dio fe de una venta de acciones que la incorporó como socia y administradora, con base en un acta de asamblea presentada por una mujer identificada como Laura Estela Gutiérrez Tovar.
El acta notarial consigna que la compareciente manifestó, bajo protesta de decir verdad, que las firmas asentadas correspondían al puño y letra de los interesados. Vázquez sostiene que la rúbrica atribuida a ella no coincide con la de su credencial de elector. El notario no atendió la petición de entrevista y tampoco se logró contactar a Gutiérrez Tovar, de acuerdo con lo consignado en este trabajo.
Las pesquisas hacendarias se remontan a septiembre de 2013, cuando Maximus Enterprises dejó de reportar movimientos a la Secretaría de Economía. En una revisión posterior, las autoridades fiscales constataron que el domicilio registrado de la firma, una bodega en privada Pino 12524, colonia La Carmelita, en la ciudad de Puebla, permanecía vacío desde hacía meses, junto con las presuntas toneladas de textiles importados que nunca fueron localizadas.
Luis Pérez de Acha, abogado fiscalista, doctor en Derecho y exintegrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, explicó que el robo de identidad es una de las modalidades con que operan las empresas fantasma para ocultar a los verdaderos dueños del negocio ilícito.
"Es una de las modalidades clásicas con la que operan las empresas fantasma para ocultar la identidad de los verdaderos dueños del negocio ilícito, y esquivan las consecuencias legales que recaen en las personas cuya identidad fue hurtada, que con mucha frecuencia son personas, en particular mujeres, con niveles de precarización a las que defenderse es muy caro o complicado", afirmó Luis Pérez de Acha, abogado fiscalista.
Pérez de Acha añadió que este delito tiene múltiples manifestaciones, desde fraudes bancarios o inmobiliarios —como los registrados en el Infonavit— hasta la venta de facturas apócrifas o el contrabando, y reconoció que los mecanismos legales del país aún no son eficaces para eliminar las consecuencias que recaen sobre las víctimas de suplantación. Adrián Alcalá Méndez, último presidente del extinto Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), apuntó que parte del problema radica en la facilidad con la que se entrega información personal en trámites cotidianos sin medidas de seguridad adecuadas.
La suplantación de identidad para operar empresas fantasma no es nueva en el país: el SAT ha publicado durante años listas de contribuyentes que emiten comprobantes fiscales apócrifos al amparo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, un esquema en el que personas ajenas al negocio aparecen como representantes legales. Casos como el de Vázquez muestran el reverso del fenómeno, cuando la carga penal cae sobre la persona cuya identidad fue usurpada. Para este trabajo se solicitaron entrevistas con el SAT, la SHCP y la FGR, sin respuesta a la petición.
Vázquez tuvo que costear su defensa con ayuda de familiares y un préstamo que, según relató, sigue pagando poco a poco, sin que ese acompañamiento legal lograra acreditar formalmente que fue víctima de suplantación. Más de un año después de su detención, la última notificación que recibió por vía telefónica fue que el expediente se había enviado al archivo, aunque no le entregaron documento alguno que lo confirme.
"Esto del robo o suplantación de identidad es un tormento para las personas que lo hemos vivido", relató Adela Vázquez Vázquez.