De acuerdo con la reconstrucción fiscal, los integrantes de la estructura pandilleril se presentaron en el negocio de la víctima para exigir el pago periódico conocido como «renta», modalidad extorsiva que la FGR ha documentado en distintas zonas del país, particularmente en el occidente salvadoreño. La exigencia obligaba al comerciante a entregar dinero de forma semanal a cambio de no sufrir represalias.
El comerciante, pese a las amenazas, acudió a las autoridades y presentó la denuncia. Ese paso resultó determinante para que la Policía Nacional Civil (PNC) y la FGR iniciaran la investigación que permitió identificar a los responsables. Según el relato fiscal, los pandilleros fueron capturados en el momento en que recibían la tercera cuota del cobro extorsivo, lo que permitió a los investigadores reunir evidencia directa para sustentar la acusación.
El delito de extorsión está tipificado en el Código Penal salvadoreño y en la Ley Especial contra el Delito de Extorsión, cuerpos normativos que contemplan penas agravadas cuando los hechos se cometen en el marco de estructuras criminales organizadas, como las pandillas. La FGR ha sostenido que el cobro de «renta» constituyó durante años una de las principales fuentes de financiamiento de las agrupaciones MS-13 y Barrio 18 en el territorio nacional.
El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán, competente para conocer delitos graves en esa jurisdicción, fijó la pena en 15 años de prisión para cada condenado, dentro de los márgenes previstos por la legislación para este tipo de ilícitos cuando media organización criminal. La FGR informó, además, que los condenados enfrentan otros procesos penales abiertos por delitos distintos, cuyas eventuales sentencias se sumarían a la pena ya impuesta, conforme a las reglas de acumulación de penas del ordenamiento salvadoreño.
Un delito en el centro de la política de seguridad
El fallo se inscribe en la persecución penal de la extorsión, uno de los fenómenos criminales que motivó la declaratoria del régimen de excepción, aprobado por la Asamblea Legislativa en marzo de 2022 tras un repunte de homicidios y prorrogado de forma sucesiva desde entonces. Bajo esa medida, que suspende algunas garantías constitucionales, las autoridades han reportado decenas de miles de capturas de presuntos pandilleros en todo el país.
La extorsión ha marcado la agenda de los tribunales salvadoreños durante más de una década. El fenómeno de las pandillas se consolidó tras las deportaciones masivas desde Estados Unidos en los años noventa y llegó a condicionar la economía de barrios enteros y del transporte público. En 2012, un pacto informal entre el Estado y las estructuras pandilleriles —conocido posteriormente como «la tregua»— redujo temporalmente los homicidios, pero su colapso derivó en un nuevo ciclo de violencia que las administraciones siguientes enfrentaron con distintas estrategias de mano dura.
Organizaciones de derechos humanos y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han señalado en distintos momentos la necesidad de garantizar el debido proceso en las causas vinculadas al régimen de excepción. El Órgano Ejecutivo y la FGR, por su parte, han defendido la efectividad de la estrategia de persecución penal contra las estructuras extorsivas como factor de la reducción de la criminalidad reportada oficialmente.
No trascendió el número de procedimiento ni la identidad completa de los condenados, datos que suelen reservarse en procesos vinculados a estructuras pandilleriles para resguardar la seguridad de las víctimas y los testigos que colaboraron con la investigación.
La FGR no precisó si los condenados presentarán recurso de apelación ante la Cámara correspondiente. De producirse, ese recurso trasladaría la revisión del fallo a una instancia superior antes de que la sentencia adquiera firmeza. Los procesos pendientes contra los mismos acusados por otros delitos determinarán, en su momento, la pena total que deberán cumplir.
